Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Asuntos acumulados C-245/19 (Estado Luxemburgués/B) y C-246/19 (Estado Luxemburgués/B y otros) de 6 de octubre de 2020
Procedimiento prejudicial — Directiva 2011/16/UE — Cooperación administrativa en el ámbito de la fiscalidad — Artículos 1 y 5 — Requerimiento de comunicación de información a la autoridad competente de un Estado miembro, a raíz de una solicitud de intercambio de información de la autoridad competente de otro Estado miembro — Persona en cuyo poder obra la información requerida por la autoridad competente del primer Estado miembro — Contribuyente sometido a la investigación que ha originado la solicitud de la autoridad competente del segundo Estado miembro — Terceras personas con las que dicho contribuyente mantiene relaciones jurídicas, bancarias, financieras o, en un sentido más amplio, económicas — Tutela judicial — Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea — Artículo 47 — Derecho a la tutela judicial efectiva — Artículo 52, apartado 1 — Limitación — Base jurídica — Respeto del contenido esencial del derecho a la tutela judicial efectiva — Existencia de una vía de recurso que permita a los justiciables de que se trate obtener un control efectivo de todas las cuestiones de hecho y de Derecho pertinentes así como una tutela judicial efectiva de los derechos que les garantiza el Derecho de la Unión — Objetivo de interés general reconocido por la Unión — Lucha contra el fraude y la evasión fiscal internacional — Proporcionalidad — “Pertinencia previsible” de la información solicitada en el requerimiento — Control jurisdiccional — Alcance — Aspectos personales, temporales y materiales que deben considerarse
En los asuntos acumulados C‑245/19 y C‑246/19, que tienen por objeto sendas peticiones de decisión prejudicial planteadas, con arreglo al artículo 267 TFUE, por la Cour administrative (Tribunal Supremo de lo Contencioso-Administrativo, Luxemburgo), mediante resoluciones de 14 de marzo de 2019, recibidas en el Tribunal de Justicia el 20 de marzo de 2019, en los procedimientos entre État luxembourgeois y B (asunto C‑245/19), y entre État luxembourgeois y B, C, D, F. C., con intervención de: A (Asunto C‑246/19) (Curia.europa.eu, 6.10.2020)

El Parlamento Europeo ha aprobado hoy el Reglamento, propuesto por la Comisión, dirigido a reducir los costes y los trámites para los ciudadanos que necesiten presentar un documento público en otro país de la UE.               

En la actualidad, los ciudadanos que se trasladen o residan en otro país de la UE deben conseguir una estampilla para demostrar que sus documentos públicos (por ejemplo, certificados de nacimiento, matrimonio o defunción) son auténticos. Con arreglo al nuevo Reglamento, esa estampilla y los procedimientos burocráticos relacionados con ella ya no serán necesarios al presentar documentos públicos expedidos en un país de la UE a las autoridades de otro país de la Unión.

El Reglamento solo trata de la autenticidad de los documentos públicos, de manera que los Estados miembros seguirán aplicando sus normas nacionales relativas al reconocimiento del contenido y los efectos de un documento público expedido en otro país de la Unión. (RAPID, IP/16/2092, 9.6.2016)

Subdirección General de Asuntos Económicos y Financieros de la Unión Europea
Avances de la Unión Europea en la lucha contra el fraude y la evasión fiscal
Información Comercial Española. Boletín Económico
# 3046. Diciembre 2013
La crisis económica ha puesto de manifiesto la necesidad de mejorar los saldos presupuestarios y la recaudación tributaria de los países. La lucha contra el fraude y la evasión fiscal se identifica como una de las mejores herramientas para optimizar esta recaudación, ayudar a sanear las cuentas públicas y devolver a los ciudadanos la confianza en los sistemas tributarios. Entre las múltiples medidas que se pueden adoptar para luchar contra la evasión fiscal, los Estados miembros de la Unión Europea han identificado el intercambio automático de información como prioritaria. A nivel internacional, el intercambio de información de forma automática entre países se está configurando, impulsado por el G20, como el nuevo estándar que permitirá a los países aplicar con mayor eficiencia sus sistemas tributarios y avanzar en la lucha contra el fraude de forma coordinada internacionalmente.
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