Multimedia. CDE Universitat de València

España estancada. Por qué somos poco eficientes
Carlos Sebastián
Galaxia Gutemberg, 2016
ISBN: 978-84-16495-52-8
España está estancada desde principios de la década de los noventa. Es cierto que hay unas pocas empresas españolas punteras y también algunos emprendedores exitosos, pero el conjunto de la economía diverge de la de los países europeos más avanzados. El estancamiento se debe a que desde finales de los ochenta el marco institucional no ha mejorado. Lo ha hecho en algunos aspectos, pero al tiempo ha sufrido un notable deterioro en otros. Nos encontramos continuamente con disfunciones que entorpecen la eficiencia y el emprendimiento. Normas confusas y cambiantes, incumplimientos de leyes por parte de la Administración, ineficacia de la justicia, violación de leyes por ciudadanos y empresas... Un cóctel de atentados a la seguridad jurídica que puede resultar paralizante. La escasa calidad de muchas regulaciones, que con frecuencia favorecen a unos pocos, los sesgos que tienen las administraciones públicas en sus decisiones y las pesadas cargas que éstas imponen a pequeños empresarios y autónomos redundan en lo mismo. Y también lo hacen algunas actitudes que se han enquistado en la ciudadanía. Hay fallos en la educación, pero la baja eficiencia española se debe sobre todo a las restricciones que impone el marco institucional, consecuencia de cómo se ejerce el poder: ocupación por parte de los partidos políticos mayoritarios de las instituciones, tinte marcadamente clientelar de la acción política y devaluación de las leyes. La intensidad de este Estado clientelar condiciona muchas decisiones de las administraciones públicas, incluidas buena parte de las violaciones de leyes que éstas cometen. Un Estado clientelar genera una sociedad alejada de la meritocracia, lo que contribuye a que se desarrollen valores adversos a la eficiencia. Reformar esto es posible, aunque el camino esté lleno de dificultades. [+]
16.13-3 SEB esp

Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.  Asunto C-207/16 (Ministerio Fiscal) de 2 de octubre de 2018
Procedimiento prejudicial — Comunicaciones electrónicas — Tratamiento de datos personales — Directiva 2002/58/CE — Artículos 1 y 3 — Ámbito de aplicación — Confidencialidad de las comunicaciones electrónicas — Protección — Artículos 5 y 15, apartado 1 — Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea — Artículos 7 y 8 — Datos tratados en el marco de la prestación de servicios de comunicaciones electrónicas — Acceso de las autoridades nacionales a los datos para la investigación de un delito — Umbral de gravedad del delito que puede justificar el acceso a los datos 
En el asunto C‑207/16, que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada, con arreglo al artículo 267 TFUE, por la Audiencia Provincial de Tarragona, mediante auto de 6 de abril de 2016, recibido en el Tribunal de Justicia el 14 de abril de 2016, en el procedimiento incoado por Ministerio Fiscal (Curia.europa.eu, 2.10.2018)

Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.  Asunto C-41/17 (Isabel González Castro/Mutua Umivale, Prosegur España, S.L., e Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS)) de 19 de septiembre de 2018
Procedimiento prejudicial — Directiva 92/85/CEE — Artículos 4, 5 y 7 — Protección de la seguridad y de la salud de los trabajadores — Trabajadora en período de lactancia — Trabajo nocturno — Trabajo a turnos realizado parcialmente en horario nocturno — Evaluación de los riesgos que presenta el puesto de trabajo — Medidas de prevención — Impugnación por parte de la trabajadora afectada — Directiva 2006/54/CE — Artículo 19 — Igualdad de trato — Discriminación por razón de sexo — Carga de la prueba
En el asunto C‑41/17, que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada, con arreglo al artículo 267 TFUE, por el Tribunal Superior de Justicia de Galicia, mediante auto de 30 de diciembre de 2016, recibido en el Tribunal de Justicia el 25 de enero de 2017, en el procedimiento entre Isabel González Castro y Mutua Umivale, Prosegur España, S.L., Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) (Curia.europa.eu, 19.9.2018)

