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La Comisión Europea denuncia a Polonia ante el Tribunal de Justicia de la UE

Jueves, 10 Octubre 2019 09:46

La Comisión Europea denuncia  a Polonia ante el Tribunal de Justicia de la UE en relación con el nuevo régimen disciplinario de los jueces polacos, solicitando un procedimiento acelerado. El 3 de abril de 2019, la Comisión incoó este procedimiento de infracción alegando que el nuevo régimen disciplinario menoscaba la independencia judicial de los jueces polacos y que no ofrecía garantías suficientes para protegerlos del control político, tal y como exige el Tribunal de Justicia de la UE.

En concreto, la legislación polaca permite que los jueces ordinarios sean objeto de investigaciones, procedimientos y sanciones disciplinarias sobre la base del contenido de sus resoluciones judiciales, incluso en el ejercicio de su derecho a solicitar, en virtud del artículo 267 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea se pronuncie con carácter prejudicial. Además, el nuevo régimen disciplinario no garantiza la independencia ni la imparcialidad de la Sala Disciplinaria del Tribunal Supremo, que está formada únicamente por jueces seleccionados por la Sala del Gobierno, que es elegida políticamente por el Parlamento polaco (Sejm). Asimismo, el nuevo régimen disciplinario no asegura que un tribunal «establecido por ley» decida en primera instancia en los procedimientos disciplinarios contra los jueces de los tribunales ordinarios. En su lugar, faculta al presidente de la Sala Disciplinaria para determinar, ad hoc y casi de forma totalmente discrecional, si el tribunal disciplinario de primera instancia conocerá de un asunto incoado contra un juez de un tribunal ordinario. El nuevo régimen ya no garantiza que los asuntos se tramiten en un plazo razonable, de manera que el ministro de Justicia puede mantener los cargos contra los jueces de los tribunales ordinarios a través de los funcionarios disciplinarios designados por el ministro. El nuevo régimen también afecta al derecho de defensa de los jueces de los tribunales ordinarios. En resumen, los jueces no están al abrigo del control político y, por lo tanto, se vulnera la independencia del poder judicial. (RAPID, IP/19/6033, 10.10.2019)

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