Hoy entra en vigor la Directiva sobre salvaguardias especiales para los menores. Se trata de la última Directiva de la UE de una serie de seis que garantizan los derechos procesales de las personas en toda la UE, con lo que se completa todo el conjunto de derechos.

Además de estos nuevos derechos para los menores, la Directiva por la que se garantiza el acceso a la asistencia jurídica comenzó a aplicarse el 5 de mayo. Este paquete de normas de la UE garantiza que los derechos fundamentales de los ciudadanos de la UE a un trato justo y equitativo sean respetados en los procesos penales y aplicados de forma semejante en todos los Estados miembros. (RAPID, IP/19/2910, 11.6.2019)

Las nuevas normas sobre asistencia jurídica gratuita propuestas por la Comisión en 2013 han superado hoy el último obstáculo. El Consejo ha adoptado la Directiva relativa a la asistencia jurídica gratuita para los sospechosos o acusados en los procesos penales y en los procedimientos relacionados con la orden de detención europea. La asistencia jurídica gratuita es el apoyo financiero o judicial que reciben los sospechosos o acusados que no disponen de recursos suficientes para cubrir los costes del procedimiento. Las nuevas normas garantizarán que el derecho a la asistencia jurídica gratuita se ejerza y la propia asistencia se ofrezca de manera uniforme en toda la UE. Los sospechosos o acusados deben beneficiarse de la asistencia jurídica gratuita desde las primeras fases de los procesos penales y esta se concederá con arreglo a criterios claramente definidos en la Directiva. (RAPID, IP/16/3366, 13.10.2016)

Hoy se ha adoptado formalmente, tras obtenerse la aprobación del Consejo, una propuesta de la Comisión Europea que garantiza a todos los ciudadanos el derecho a asistencia letrada en los procesos penales. Previamente, el pasado 10 de septiembre, (MEMO/13/772), el Parlamento Europeo celebró una votación que dio luz verde a la Directiva. Esto significa, en la práctica, que todo sospechoso tendrá a partir de ahora derecho a asistencia letrada, desde las fases más tempranas del proceso hasta su conclusión, en cualquier punto de la Unión Europea. Las nuevas normas aseguran además que tras su detención, los sospechosos puedan ponerse en contacto con su familia y, si están en el extranjero, dirigirse al consulado de su país.
La ley adoptada hoy se publicará dentro de unas semanas en el Diario Oficial de la UE, tras lo que los Estados miembros dispondrán de un plazo de tres años para incorporarla a su legislación nacional. Se calcula que tras su entrada en vigor, la nueva ley se aplicará a unos ocho millones de procesos penales al año en los veintiocho Estados miembros. (RAPID, IP/13/921, 7.10.2013)

«Tiene derecho a … una declaración de derechos». Dentro de poco esto será realidad para toda persona que se encuentre detenida o privada de libertad en cualquier lugar de la Unión Europea. Los ministros de Justicia de la UE han adoptado hoy una nueva ley que la Comisión Europea había propuesto con objeto de garantizar el derecho a la información durante los procesos penales. Con arreglo a la «Directiva relativa al derecho a la información en los procesos penales», los sospechosos de haber cometido un delito serán informados de sus derechos en una lengua que comprendan. La medida garantizará que los países de la UE faciliten a toda persona que haya sido detenida o esté sujeta a una orden de detención europea una declaración de derechos en la que se recojan sus derechos básicos durante los procesos penales. Una vez haya entrada en vigor (dos años después de su publicación en el Diario Oficial de la UE, que se espera tenga lugar en las próximas semanas), la nueva ley se aplicará a unos ocho millones de procesos penales al año en los 27 Estados miembros de la UE. En la actualidad, este derecho solo existe en un tercio de los Estados miembros, aproximadamente. (RAPID, IP/12/430, 27.4.2012)

