Noticias. CDE Universitat de València

Por primera vez, la Comisión ha presentado un informe exhaustivo sobre los programas de residencia y ciudadanía para inversores que gestionan varios Estados miembros de la UE. El informe describe las prácticas existentes e identifica determinados riesgos que tales programas entrañan para la UE, en particular en lo que respecta a la seguridad, el blanqueo de capitales, la evasión fiscal y la corrupción. El informe concluye que la falta de transparencia en la gestión de los programas y la falta de cooperación entre los Estados miembros agravan aún más estos riesgos.

En la UE, tres Estados miembros (Bulgaria, Chipre y Malta) aplican actualmente programas que conceden a inversores la nacionalidad de estos países en condiciones menos estrictas que los regímenes de naturalización ordinarios. En estos tres Estados miembros no existe ninguna obligación de residencia física para el individuo ni el requisito de tener otros vínculos reales con el país antes de obtener la nacionalidad. Estos regímenes son de interés común para la UE, ya que toda persona que adquiera la nacionalidad de un Estado miembro adquiere simultáneamente la ciudadanía de la Unión. La decisión de un Estado miembro de conceder la ciudadanía a cambio de inversiones otorga automáticamente derechos en relación con otros Estados miembros, en particular la libre circulación y el acceso al mercado interior de la UE para el ejercicio de actividades económicas, así como el derecho de voto y elegibilidad en las elecciones europeas y locales. En la práctica, estos programas se anuncian a menudo como un medio para adquirir la ciudadanía de la Unión, con todos los derechos y privilegios asociados a ella. (RAPID, IP/19/526, 23.1.2019)

Esta web utiliza cookies con una finalidad estadistica y para mejorar su navegación