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La Comisión Europea ha publicado el primer informe sobre la aplicación de las normas de competencia en el sector agrícola El informe pone de manifiesto que el trabajo de las autoridades europeas de competencia puede ayudar a los agricultores a obtener mejores condiciones y precios al vender sus productos a grandes compradores o cooperativas. Las normas de competencia de la UE que prohíben los acuerdos relativos a la fijación de precios u otras condiciones comerciales o al reparto de mercados se aplican a la producción y a los intercambios comerciales de productos agrícolas. Sin embargo, el Reglamento sobre la organización común de mercados («Reglamento OCM») contiene excepciones a la aplicación de esas normas, que afectan a todos o a algunos sectores agrícolas o que se refieren a situaciones específicas. El informe publicado hoy por la Comisión es el primero centrado específicamente en la aplicación de las normas de competencia de la UE al sector agrícola. (RAPID, IP/18/6182, 26.10.2018)

Para el próximo presupuesto de la UE a largo plazo (2021-2027), la Comisión propone modernizar y simplificar la política agrícola común (PAC). Con un presupuesto de 365 000  millones EUR, estas propuestas garantizan que la PAC siga siendo una política orientada al futuro, apoyando a los agricultores y a las comunidades rurales, guiando el desarrollo sostenible de la agricultura de la UE y reflejando la ambición de la UE en materia de protección medioambiental y de lucha contra el cambio climático. Las propuestas de hoy aportan a los Estados miembros mayor flexibilidad y responsabilidad para elegir cómo y dónde invertir los importes que les correspondan de la PAC con el fin de responder a los ambiciosos objetivos establecidos a nivel de la UE, en el sentido de conseguir un sector agrícola inteligente, resiliente, sostenible y competitivo, garantizando al mismo tiempo una ayuda a la renta de los agricultores que sea justa y esté mejor dirigida. (RAPID, IP/18/3985, 1.6.2018)

Tribunal de Cuentas Europeo. Informe Especial 10/2018. El régimen de pago básico para agricultores funciona desde el punto de vista operativo, pero tiene una repercusión limitada en la simplificación, la orientación y la convergencia de los niveles de ayuda (DOUE C 103/06, 19.3.2018)

Con un gasto anual de alrededor de 18 000 millones de euros, el régimen de pago básico introducido en 2015 es el mayor régimen de ayuda a la renta para agricultores de la UE. El Tribunal constató que el régimen funciona desde un punto de vista operativo, pero tiene efectos limitados en la simplificación, la orientación y la convergencia de los niveles de ayuda. El Tribunal formula una serie de recomendaciones a la Comisión sobre la corrección de los derechos de pago para los agricultores, los controles clave de los organismos pagadores, los sistemas para divulgar la información entre los Estados miembros, y el papel de los organismos nacionales de certificación.

Para el próximo período de programación posterior a 2020, el Tribunal recomienda que la Comisión analice los factores que afectan a la renta de todos los grupos de agricultores, sus necesidades de apoyo a la renta y el valor de los bienes públicos que proporcionan los agricultores. Las medidas propuestas de apoyo a la renta de los agricultores se deberían vincular desde un principio a objetivos operativos adecuados y a valores de referencia con los que se pueda comparar el rendimiento de las ayudas.

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