La Comisión Europea acoge con satisfacción el acuerdo provisional alcanzado hoy entre el Parlamento Europeo y el Consejo sobre la protección del medio ambiente mediante el Derecho penal. Tal como propuso la Comisión en diciembre de 2021, la nueva Directiva mejorará la eficacia de la aplicación del Derecho penal y contribuirá a alcanzar los objetivos del Pacto Verde Europeo luchando contra los delitos medioambientales más graves que pueden tener efectos devastadores tanto en el medio ambiente como en la salud humana.

Una vez que la nueva Directiva haya entrado en vigor, los Estados miembros tendrán que incluir en sus leyes penales una mayor precisión en la definición de las categorías de delitos medioambientales, así como sanciones disuasorias efectivas para los infractores. El nuevo marco jurídico contribuirá a garantizar que los delitos medioambientales graves no queden impunes. Esto disuadirá la contaminación y la degradación del medio ambiente y contribuirá a preservar nuestra naturaleza para las generaciones futuras. | RAPID, IP/23/5817, 16.11.2023

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre El derecho a un medio ambiente saludable en la Unión Europea, especialmente en el contexto de la guerra de Ucrania (Dictamen de iniciativa) (DOUE C 228/02, 29.6.2023)

Revisión de la aplicación de la normativa medioambiental 2019: Una Europa que protege a sus ciudadanos y mejora su calidad de vida (COM(2019) 149 final, 4.4.2019)

Comunicación de la Comisión relativa al acceso a la justicia en materia medioambiental (DOUE C 275/01, 18.8.2017)

Acciones para racionalizar la notificación en materia de medio ambiente (COM(2017) 312 final, 9.6.2017)

La Comisión Europea ha adoptado hoy un documento de orientación sobre el acceso a la justicia en materia de medio ambiente que aclara cómo los particulares y las asociaciones pueden impugnar ante los órganos jurisdiccionales nacionales decisiones, actos y omisiones de las autoridades públicas vinculados a la legislación medioambiental de la UE.

La Comisión Juncker ha dado un paso adelante con la publicación de estas orientaciones, pues ofrece a los ciudadanos las directrices necesarias para que puedan acceder mejor a los sistemas judiciales nacionales. Las orientaciones tienen como finalidad ayudar a los particulares y las organizaciones no gubernamentales a decidir si recurren a los órganos jurisdiccionales nacionales. Por su parte, los órganos jurisdiccionales nacionales pueden valerse de las orientaciones para ayudar a determinar todas las causas del Tribunal de Justicia de la UE que deben tener en cuenta cuando se enfrenten a cuestiones relacionadas con el acceso a la justicia en asuntos medioambientales. Gracias a estas orientaciones, las administraciones nacionales pueden percatarse de las posibles deficiencias de sus sistemas judiciales y las empresas pueden percibir con mayor claridad qué derechos y obligaciones de la UE están en juego en las decisiones, actos y omisiones que les afecten. (RAPID, IP/17/1114, 28.4.2017)