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Propuesta sobre los ensayos de emisiones de los vehículos en condiciones reales de conducción

Viernes, 14 Junio 2019 09:31

En respuesta a una sentencia del Tribunal General, la Comisión propone hoy insertar de nuevo determinados aspectos de los ensayos de emisiones en condiciones reales de conducción (RDE) en la legislación que deben adoptar el Parlamento Europeo y el Consejo.

La Comisión Europea ha sido muy activa en la promoción de la calidad del aire, la lucha contra el cambio climático y el apoyo a la transición hacia una movilidad limpia. Sus acciones incluyen ensayos de emisiones nuevos y más fiables en condiciones reales de conducción, así como una prueba de laboratorio mejorada. Estos esfuerzos ya están dando resultados. Los nuevos tipos de vehículos diésel sometidos a ensayo tanto en el laboratorio como en carretera en condiciones reales y comercializados desde septiembre de 2017 emiten considerablemente menos emisiones que los tipos más antiguos de vehículos diésel.

En diciembre de 2018, el Tribunal General anuló algunas de las disposiciones de la legislación de la UE en materia de ensayos de emisiones en condiciones reales de conducción. El Tribunal consideró que los denominados «factores de conformidad» no deberían haberse adoptado mediante el procedimiento de comitología, sino mediante el procedimiento legislativo ordinario. La anulación es parcial y no afecta al procedimiento real de ensayo de RDE, que sigue en vigor y que aún debe llevarse a cabo en el momento de la homologación de tipo.

El Tribunal retrasó los efectos de la anulación parcial hasta febrero de 2020 para que la Comisión tuviera tiempo de ejecutar la sentencia. Para evitar la inseguridad jurídica en las homologaciones de tipo concedidas desde septiembre de 2017, cuando el procedimiento de ensayo de RDE pasó a ser obligatorio, la Comisión propone hoy insertar de nuevo los mismos factores de conformidad en el texto legal. La Comisión presenta la propuesta legislativa mediante el procedimiento legislativo ordinario, tal como solicitó el Tribunal General. De este modo, la Comisión actúa con el fin de garantizar la seguridad jurídica necesaria para las autoridades nacionales, la industria y los consumidores. (RAPID, IP/19/2837, 14.6.2019)

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