La Comisión se alegra del acuerdo político provisional alcanzado ayer entre el Parlamento Europeo y los Estados miembros de la UE en el Consejo sobre la modificación del Reglamento de Aarhus, que permitirá un mayor control público de los actos de la UE que afecten al medio ambiente. En octubre de 2020, la Comisión propuso la modificación en cumplimiento del compromiso que adquirió en el Pacto Verde Europeo de mejorar el acceso de los ciudadanos y las organizaciones no gubernamentales con interés en el medio ambiente a la revisión administrativa y judicial a escala de la UE.

La modificación acordada facilitará que la sociedad civil solicite a las instituciones de la UE la revisión de sus actos con miras a velar por una mejor protección del medio ambiente y una acción por el clima más eficaz. Las organizaciones no gubernamentales con interés en el medio ambiente y las personas cuyos derechos se vean perjudicados podrán solicitar ese control. Además, los ciudadanos que actúen conjuntamente en aras del interés público podrán solicitar el control si su solicitud cuenta con el apoyo de un mínimo de cuatro mil europeos de cinco Estados miembros como mínimo, y al menos 250 de los ciudadanos deberán proceder de cada uno de esos Estados miembros.

El Reglamento modificado mejorará la apertura, la rendición de cuentas y la coherencia de las actuaciones de la Unión en materia de medio ambiente y clima, y sostendrá el objetivo de la Comisión de conseguir un cambio transformador en el marco del Pacto Verde Europeo mediante un mayor empoderamiento de la sociedad civil para que contribuya a este cambio. | RAPID, IP/21/3610, 13.7.2021

Tribunal de Cuentas. Informe Especial 12/2021. Principio de quien contamina paga: Aplicación incoherente entre las políticas y acciones medioambientales de la UE (DOUE C 272/04, 8.7.2021)

La contaminación supone un coste importante para la sociedad y es una de las grandes preocupaciones de los ciudadanos de la UE. Al aplicar el principio de «quien contamina paga» se incentiva a quienes contaminan a evitar el daño medioambiental, y se les obliga a asumir la responsabilidad por la contaminación que generan. En general, llegamos a la conclusión de que el principio de «quien contamina paga» se refleja y aplica de manera heterogénea en las distintas políticas medioambientales de la UE, y que su cobertura y su aplicación eran incompletas. En ocasiones, el presupuesto de la UE se utiliza para financiar acciones de limpieza, que, con arreglo al principio de «quien contamina paga», deberían haber pagado quienes causaron la contaminación. Recomendamos reforzar la integración de este principio en la legislación medioambiental, reforzar el régimen de responsabilidad por los daños medioambientales en toda la UE y proteger mejor los fondos de la UE a fin de evitar que se utilicen para financiar proyectos que deberían ser financiados por el contaminante.

Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Asunto C-559/19 (Comisión/España (Deterioro del Espacio Natural de Doñana)) de 24 de junio de 2021
Incumplimiento de Estado — Artículo 258 TFUE — Espacio natural protegido de Doñana — Directiva 2000/60/CE — Marco de actuación de la Unión Europea en el ámbito de la política de aguas — Artículos 4, apartado 1, letra b), inciso i), 5 y 11, apartados 1, 3, letras a), c) y e), y 4 — Deterioro de las masas de agua subterránea — Inexistencia de una caracterización adicional de las masas de agua subterránea que presentan un riesgo de deterioro — Medidas básicas y medidas complementarias adecuadas — Directiva 92/43/CEE — Artículo 6, apartado 2 — Deterioro de los hábitats naturales y de los hábitats de especies
En el asunto C‑559/19, que tiene por objeto un recurso por incumplimiento interpuesto, con arreglo al artículo 258 TFUE, el 22 de julio de 2019, Comisión Europea, representada inicialmente por los Sres. C. Hermes y E. Manhaeve y por la Sra. E. Sanfrutos Cano, y posteriormente por los Sres. C. Hermes y E. Manhaeve y por la Sra. Jáuregui Gómez, en calidad de agentes, parte demandante, contra Reino de España, representado inicialmente por el Sr. L. Aguilera Ruiz y, posteriormente, por el Sr. J. Rodríguez de la Rúa Puig y la Sra. M.‑J. Ruiz Sánchez, en calidad de agentes, parte demandada (Curia.europa.eu, 24.6.2021)

CoverSustainable development in the European Union — Monitoring report on progress towards the SDGs in an EU context — 2021 edition

Sustainable development is firmly anchored in the European Treaties and has been at the heart of European policy for a long time. The 2030 Agenda for Sustainable Development and its 17 Sustainable Development Goals (SDGs), adopted by the UN General Assembly in September 2015, have given a new impetus to global efforts for achieving sustainable development. The EU is fully committed to playing an active role in helping to maximise progress towards the Sustainable Development Goals. This publication is the fifth of Eurostat’s regular reports monitoring progress towards the SDGs in an EU context. The analysis in this publication builds on the EU SDG indicator set, developed in cooperation with a large number of stakeholders. The indicator set comprises 102 indicators and is structured along the 17 SDGs. For each SDG, it focuses on aspects that are relevant from an EU perspective. The monitoring report provides a statistical presentation of trends relating to the SDGs in the EU over the past five years (‘short-term’) and, when sufficient data are available, over the past 15 years (‘long-term’). The indicator trends are described on the basis of a set of specific quantitative rules. This 2021 edition also shows some of the early impacts of the COVID-19 pandemic that are visible in Eurostat’s official statistics. [+]

La Comisión Europea ha iniciado hoy una consulta pública específica en la que se invita a todas las partes interesadas a presentar observaciones sobre la propuesta de revisión de las Directrices de la UE sobre ayudas estatales en materia de protección del medio ambiente y energía. Para tener en cuenta la creciente importancia de la protección del clima, las directrices revisadas se denominarán Directrices sobre ayudas estatales en materia de clima, energía y medio ambiente. Las Directrices propuestas también comprenden normas de compatibilidad en ámbitos emblemáticos como las infraestructuras de movilidad limpia y la biodiversidad, sin olvidar la eficiencia en el uso de los recursos en apoyo de la transición hacia una economía circular. Las partes interesadas podrán responder a la consulta durante ocho semanas, hasta el 2 de agosto de 2021. | RAPID, IP/21/2784, 7.6.2021

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