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El Parlamento Europeo y los Estados miembros han alcanzado hoy un acuerdo provisional relativo a la adopción de nuevas normas que garantizarán un elevado nivel de protección de los denunciantes que comuniquen infracciones de la legislación de la UE. Estas nuevas normas, que establecen estándares de protección para los denunciantes a escala de la UE, fueron propuestas por primera vez por la Comisión Europea en abril de 2018.

Las nuevas normas abarcan una amplia gama de ámbitos del Derecho de la UE que incluye la lucha contra el blanqueo de capitales y la fiscalidad de las empresas, la protección de datos, la protección de los intereses financieros de la Unión, la seguridad de los alimentos y de los productos, la protección del medio ambiente y la seguridad nuclear. Además, los Estados miembros tienen libertad para ampliar estas normas a otros ámbitos. La Comisión alienta a los Estados miembros a que establezcan amplias estructuras basadas en los mismos principios en materia de protección de los denunciantes de infracciones. (RAPID, IP/19/1604, 12.3.2019)

La Comisión Europea ha decidido hoy llevar a España ante el Tribunal de Justicia de la UE por no haber notificado las medidas para la plena transposición de las normas sobre los denunciantes de infracciones de la UE. En 2015, la Comisión aprobó una Directiva de Ejecución sobre la comunicación a las autoridades competentes de posibles infracciones o infracciones reales del Reglamento sobre abuso de mercado [Directiva de Ejecución (UE) 2015/2392 de la Comisión, denominada Directiva sobre denuncia de infracciones]. Esta Directiva se inscribe en el código normativo sobre abuso de mercado y exige a los Estados miembros que establezcan mecanismos eficaces de comunicación de las infracciones de dicho Reglamento. Contiene disposiciones para proteger a las personas que notifican este tipo de infracciones y detalla los procedimientos de protección de los denunciantes y de los denunciados, el sistema de seguimiento de las denuncias y el de protección de los datos personales.

Los Estados miembros tenían que transponerla a más tardar el 3 de julio de 2016. Una vez agotado ese plazo inicial, se solicitó a los países que no lo habían hecho, entre ellos España, que adoptasen medidas para garantizar el pleno cumplimiento de las nuevas normas sobre los denunciantes de infracciones en septiembre de 2016. Desde entonces, la Comisión no ha recibido información respecto de la incorporación completa de las citadas normas al ordenamiento jurídico nacional. Por ese motivo, lleva ahora a España ante el Tribunal de Justicia de la UE. (RAPID, IP/17/1950, 13.7.2017)

La Comisión Europea ha puesto en marcha hoy un nuevo instrumento para facilitar que las personas, preservando su anonimato, puedan alertarla con respecto a carteles secretos y otras infracciones de la legislación sobre acuerdos y prácticas restrictivas de la competencia.

De este modo, los particulares pueden contribuir de forma anónima a la lucha contra los carteles y otras prácticas contrarias a la competencia. Entre estas prácticas cabe incluir los acuerdos sobre precios o en el marco de licitaciones, la retención de productos o la exclusión de rivales, y pueden provocar enormes daños a la economía europea al impedir el acceso a una gama más amplia de productos y servicios a precios razonables, frenar la innovación y forzar a las empresas a cesar sus actividades.

Hasta ahora, la mayoría de los cárteles han sido detectados a través del programa de clemencia de la Comisión, que permite a la empresa informar sobre su propia participación en un cártel a cambio de una reducción del importe de la multa que se le impone. El nuevo instrumento de la Comisión también ofrece a las personas que tengan conocimiento de la existencia o del funcionamiento de un cártel u otros tipos de infracciones de la legislación sobre acuerdos y prácticas restrictivas de la competencia la oportunidad de contribuir a poner fin a este tipo de prácticas. El nuevo sistema aumenta la probabilidad de detección y enjuiciamiento y, de este modo, disuade a las empresas de participar o permanecer en los cárteles o de embarcarse en otros tipos de comportamientos contrarios a la competencia. Por tanto, complementa y refuerza la eficacia del programa de clemencia de la Comisión.

El nuevo instrumento protege el anonimato de los denunciantes a través de un sistema de mensajes cifrados específicamente concebido para permitir una comunicación bidireccional. El servicio está gestionado por un proveedor de servicios externo especializado que actúa como intermediario y que solo transmite el contenido de los mensajes recibidos, previa eliminación de los metadatos que podrían servir para identificar al informante.

La persona que desee revelar su identidad puede ponerse directamente en contacto con el servicio de la Comisión responsable de Competencia a través de una dirección de correo electrónico y un número de teléfono específicos. Este enlace permite acceder a dicho servicio. 

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