Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Asunto C-74/16 (Congregación de Escuelas Pías Provincia Betania/Ayuntamiento de Getafe) de 27 de junio de 2017
Procedimiento prejudicial — Ayudas estatales — Artículo 107 TFUE, apartado 1 — Concepto de “ayuda estatal” — Conceptos de “empresa” y de “actividad económica” — Otros requisitos de aplicación del artículo 107 TFUE, apartado 1 — Artículo 108 TFUE, apartados 1 y 3 — Conceptos de “ayudas existentes” y de “nuevas ayudas” — Acuerdo de 3 de enero de 1979 entre el Reino de España y la Santa Sede — Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras — Exención en favor de los inmuebles de la Iglesia Católica
En el asunto C‑74/16, que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada, con arreglo al artículo 267 TFUE, por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n.º 4 de Madrid, mediante auto de 26 de enero de 2016, recibido en el Tribunal de Justicia el 10 de febrero de 2016, en el procedimiento entre Congregación de Escuelas Pías Provincia Betania y Ayuntamiento de Getafe (Curia.europa.eu, 27.6.2017) 

La Comisión Europea ha decidido llevar a Croacia, Chipre, Portugal y España ante el Tribunal de Justicia de la UE por no incorporar la Directiva sobre créditos hipotecarios en su ordenamiento jurídico nacional. Los Estados miembros debían incorporar la Directiva sobre créditos hipotecarios el 21 de marzo de 2016 a más tardar. Croacia, Chipre, Portugal y España aún no han cumplido esta obligación.

La Directiva sobre créditos hipotecarios (Directiva 2014/17/UE) aspira a crear un mercado de crédito hipotecario en la UE con un nivel elevado de protección de los consumidores. Entre sus principales disposiciones cabe destacar las normas de conducta para los proveedores, incluida la obligación de evaluar la solvencia de los consumidores y divulgar información, requisitos en materia de conocimientos y competencia del personal, disposiciones relativas a determinados aspectos del crédito hipotecario, como el reembolso anticipado, los préstamos suscritos en moneda extranjera, las prácticas de venta vinculada, la educación financiera, la tasación de la propiedad, las demoras y la ejecución hipotecaria, así como un pasaporte de la UE para los intermediarios de crédito que cumplen los requisitos de admisión en su Estado miembro de origen.

La no aplicación de la Directiva por los Estados miembros significa que los consumidores de esos Estados no pueden disfrutar de la protección que la misma garantiza cuando suscriben sus préstamos hipotecarios o cuando experimentan dificultades para reembolsarlos. Por otra parte, los intermediarios de crédito no pueden disfrutar de un pasaporte para sus actividades comerciales, lo que priva a los consumidores de Croacia, Chipre, Portugal y España de ofertas de crédito potencialmente más ventajosas procedentes de prestamistas de otros Estados miembros. Ello dificulta la competencia, limita las posibilidades de elección y lleva a unos precios más altos. (RAPID, IP/17/1049, 27.4.2017)

Decisión (UE) 2017/365 de la Comisión, de 4 de julio de 2016, relativa a la ayuda estatal SA.36387 (2013/C) (ex 2013/NN) (ex 2013/CP) concedida por España al Valencia Club de Fútbol Sociedad Anónima Deportiva, al Hércules Club de Fútbol Sociedad Anónima Deportiva y al Elche Club de Fútbol Sociedad Anónima Deportiva [notificada con el número C(2016) 4060] (DOUE L 55/12, 2.3.2017)

La Comisión Europea envía una última advertencia a Alemania, Francia, España, Italia y Reino Unido por no haber resuelto el problema de incumplimiento constante de los límites de contaminación atmosférica correspondientes al dióxido de nitrógeno (NO 2). La contaminación por NO2 supone un riesgo sanitario grave. La mayor parte de las emisiones proceden del tráfico rodado. La Comisión Europea insta a cinco Estados miembros a que adopten medidas para garantizar una buena calidad del aire y proteger la salud pública.

Cada año, más de 400 000 ciudadanos mueren prematuramente en la UE como consecuencia de una mala calidad del aire. Millones de personas padecen enfermedades respiratorias y cardiovasculares provocadas por la contaminación del aire. En 2013, debido a unos niveles persistentemente altos de dióxido de nitrógeno (NO2), se produjeron aproximadamente 70 000 muertes prematuras en Europa, un número casi tres veces superior al de muertes por accidentes de tráfico en ese mismo año.

La legislación de la UE sobre la calidad del aire ambiente (Directiva 2008/50/CE) establece valores límite para los contaminantes atmosféricos, en particular el dióxido de nitrógeno.Si se superan esos valores límite, los Estados miembros están obligados a adoptar y ejecutar planes de calidad del aire que establezcan medidas adecuadas para poner fin a esa situación lo antes posible. (RAPID, IP/17/238, 15.2.2017)

La Comisión Europea está adoptando nuevas medidas contra Grecia, España, Italia y Eslovaquia para garantizar la correcta aplicación de la Directiva sobre morosidad (Directiva 2011/7/UE) y evitar que las empresas, especialmente las pequeñas y medianas (pymes), sufran pérdidas en estos países.

La comisaria Elżbieta Bieńkowska, responsable de Mercado Interior, Industria, Emprendimiento y Pymes, ha declarado: «La morosidad supone una carga importante para las empresas europeas, y especialmente par las pequeñas. Poder contar con el pago puntual de sus contratantes permite a las empresas realizar su trabajo y cumplir sus compromisos con sus clientes y empleados. Cuando pedimos a los Estados miembros que cumplan las reglas sobre morosidad, protegemos a las empresas y contribuimos a la competitividad de la UE».

