Directiva 2023/1544 de 12 de julio de 2023, por la que se establecen normas armonizadas para la designación de establecimientos designados y de representantes legales a efectos de recabar pruebas electrónicas en procesos penales (DOUE L 191/181, 28.7.2023)
Reglamento 2023/1543 de 12 de julio de 2023, sobre las órdenes europeas de producción y las órdenes europeas de conservación a efectos de prueba electrónica en procesos penales y de ejecución de penas privativas de libertad a raíz de procesos penales (DOUE L 191/118, 28.7.2023)
La Comisión Europea ha adoptado hoy una propuesta de Reglamento relativo a la remisión de procesos penales entre Estados miembros. El aumento de la delincuencia transfronteriza ha dado lugar a un número cada vez mayor de situaciones en las que varios Estados miembros tienen jurisdicción para enjuiciar el mismo delito. Los procesos judiciales paralelos o múltiples pueden ser ineficientes e ineficaces, y también pueden menoscabar los derechos de las personas interesadas, ya que nadie puede ser juzgado ni condenado penalmente dos veces por el mismo delito.
Por lo tanto, esta propuesta contribuirá a evitar la duplicación de procesos y la impunidad cuando se deniegue la entrega en virtud de una orden de detención europea. Además, contribuirá a garantizar que los procesos penales se sustancien en el Estado miembro más idóneo, por ejemplo, en aquel donde se haya cometido la mayor parte de los hechos. | RAPID, IP/23/2107, 5.4.2023
Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Asunto 564/19 (IS (Ilegalidad de la resolución de remisión)) de 23 de noviembre de 2021
Procedimiento prejudicial — Cooperación judicial en materia penal — Directiva 2010/64/UE — Artículo 5 — Calidad de la traducción y la interpretación — Directiva 2012/13/UE — Derecho a la información en los procesos penales — Artículos 4, apartado 5, y 6, apartado 1 — Derecho a ser informado de la acusación — Derecho a interpretación y a traducción — Directiva 2016/343/UE — Derecho a la tutela judicial efectiva y a un juez imparcial — Artículo 48, apartado 2, de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea — Artículo 267 TFUE — Artículo 19 TUE, apartado 1, párrafo segundo — Admisibilidad — Recurso de casación en interés de la ley contra una resolución por la que se acuerda una remisión prejudicial — Procedimiento disciplinario — Facultad del órgano jurisdiccional superior para declarar ilegal la petición de decisión prejudicial
En el asunto C‑564/19, que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada, con arreglo al artículo 267 TFUE, por el Pesti Központi Kerületi Bíróság (Tribunal de los Distritos Urbanos del Centro de Pest, Hungría), mediante resolución de 11 de julio de 2019, recibida en el Tribunal de Justicia el 24 de julio de 2019, completada mediante resolución de 18 de noviembre de 2019, recibida en el Tribunal de Justicia el mismo día, en el procedimiento penal contra IS (Curia, 23.11.2021)
Sentencia del Tribunal de Justicia. Asunto C‑646/17 (Gianluca Moro/Procura della Repubblica presso il Tribunale di Brindisi y Francesco Legrottaglie) de 13 de junio de 2019
Procedimiento prejudicial — Cooperación judicial en materia penal — Directiva 2012/13/UE — Derecho a la información en los procesos penales — Artículo 6, apartado 4 — Derecho a recibir información sobre la acusación — Información sobre cualquier cambio que se produzca en la información facilitada cuando sea necesario para salvaguardar la equidad del proceso — Modificación de la calificación jurídica de los hechos que son objeto de la acusación — Imposibilidad para la persona acusada de solicitar durante el juicio oral que se aplique la pena pactada prevista en el Derecho nacional — Diferencia en el caso de modificación de los hechos en que se basa la acusación
En el asunto C‑646/17,que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada, con arreglo al artículo 267 TFUE, por el Tribunale di Brindisi (Tribunal de Bríndisi, Italia), mediante resolución de 20 de octubre de 2017, recibida en el Tribunal de Justicia el 17 de noviembre de 2017, en el proceso penal contra Gianluca Moro, con intervención de: Procura della Repubblica presso il Tribunale di Brindisi, Francesco Legrottaglie (Curia.europa.eu, 13.6.2019)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=OJ:C:2019:280:TOC
Hoy entra en vigor la Directiva sobre salvaguardias especiales para los menores. Se trata de la última Directiva de la UE de una serie de seis que garantizan los derechos procesales de las personas en toda la UE, con lo que se completa todo el conjunto de derechos.
Además de estos nuevos derechos para los menores, la Directiva por la que se garantiza el acceso a la asistencia jurídica comenzó a aplicarse el 5 de mayo. Este paquete de normas de la UE garantiza que los derechos fundamentales de los ciudadanos de la UE a un trato justo y equitativo sean respetados en los procesos penales y aplicados de forma semejante en todos los Estados miembros. (RAPID, IP/19/2910, 11.6.2019)
Informe sobre la aplicación de la Directiva 2010/64/UE de 22 de octubre de 2010, relativa al derecho a interpretación y a traducción en los procesos penales (COM(2018) 857 final, 18.12.2018)
Informe sobre la aplicación de la Directiva 2012/13/UE de 22 de mayo de 2012, relativa al derecho a la información en los procesos penales (COM(2018) 858 final, 18.12.2018)
Directiva 2016/1919, de 26 de octubre de 2016, relativa a la asistencia jurídica gratuita a los sospechosos y acusados en los procesos penales y a las personas buscadas en virtud de un procedimiento de orden europea de detención (DOUE L 297/01, 4.11.2016)
Las nuevas normas sobre asistencia jurídica gratuita propuestas por la Comisión en 2013 han superado hoy el último obstáculo. El Consejo ha adoptado la Directiva relativa a la asistencia jurídica gratuita para los sospechosos o acusados en los procesos penales y en los procedimientos relacionados con la orden de detención europea. La asistencia jurídica gratuita es el apoyo financiero o judicial que reciben los sospechosos o acusados que no disponen de recursos suficientes para cubrir los costes del procedimiento. Las nuevas normas garantizarán que el derecho a la asistencia jurídica gratuita se ejerza y la propia asistencia se ofrezca de manera uniforme en toda la UE. Los sospechosos o acusados deben beneficiarse de la asistencia jurídica gratuita desde las primeras fases de los procesos penales y esta se concederá con arreglo a criterios claramente definidos en la Directiva. (RAPID, IP/16/3366, 13.10.2016)