La Comisión Europea presenta hoy una ambiciosa Estrategia sobre los derechos de las personas con discapacidad 2021-2030 para garantizar su plena participación en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás personas de la UE y fuera de ella, en consonancia con el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, que establecen la igualdad y la no discriminación como pilares de las políticas de la UE. Como todos, las personas con discapacidad tienen derecho a participar en todos los ámbitos de la vida. Aunque en las últimas décadas se haya avanzado en el acceso a la sanidad, la educación, el empleo, las actividades recreativas y la participación en la vida política, sigue habiendo numerosos obstáculos. Ha llegado el momento de intensificar la acción europea.

La nueva estrategia se basa en su predecesora, la Estrategia Europea sobre Discapacidad 2010-2020, y contribuye a la aplicación del pilar europeo de derechos sociales, que sirve de guía para las políticas sociales y de empleo en Europa, y con respecto al cual la Comisión adoptará un plan de acción esta semana. La Estrategia respalda la implementación de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad por parte de la UE y de sus Estados miembros, tanto a nivel nacional como de la UE. | RAPID, IP/21/810, 3.3.2021

Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Asunto C-16/19 (VL/Szpital Kliniczny im. dra J. Babińskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie) de 26 de enero de 2021
Procedimiento prejudicial — Política social — Igualdad de trato en el empleo y la ocupación — Directiva 2000/78/CE — Artículo 2, apartados 1 y 2, letras a) y b) — “Concepto de discriminación” — Discriminación directa — Discriminación indirecta — Discriminación por motivos de discapacidad — Diferencia de trato dentro de un grupo de trabajadores discapacitados — Concesión de un complemento salarial a los trabajadores discapacitados que hayan presentado, después de una fecha elegida por el empresario, un certificado de discapacidad — Exclusión de los trabajadores discapacitados que hubieran presentado su certificado antes de esa fecha
En el asunto C‑16/19, que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada, con arreglo al artículo 267 TFUE, por el Sąd Okręgowy w Krakowie (Tribunal Regional de Cracovia, Polonia), mediante resolución de 27 de noviembre de 2018, recibida en el Tribunal de Justicia el 2 de enero de 2019, en el procedimiento entre VL y Szpital Kliniczny im. dra J. Babińskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie (Curia.europa.eu, 26.1.2021)

La Comisión Europea ha decidido hoy registrar una Iniciativa Ciudadana Europea titulada «Europe CARES: una educación inclusiva de calidad para los niños con discapacidad». El objetivo de la iniciativa es garantizar : «el derecho a una educación inclusiva para los niños y adultos con discapacidad en la Unión Europea». La iniciativa afirma que mientras que «más de 70 millones de ciudadanos de la UE presentan una discapacidad y 15 millones de niños tienen necesidades educativas especiales», muchos de ellos «se enfrentan a barreras excesivas en […] su derecho a una educación inclusiva de calidad». Por ello, los organizadores piden a la Comisión que «elabore un acto legislativo sobre un marco común de la UE para la educación inclusiva, que garantice que ningún niño se quede a la zaga en lo que se refiere a los servicios de intervención precoz, la educación y la transición hacia el mercado laboral».

Con arreglo a los Tratados, la UE puede emprender acciones legales para luchar contra la discriminación por motivos de discapacidad, así como apoyar los esfuerzos de los Estados miembros por lo que respecta a los sistemas educativos y la formación profesional. Por ello, la Comisión consideró que la iniciativa era jurídicamente admisible y decidió registrarla. En esta fase del procedimiento la Comisión no analiza el fondo. El registro de esta iniciativa tendrá lugar el 4 de marzo de 2019, con lo que dará comienzo un proceso de recogida de firmas de apoyo por parte de sus organizadores que durará un año. En caso de que la iniciativa reciba un millón de declaraciones de apoyo en el plazo de un año, procedentes de al menos siete Estados miembros diferentes, la Comisión la analizará y deberá pronunciarse en un plazo de tres meses. La Comisión podrá decidir dar curso o no a la solicitud, pero en ambos casos deberá justificar su decisión. (RAPID, IP/19/1417, 27.2.2019)

Página 1 de 5

Esta web utiliza cookies con una finalidad estadistica y para mejorar su navegación