La morosidad tiene efectos perniciosos para las empresas, puesto que afecta a su liquidez y flujo de caja, lo que complica su gestión financiera y merma su crecimiento. La Directiva sobre morosidad refuerza los derechos de los acreedores mediante el establecimiento de plazos de pago para las empresas y los poderes públicos que adquieren bienes o servicios. En caso de incumplimiento de esos plazos, otorga a las empresas el derecho a una compensación equitativa. Las administraciones públicas deben desempeñar un papel preponderante para desalentar la cultura de la morosidad, dando ejemplo y pagando a sus proveedores con puntualidad y transparencia. (RAPID, IP/17/239, 15.2.2017)

Jueves, 09 Febrero 2017 10:21

Nuevo blog de Eures España

CoverSeguro que alguna vez te has planteado buscar empleo fuera de España pero el tema económico te frena. Y es que asistir a un proceso de selección fuera de tu país o trasladarte a vivir a otro lugar siempre conlleva un desembolso económico que no todo el mundo puede afrontar. EURES España lleva varios años gestionando diversas ayudas de movilidad para que este aspecto no sea impedimento en tu proyecto de movilidad.

Hasta 2020 EURES España gestiona las ayudas Tu Trabajo EURES FSE a las que pueden acceder todas aquellas personas que cumplan con los requisitos de tener nacionalidad española y residir en España o en otro país del Espacio Económico Europeo (EEE), o bien ser nacional de un país del EEE con residencia legal en España; estar inscrito como demandante de empleo en el Servicio Público de Empleo del país donde resides y contar con una invitación bien para entrevista, bien para incorporación a un puesto de trabajo en un país diferente al de tu residencia (es decir, que implique movilidad). Además las contrataciones deberán tener una duración mínima de 6 meses. [+]

Se considera que España, actualmente sujeta al componente corrector, cumple en términos generales el Pacto de Estabilidad y Crecimiento en 2017 y que Lituania, sujeta al componente preventivo, corre riesgo de incumplirlo, a la espera de la evaluación de la flexibilidad solicitada.

La Comisión Europea ha adoptado hoy dictámenes sobre los proyectos de planes presupuestarios actualizados de España y Lituania para 2017, que se presentaron el pasado mes de diciembre tras la formación de nuevos gobiernos en ambos países. Esta evaluación se basa en una actualización de las previsiones de otoño de 2016 de la Comisión, realizada exclusivamente para estos dos Estados miembros. Se prevé que España incumpla ligeramente el objetivo de déficit global del 3,1 % para 2017 fijado por el Consejo el pasado mes de agosto. No obstante, se estima que el país habrá realizado el esfuerzo presupuestario estructural exigido tanto en 2017 como, en términos acumulados, a lo largo de 2016 y 2017. La Comisión considera que el proyecto de plan presupuestario de España se ajusta en líneas generales a las disposiciones del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, e invita a las autoridades españolas a estar preparadas para adoptar nuevas medidas si la evolución presupuestaria indicara un aumento del riesgo de que no se cumplieran los requisitos del Consejo. (RAPID IP/17/68, 17.1.2017)

La Comisión Europea ha llevado a España ante el Tribunal de Justicia de la UE por no recuperar ayudas estatales incompatibles dedicadas a subvencionar la digitalización de su red de televisión y no suspender todos los pagos en curso para su explotación y mantenimiento.

En octubre de 2014 y junio de 2013, la Comisión adoptó dos decisiones en las que concluía que las ayudas estatales concedidas por España para subvencionar la transición de la televisión analógica a la televisión digital terrestre (TDT) en lugares remotos de Castilla-La Mancha y del resto de España, respectivamente, eran incompatibles con las normas de la Unión sobre ayudas estatales.

De conformidad con el principio de neutralidad tecnológica, la financiación pública deberá concederse a todas las plataformas de transmisión (terrestre, por satélite, por cable o a través de Internet) sin discriminación alguna. Las medidas tomadas por las autoridades españolas únicamente beneficiaban a la tecnología digital terrestre, infringiendo este principio. También implicaban una discriminación entre distintos operadores terrestres. Como consecuencia de ello, algunos operadores terrestres recibieron una ventaja selectiva sobre sus competidores. Las restricciones pueden haber privado a los consumidores de algunos posibles beneficios, por ejemplo unas mayores posibilidades de elección y unos precios más bajos. Las decisiones de la Comisión, por lo tanto, señalaban que las subvenciones debían ser devueltas a las autoridades españolas correspondientes.

Más de tres años y medio después de la primera decisión y más de dos años después de la segunda, las autoridades españolas solamente han recuperado una pequeña parte de las ayudas (aproximadamente el 2 % de la cantidad estimada en la primera decisión y nada con respecto a la segunda). Además, España sigue pagando por el funcionamiento y mantenimiento de partes de la red de TDT, en incumplimiento de las decisiones.

Como consecuencia del retraso en la aplicación de las decisiones, el falseamiento de la competencia en el mercado correspondiente no se ha detenido. La Comisión está especialmente preocupada por la continuación del pago de subvenciones ilegales en detrimento de otros operadores. Por tanto, la Comisión ha decidido llevar a España ante el Tribunal de Justicia, en aplicación del artículo 108, apartado 2, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE). (RAPID, IP/17/37, 10.1.2017)

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