Sentencia del Tribunal General de la Unión Europea. Asuntos T-515/13 RENV (España/Comisión) y T-719/13 RENV (Lico Leasing, S. A., y Pequeños y Medianos Astilleros Sociedad de Reconversión, S. A./Comisión) de 23 de septiembre de 2020
Ayudas de Estado — Ayuda concedida por las autoridades españolas en favor de determinadas agrupaciones de interés económico (AIE) y de sus inversores — Régimen fiscal aplicable a determinados acuerdos de arrendamiento financiero para la adquisición de buques (sistema español de arrendamiento fiscal) — Decisión por la que se declara la ayuda parcialmente incompatible con el mercado interior y se ordena su recuperación parcial — Carácter selectivo — Obligación de motivación — Recuperación de la ayuda — Igualdad de trato — Confianza legítima — Seguridad jurídica
En los asuntos acumulados T‑515/13 RENV y T‑719/13 RENV, Reino de España, representado por la Sra. S. Centeno Huerta, en calidad de agente; parte demandante en el asunto T‑515/13 RENV, Lico Leasing, S. A.,  con domicilio social en Madrid, Pequeños y Medianos Astilleros Sociedad de Reconversión, S. A., con domicilio social en Madrid, representados por los Sres. M. Merola y M. Sánchez, abogados, partes demandantes en el asunto T‑719/13 RENV, apoyados por Bankia, S. A., con domicilio social en Valencia, y otras partes coadyuvantes cuyos nombres figuran en el anexo, representados por los Sres. J. Buendía Sierra, E. Abad Valdenebro, R. Calvo Salinero y A. Lamadrid de Pablo, abogados, partes coadyuvantes en el asunto T‑719/13 RENV, contra Comisión Europea,  representada por los Sres. V. Di Bucci y É. Gippini Fournier y por la Sra. P. Němečková, en calidad de agentes, parte demandada (Curia.europa.eu, 23.9.2020)

La Comisión Europea ha propuesto hoy conceder a España 2 millones de euros del Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización (FEAG) para ayudar a 500 trabajadores despedidos de la construcción naval y sectores auxiliares, en Galicia, a encontrar un nuevo puesto de trabajo.

La disminución de la cuota de mercado de la Unión en la producción mundial de buques y el aumento de la competencia mundial han tenido consecuencias nefastas para la industria auxiliar gallega de construcción naval. España solicitó ayuda del FEAG tras el despido de 960 trabajadores en empresas auxiliares de los astilleros de Galicia entre mayo de 2019 y febrero de 2020.

Se prevé la participación de unos 500 trabajadores despedidos en las medidas de apoyo cofinanciadas por el FEAG. Se trata de un conjunto de medidas que pretenden proporcionarles orientación profesional, apoyo en su búsqueda de empleo, posibilidades de adquirir nuevas capacidades a través de la formación profesional, y seguimiento y asesoramiento después de encontrar otro trabajo. Además, los trabajadores tendrán acceso a otros incentivos, como una contribución a los gastos de los cuidadores en el ámbito familiar y apoyo financiero para fomentar una reinserción laboral rápida. El coste total estimado del conjunto de la ayuda es de 3,4 millones de euros, de los cuales 2 millones de euros serán abonados por el FEAG. La Administración autonómica, la Xunta de Galicia, aportará el importe restante. Ahora la propuesta de la Comisión va a transmitirse al Parlamento Europeo y al Consejo para su adopción. | RAPID/IP/1584, 11.9.2020

Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.  Asunto C-128/16 P (Comisión/España y otros) de 25 de julio de 2018
Recurso de casación — Ayudas de Estado — Artículo 107 TFUE, apartado 1 — Régimen fiscal aplicable a determinados acuerdos de arrendamiento financiero para la adquisición de buques (sistema español de arrendamiento fiscal) — Identificación de los beneficiarios de la ayuda — Requisito de selectividad — Distorsión de la competencia y afectación de los intercambios comerciales entre Estados miembros — Obligación de motivación
En el asunto C‑128/16 P, que tiene por objeto un recurso de casación interpuesto, con arreglo al artículo 56 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el 29 de febrero de 2016, Comisión Europea, representada por los Sres. V. Di Bucci y E. Gippini Fournier y la Sra. P. Němečková, en calidad de agentes, parte recurrente, y en el que las otras partes en el procedimiento son: Reino de España, representado por el Sr. M.A. Sampol Pucurull, en calidad de agente, Lico Leasing, S.A., con domicilio social en Madrid, Pequeños y Medianos Astilleros Sociedad de Reconversión, S.A., con domicilio social en Madrid, representadas por el Sr. M. Merola, avvocato, y el Sr. M. Sánchez, abogado, partes demandantes en primera instancia, Bankia, S.A., con domicilio social en Valencia, Asociación Española de Banca, con domicilio social en Madrid, Unicaja Banco, S.A., con domicilio social en Málaga, Liberbank, S.A., con domicilio social en Madrid, Banco de Sabadell, S.A., con domicilio social en Sabadell (Barcelona), Banco Gallego, S.A., con domicilio social en Santiago de Compostela (A Coruña), Catalunya Banc, S.A., con domicilio social en Barcelona, Caixabank, S.A., con domicilio social en Barcelona, Banco Santander, S.A., con domicilio social en Santander (Cantabria), Santander Investment, S.A., con domicilio social en Boadilla del Monte (Madrid), Naviera Séneca, A.I.E., con domicilio social en Las Palmas de Gran Canaria (Las Palmas), Industria de Diseño Textil, S.A., con domicilio social en Arteixo (A Coruña), Naviera Nebulosa de Omega, A.I.E., con domicilio social en Las Palmas de Gran Canaria (Las Palmas), Banco Mare Nostrum, S.A., con domicilio social en Madrid, Abanca Corporación Bancaria, S.A., con domicilio social en Betanzos (A Coruña), Ibercaja Banco, S.A., con domicilio social en Zaragoza, Banco Grupo Cajatres, S.A.U., con domicilio social en Zaragoza, Naviera Bósforo, A.I.E., con domicilio social en Las Palmas de Gran Canaria (Las Palmas), Joyería Tous, S.A., con domicilio social en Lleida, Corporación Alimentaria Guissona, S.A., con domicilio social en Guissona (Lleida), Naviera Muriola, A.I.E., con domicilio social en Madrid, Poal Investments XXI, S.L., con domicilio social en San Sebastián de los Reyes (Madrid), Poal Investments XXII, S.L., con domicilio social en San Sebastián de los Reyes (Madrid), Naviera Cabo Vilaboa C‑1658, A.I.E., con domicilio social en Madrid, Naviera Cabo Domaio C‑1659, A.I.E., con domicilio social en Madrid, Caamaño Sistemas Metálicos, S.L., con domicilio social en Culleredo (A Coruña), Blumaq, S.A., con domicilio social en La Vall d’Uixó (Castellón), Grupo Ibérica de Congelados, S.A., con domicilio social en Vigo (Pontevedra), RNB, S.L., con domicilio social en La Pobla de Vallbona (Valencia), Inversiones Antaviana, S.L., con domicilio social en Paterna (Valencia), Banco de Caja España de Inversiones, Salamanca y Soria, S.A.U., con domicilio social en Madrid, Banco de Albacete, S.A., con domicilio social en Boadilla del Monte (Madrid), Bodegas Muga, S.L., con domicilio social en Haro (La Rioja), representadas por los Sres. J.L. Buendía Sierra, E. Abad Valdenebro, R. Calvo Salinero y A. Lamadrid de Pablo, abogados, Aluminios Cortizo S.A.U., con domicilio social en Padrón (A Coruña), representada por el Sr. A. Beiras Cal, abogado, partes coadyuvantes en casación (Curia.europa.eu, 25.7.2018)

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre El sector europeo del mantenimiento, la reparación y la transformación naval: un sector resistente, competitivo en el mercado mundial y comprometido con las políticas de la UE en materia de desarrollo sostenible (Dictamen de iniciativa) (DOUE C 170/06, 5.6.2014)

Comisario traidor de José Ignacio Torreblanca
El 3 de mayo de 2010, Joaquín Almunia, conjuntamente con el resto de los Comisarios que forman el Colegio de Comisarios de la Comisión Europea se desplazó a Luxemburgo para, en una ceremonia solemne, prometer su cargo. El Comisario Almunia no sólo se comprometió a ser independiente sino que, préstese atención, “tomó nota del compromiso de cada Estado miembro de respetar este principio y no buscar influir en los miembros de la Comisión en lo relativo al desempeño de sus funciones” (ver texto completo de la promesa o juramento).
Estamos pues ante un doble compromiso de independencia, del mandatado (Almunia), que se compromete a ser independiente y del mandatario (el Gobierno español) que se compromete a no intentar socavar esa independencia. Viendo el chaparrón de críticas a Almunia por su proceder en el asunto de las ayudas al sector naval, parece legítimo preguntarse ¿qué parte de este doble mandato no han entendido? (El País. Blog Café Steigner, 18 de julio de 2013)

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