Actualidad. CDE Universitat de València

La Comisión Europea ha propuesto, en dos decisiones separadas, que Italia y España ajusten la tributación de sus puertos a las normas sobre ayudas estatales. La Comisión mantiene su compromiso con la garantía de unas condiciones de competencia equitativas en toda la UE para este sector económico clave.

La comisaria Margrethe Vestager, encargada de la política de competencia, ha declarado: «Los puertos son infraestructuras clave para el crecimiento económico y el desarrollo regional. Por ello, las normas de la UE sobre ayudas estatales permiten un amplio margen para que los Estados miembros apoyen a los puertos e inviertan en ellos. Al mismo tiempo, con el fin de garantizar una competencia leal en toda la UE, los puertos que generan beneficios a partir de sus actividades económicas deben tributar de la misma forma que otros operadores económicos, ni más ni menos.» La competencia transfronteriza desempeña un importante papel en el sector portuario y la Comisión está comprometida con la garantía de unas condiciones de competencia equitativas en este sector económico clave. (RAPID, IP/19/241, 8.1.2019)

La Comisión ha decidido llevar a España ante el Tribunal de Justicia de la UE por incumplimiento de una sentencia anterior del Tribunal relativa a la libertad de establecimiento en los puertos españoles (Sentencia de 11 de diciembre de 2014, Asunto C-576/13). En esta sentencia, el Tribunal declaró que la obligación de que las empresas estibadoras que operan en puertos españoles se inscriban en una sociedad central, se integren como partícipes en el capital de la misma y contraten prioritariamente personal puesto a disposición por dicha sociedad, va en contra del artículo 49 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFEU).

Hasta la fecha, España no ha abordado convenientemente los problemas identificados en la sentencia del Tribunal de Justicia; por consiguiente, la Comisión Europea ha decidido llevar a España ante el Tribunal de Justicia de la UE por incumplimiento de la sentencia de 11 de diciembre de 2014. La Comisión invita a España a efectuar lo antes posible las reformas necesarias para cumplir esta sentencia; de lo contrario, el Tribunal de Justicia podría decidir imponer sanciones financieras a España. (RAPID, IP/16/1555, 28.4.2016)

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