Los ministros de justicia de la Unión Europea han aprobado una ley que garantiza los derechos de traducción y de interpretación en los procesos penales. La Comisión Europea y el Parlamento Europeo respaldaron la ley con anterioridad este año (IP/10/746). Se trata de la primera medida de la UE jamás adoptada que establece normas mínimas comunes para los derechos de la defensa en causas penales. La ley garantiza el derecho de los procesados a un servicio de interpretación a lo largo de todo el proceso penal, incluido el momento en que reciben asesoramiento jurídico, en su lengua materna en todos los órganos jurisdiccionales de la UE. Se trata de una primera medida, que debía haberse adoptado hace mucho tiempo, para garantizar un juicio imparcial para los procesados en cualquier punto de la UE. La ley es la primera de una serie de medidas para establecer normas comunes de la UE en los procedimientos penales. Las Estados miembros disponen de un plazo de tres años para incorporar la medida a su Derecho nacional. (RAPID, IP/10/1305, 8.10.2010)

Judicial review - A comparative analysis inside the European legal system
Edited by S.Galera
Council of Europe, 2010.
ISBN : 978-92-871-6723-1
The traditional state model, based on a domestic approach to rule of law, is currently evolving towards a new one, where international factors and relations play a prominent role. This trend is also characterised by the pre-eminence of executive powers, along with a weakening of parliamentary balances and judicial controls. This work seeks to answer two essential questions concerning the rule of law: how can citizens challenge public decisions affecting them, and what kinds of public decisions can be judicially controlled. Two groups of legal regulations are considered in this analysis: the so-called European legal tradition, covering nine national laws strongly influenced by Council of Europe legal standards since 1950, and the more recent body of European Union law. The authors conclude that the issue of individual guarantees vis-à-vis public powers should be carefully monitored in Europe. [+]

 

El proyecto de la Unión Europea de establecer normas que garanticen los derechos de traducción e interpretación en los procedimientos penales está más cerca de hacerse realidad tras su aprobación, hoy, por el Parlamento Europeo. El Parlamento votó por una abrumadora mayoría a favor de un sólido proyecto legislativo acordado durante las negociaciones desarrolladas entre las tres instituciones: el Parlamento, el Consejo y la Comisión (MEMO/10/236). El proyecto legislativo garantiza el derecho de los sospechosos a ser informados sobre las pruebas utilizadas y a recibir asesoramiento jurídico en su propia lengua en los procedimientos penales de todos los tribunales de la UE. Con esto se garantizará un juicio justo a todo el mundo en todo el territorio de la UE. El proyecto es la primera de una serie de medidas para garantizar un juicio justo impulsadas en el marco del Tratado de Lisboa, que permite a la Comisión Europea proponer medidas en el ámbito del Derecho penal. Es la primera medida de la UE que establece unos requisitos mínimos comunes en materia de derechos procesales. El Consejo debe ahora aprobar la medida. (RAPID, IP/10/746, 16.6.2010)

Desde el caso del turista italiano implicado en un accidente de tráfico en Suecia al que no se le permitió hablar con un abogado de lengua italiana durante el juicio, pasando por el del ciudadano polaco que no pudo disponer de traducciones escritas de los cargos que se le imputaban en un tribunal francés, los obstáculos imprevistos pueden estar en el origen de condenas injustas en procedimientos judiciales en otros Estados miembros de la UE. La Comisión Europea ha presentado hoy una propuesta legislativa para que los ciudadanos puedan ver garantizado su derecho a un juicio justo en cualquier punto de la UE aunque no comprendan la lengua del procedimiento. Los países de la UE estarían obligados a suministrar servicios completos de interpretación y traducción a los encausados. Se trata de la primera de una serie de medidas con el fin de establecer un conjunto de normas comunes de la UE en materia penal. El nuevo Tratado de Lisboa otorga a la UE la capacidad de adoptar medidas para reforzar los derechos de los ciudadanos de la UE, de acuerdo con la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE. (RAPID, IP/10/249, 9.3.2010)

Página 1 de 2

Esta web utiliza cookies con una finalidad estadistica y para mejorar su navegación