En presencia de la Comisión Europea, el primer ministro de Portugal, António Costa, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, y el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, se reunirán en Lisboa hoy para reforzar su cooperación regional en el contexto de la Unión de la Energía. (RAPID, IP/18/4621, 27.7.2018)

Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.  Asunto C-128/16 P (Comisión/España y otros) de 25 de julio de 2018
Recurso de casación — Ayudas de Estado — Artículo 107 TFUE, apartado 1 — Régimen fiscal aplicable a determinados acuerdos de arrendamiento financiero para la adquisición de buques (sistema español de arrendamiento fiscal) — Identificación de los beneficiarios de la ayuda — Requisito de selectividad — Distorsión de la competencia y afectación de los intercambios comerciales entre Estados miembros — Obligación de motivación
En el asunto C‑128/16 P, que tiene por objeto un recurso de casación interpuesto, con arreglo al artículo 56 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el 29 de febrero de 2016, Comisión Europea, representada por los Sres. V. Di Bucci y E. Gippini Fournier y la Sra. P. Němečková, en calidad de agentes, parte recurrente, y en el que las otras partes en el procedimiento son: Reino de España, representado por el Sr. M.A. Sampol Pucurull, en calidad de agente, Lico Leasing, S.A., con domicilio social en Madrid, Pequeños y Medianos Astilleros Sociedad de Reconversión, S.A., con domicilio social en Madrid, representadas por el Sr. M. Merola, avvocato, y el Sr. M. Sánchez, abogado, partes demandantes en primera instancia, Bankia, S.A., con domicilio social en Valencia, Asociación Española de Banca, con domicilio social en Madrid, Unicaja Banco, S.A., con domicilio social en Málaga, Liberbank, S.A., con domicilio social en Madrid, Banco de Sabadell, S.A., con domicilio social en Sabadell (Barcelona), Banco Gallego, S.A., con domicilio social en Santiago de Compostela (A Coruña), Catalunya Banc, S.A., con domicilio social en Barcelona, Caixabank, S.A., con domicilio social en Barcelona, Banco Santander, S.A., con domicilio social en Santander (Cantabria), Santander Investment, S.A., con domicilio social en Boadilla del Monte (Madrid), Naviera Séneca, A.I.E., con domicilio social en Las Palmas de Gran Canaria (Las Palmas), Industria de Diseño Textil, S.A., con domicilio social en Arteixo (A Coruña), Naviera Nebulosa de Omega, A.I.E., con domicilio social en Las Palmas de Gran Canaria (Las Palmas), Banco Mare Nostrum, S.A., con domicilio social en Madrid, Abanca Corporación Bancaria, S.A., con domicilio social en Betanzos (A Coruña), Ibercaja Banco, S.A., con domicilio social en Zaragoza, Banco Grupo Cajatres, S.A.U., con domicilio social en Zaragoza, Naviera Bósforo, A.I.E., con domicilio social en Las Palmas de Gran Canaria (Las Palmas), Joyería Tous, S.A., con domicilio social en Lleida, Corporación Alimentaria Guissona, S.A., con domicilio social en Guissona (Lleida), Naviera Muriola, A.I.E., con domicilio social en Madrid, Poal Investments XXI, S.L., con domicilio social en San Sebastián de los Reyes (Madrid), Poal Investments XXII, S.L., con domicilio social en San Sebastián de los Reyes (Madrid), Naviera Cabo Vilaboa C‑1658, A.I.E., con domicilio social en Madrid, Naviera Cabo Domaio C‑1659, A.I.E., con domicilio social en Madrid, Caamaño Sistemas Metálicos, S.L., con domicilio social en Culleredo (A Coruña), Blumaq, S.A., con domicilio social en La Vall d’Uixó (Castellón), Grupo Ibérica de Congelados, S.A., con domicilio social en Vigo (Pontevedra), RNB, S.L., con domicilio social en La Pobla de Vallbona (Valencia), Inversiones Antaviana, S.L., con domicilio social en Paterna (Valencia), Banco de Caja España de Inversiones, Salamanca y Soria, S.A.U., con domicilio social en Madrid, Banco de Albacete, S.A., con domicilio social en Boadilla del Monte (Madrid), Bodegas Muga, S.L., con domicilio social en Haro (La Rioja), representadas por los Sres. J.L. Buendía Sierra, E. Abad Valdenebro, R. Calvo Salinero y A. Lamadrid de Pablo, abogados, Aluminios Cortizo S.A.U., con domicilio social en Padrón (A Coruña), representada por el Sr. A. Beiras Cal, abogado, partes coadyuvantes en casación (Curia.europa.eu, 25.7.2018)

Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.  Asunto C-96/17 (Gardenia Vernaza Ayovi/Consorci Sanitari de Terrassa) de 25 de julio de 2018
improcedente — Concepto de “condiciones de trabajo” — Trabajador indefinido no fijo — Diferencia de trato entre el trabajador fijo y el trabajador temporal o indefinido no fijo — Readmisión del trabajador o concesión de una indemnización
En el asunto C‑96/17, que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada, con arreglo al artículo 267 TFUE, por el Juzgado de lo Social n.º 2 de Terrassa (Barcelona), mediante auto de 26 de enero de 2017, recibido en el Tribunal de Justicia el 22 de febrero de 2017, en el procedimiento entre Gardenia Vernaza Ayovi y Consorci Sanitari de Terrassa (Curia.europa.eu, 25.7.2018)

Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.  Asunto C-205/17 (Comisión/España) de 25 de julio de 2018
Incumplimiento de Estado — Recogida y tratamiento de las aguas residuales urbanas — Directiva 91/271/CEE — Artículos 3 y 4 — Sentencia del Tribunal de Justicia por la que se declara un incumplimiento — Inejecución — Artículo 260 TFUE, apartado 2 — Sanciones pecuniarias — Multa coercitiva y suma a tanto alzado
En el asunto C‑205/17, que tiene por objeto un recurso por incumplimiento interpuesto, con arreglo al artículo 260 TFUE, apartado 2, el 20 de abril de 2017, Comisión Europea, representada por el Sr. E. Manhaeve y la Sra. E. Sanfrutos Cano, en calidad de agentes, parte demandante, contra Reino de España, representado por la Sra. A. Gavela Llopis, en calidad de agente, parte demandada  (Curia.europa.eu, 25.7.2018)

La Comisión Europea ha decidido hoy llevar a Eslovenia y España ante el Tribunal de Justicia de la UE por no aplicar plenamente la normativa europea sobre los mercados de instrumentos financieros (MiFID II), así como la Directiva que la complementa [Directiva Delegada (UE) 2017/593] (RAPID, IP/18/4530, 19.7.2018)

La Comisión Europea ha llegado a la conclusión de que Correos, el operador público español de servicios postales, recibió una compensación excesiva por la prestación del servicio postal universal obligatorio entre 2004 y 2010, y también de que se benefició de exenciones fiscales incompatibles. España tiene que recuperar ahora 167 millones de euros de Correos. España encomendó a Correos la prestación del servicio postal universal obligatorio, consistente en la prestación de servicios postales básicos en todo el país a precios asequibles y con sujeción a determinados requisitos mínimos, por ejemplo, en cuanto al número de entregas semanales. El 11 de febrero de 2016, la Comisión Europea abrió una investigación en profundidad para examinar si varias ayudas estatales concedidas a Correos como compensación por el desempeño de sus obligaciones de servicio público se ajustaban a las normas sobre ayudas estatales de la UE. (RAPID, IP/18/4444, 10.7.2018)

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