Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Asunto C-129/19 (Presidenza del Consiglio dei Ministri/BV) de 16 de julio de 2020
Procedimiento prejudicial — Directiva 2004/80/CE — Artículo 12, apartado 2 — Regímenes nacionales de indemnización de las víctimas de delitos dolosos violentos que garantizan una indemnización justa y adecuada — Ámbito de aplicación — Víctima residente en el territorio del Estado miembro en el que se cometió el delito doloso violento — Obligación de incluir a esta víctima en el régimen nacional de indemnización — Concepto de “indemnización justa y adecuada” — Responsabilidad de los Estados miembros en caso de infracción del Derecho de la Unión
En el asunto C‑129/19, que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada, con arreglo al artículo 267 TFUE, por la Corte suprema di cassazione (Tribunal Supremo de Casación, Italia), mediante resolución de 29 de enero de 2019, recibida en el Tribunal de Justicia el 19 de febrero de 2019, en el procedimiento entre Presidenza del Consiglio dei Ministri y BV con intervención de: Procura della Repubblica di Torino (Curia.europa.eu, 16.7.2020)

El Parlamento Europeo y los Estados miembros han alcanzado hoy un acuerdo provisional relativo a la adopción de nuevas normas que garantizarán un elevado nivel de protección de los denunciantes que comuniquen infracciones de la legislación de la UE. Estas nuevas normas, que establecen estándares de protección para los denunciantes a escala de la UE, fueron propuestas por primera vez por la Comisión Europea en abril de 2018.

Las nuevas normas abarcan una amplia gama de ámbitos del Derecho de la UE que incluye la lucha contra el blanqueo de capitales y la fiscalidad de las empresas, la protección de datos, la protección de los intereses financieros de la Unión, la seguridad de los alimentos y de los productos, la protección del medio ambiente y la seguridad nuclear. Además, los Estados miembros tienen libertad para ampliar estas normas a otros ámbitos. La Comisión alienta a los Estados miembros a que establezcan amplias estructuras basadas en los mismos principios en materia de protección de los denunciantes de infracciones. (RAPID, IP/19/1604, 12.3.2019)

Recientes escándalos como los provocados por las revelaciones del Dieselgate, LuxLeaks, los papeles de Panamá o actualmente Cambridge Analytica ponen de manifiesto que los denunciantes de irregularidades pueden desempeñar un importante papel a la hora de sacar a la luz actos ilegales que dañan el interés público y el bienestar de la sociedad y los ciudadanos europeos.

La propuesta de hoy garantizará un elevado nivel de protección para los denunciantes que notifiquen infracciones del Derecho de la UE, mediante el establecimiento de unas nuevas normas en toda la UE. La nueva ley establecerá canales seguros de notificación tanto dentro de una organización como a las autoridades públicas. También protegerá a los denunciantes de irregularidades contra el despido, la degradación y otras formas de represalia, y exigirá que las autoridades nacionales informen a los ciudadanos y formen a las autoridades públicas sobre el trato que deben dispensar a los denunciantes de irregularidades. (RAPID, IP/18/3441, 23.4.2018)

Las nuevas normas de la UE sobre los derechos de las víctimas que se aplicarán a partir de hoy introducirán importantes cambios en la forma de tratar a las víctimas de delitos en Europa. La Directiva sobre los derechos de las víctimas establece un conjunto de derechos vinculantes de las víctimas de delitos, así como claras obligaciones de los Estados miembros de la UE de garantizar dichos derechos en la práctica (IP/12/1066).

Las normas se aplican a todas las personas que son víctimas de delitos en la UE, con independencia de su nacionalidad. También se aplican en el caso de que el procedimiento penal tenga lugar en la UE.

La comisaria de Justicia, Consumidores e Igualdad de Género, Věra Jourová, ha manifestado: «En la UE, se estima que cada año 1 de cada 7 personas son víctimas de delitos. A partir de hoy, las nuevas normas reconocen a las víctimas derechos claros a la información y la protección, así como el acceso a los servicios de apoyo en todos los Estados miembros. Las nuevas normas cambiarán la forma de tratar a las personas que sufren por la delincuencia, lo cual redundará en ventajas para el conjunto de nuestras sociedades. Las víctimas merecen situarse en el centro del procedimiento penal.

Sin embargo, no todos los Estados miembros han comunicado a la Comisión la transposición de la Directiva. Hago un llamamiento a estos Estados miembros para que garanticen lo antes posible la aplicación de estas importantes normas, a fin de que las víctimas y sus familias puedan beneficiarse de ellas en la práctica.»

El objetivo de las nuevas normas es que todas las víctimas de delitos y sus familiares sean reconocidos y tratados de forma respetuosa y no discriminatoria, con un enfoque individual y adaptado a las necesidades de las víctimas. (RAPID, IP/15/6095, 16.11.2015)

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