La Comisión Europea ha impuesto al grupo hotelero español Meliá una multa de 6 678 000 euros por incluir en sus contratos con los operadores turísticos cláusulas restrictivas, que discriminaban entre los consumidores del Espacio Económico Europeo (EEE) en función de su lugar de residencia, infringiendo la normativa europea de defensa de la competencia. Al mismo tiempo, la Comisión ha archivado los procedimientos abiertos en 2017 contra cuatro operadores turísticos.

En febrero de 2017, la Comisión inició una investigación de defensa de la competencia relativa a los acuerdos sobre el alojamiento hotelero concluidos por Meliá y varios operadores turísticos, en la que evaluaba si esos acuerdos contenían cláusulas que discriminaban ilegalmente entre clientes en función de su nacionalidad o su país de residencia. La investigación de la Comisión mostró que Meliá había suscrito contratos con operadores turísticos que limitaban las ventas activas y pasivas de alojamientos hoteleros.

Más concretamente, las condiciones generales de los contratos de Meliá con los operadores turísticos contenían una cláusula con arreglo a la cual los contratos eran válidos únicamente para reservas de clientes residentes en ciertos países concretos. Esos acuerdos podrían haber segmentado el mercado único europeo al restringir la libertad de los operadores turísticos de comercializar alojamientos hoteleros en todos los países del EEE y de responder a solicitudes directas de clientes que no residían en los países especificados. Como consecuencia, los consumidores no podían visualizar todos los alojamientos disponibles o reservar habitaciones a los mejores precios con operadores turísticos de otros Estados miembros. La Comisión ha llegado a la conclusión de que las prácticas ilegales de Meliá privaron a los consumidores europeos de uno de los beneficios fundamentales del mercado único: la posibilidad de disfrutar de una gama más amplia de elección y acceder a unas mejores condiciones en sus compras. | RAPID, IP-20-302, 21.2.2020

Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Asunto C-502/19 (Junqueras Vies) de 19 de diciembre de 2019
Procedimiento prejudicial — Procedimiento acelerado — Derecho institucional — Ciudadano de la Unión Europea que resulta electo al Parlamento Europeo cuando se encuentra en situación de prisión provisional en el marco de un proceso penal — Artículo 14 TUE — Concepto de “miembro del Parlamento Europeo” — Artículo 343 TFUE — Inmunidades necesarias para el cumplimiento de la misión de la Unión — Protocolo (n.º 7) sobre los privilegios y las inmunidades de la Unión Europea — Artículo 9 — Inmunidades reconocidas a los miembros del Parlamento Europeo — Inmunidad de desplazamiento — Inmunidades durante el período de sesiones — Ámbitos de aplicación personal, temporal y material de estas distintas inmunidades — Suspensión de la inmunidad por el Parlamento Europeo — Solicitud de suspensión de la inmunidad presentada por un tribunal nacional — Acta relativa a la elección de los diputados al Parlamento Europeo por sufragio universal directo — Artículo 5 — Mandato — Artículo 8 — Procedimiento electoral — Artículo 12 — Verificación de las credenciales de los diputados al Parlamento Europeo tras la proclamación oficial de los resultados electorales — Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea — Artículo 39, apartado 2 — Elección de los miembros del Parlamento Europeo por sufragio universal directo, libre y secreto — Derecho de sufragio pasivo
En el asunto C‑502/19, que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada, con arreglo al artículo 267 TFUE, por el Tribunal Supremo, mediante auto de 1 de julio de 2019, recibido en el Tribunal de Justicia el mismo día, en el proceso penal promovido contra Oriol Junqueras Vies, con intervención de: Ministerio Fiscal, Abogacía del Estado, Partido político VOX  (Curia.europa.eu, 19.12.2019)

Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Asunto C-450/18 (WA/Instituto Nacional de la Seguridad Social) de 12 de diciembre de 2019
Procedimiento prejudicial — Política social — Directiva 79/7/CEE — Igualdad de trato entre hombres y mujeres en materia de seguridad social — Artículo 4, apartados 1 y 2 — Artículo 7, apartado 1 — Cálculo de las prestaciones — Directiva 2006/54/CE — Igualdad de trato entre hombres y mujeres en asuntos de empleo y ocupación — Norma nacional que establece el derecho a un complemento de pensión para las mujeres que hayan tenido al menos dos hijos biológicos o adoptados y perciban una pensión contributiva por incapacidad permanente — No reconocimiento de este derecho a los hombres que se encuentren en una situación idéntica — Situación comparable — Discriminación directa por razón de sexo — Excepciones — Inexistencia
En el asunto C‑450/18, que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada, con arreglo al artículo 267 TFUE, por el Juzgado de lo Social n.º 3 de Gerona, mediante auto de 21 de junio de 2018, recibido en el Tribunal de Justicia el 9 de julio de 2018, en el procedimiento entre WA e Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) (Curia.europa.eu, 12.12.2019)

La Comisión Europea ha abierto una investigación exhaustiva para determinar si el plan de la Comunidad Valenciana consistente en conceder ayudas públicas por valor de 9 millones de euros a la compañía aérea regional Air Nostrum para la renovación de su flota es conforme con la normativa en materia de ayudas estatales de la UE.

Air Nostrum es una compañía aérea regional con sede en Valencia (España). En el marco de sus proyectos para estimular el desarrollo económico de la región, el Gobierno autonómico de la Comunidad Valenciana aprobó en 2018 la concesión a Air Nostrum de una subvención por un importe máximo de 3 millones de euros. Además, tiene la intención de conceder otra subvención por un importe máximo de 6 millones de euros durante el período 2019-2020. El objetivo de estas medidas es apoyar la renovación de la flota de la compañía aérea mediante la adquisición de aeronaves más respetuosas con el medio ambiente.

España sostiene que la medida entra en el ámbito de aplicación de las normas en materia de protección medioambiental del Reglamento general de exención por categorías (RGEC), por lo que no es necesario notificarla para su evaluación por la Comisión en virtud de las normas en materia de ayudas estatales. (RAPID, IP-19-6191, 29.10.2019)

La Comisión Europea ha decidido hoy remitir a Bulgaria y España ante el Tribunal de Justicia de la UE por la mala calidad del aire. Bulgariano respeta los valores límite de dióxido de azufre (SO2) y España no respeta los valores límite de dióxido de nitrógeno (NO2). Las decisiones de hoy forman parte de la acción reforzada de la Comisión para colaborar con los Estados miembros en la protección de la salud de los ciudadanos contra la mala calidad del aire, tal como se establece en la Comunicación de la Comisión «Una Europa que protege: Aire puro para todos» de mayo de 2018 (RAPID, IP/19/4256, 25.7.2019)

La Comisión Europea ha decidido hoy llevar a Grecia y España ante el Tribunal de Justicia de la UE por no transponer las normas de la UE sobre protección de datos personales (Directiva sobre protección de datos en el ámbito penal, Directiva (UE) 2016/680). En abril de 2016, el Consejo y el Parlamento Europeo acordaron que la Directiva debía incorporarse al Derecho nacional a más tardar el 6 de mayo de 2018. (RAPID, IP/19/4261, 25.7.2019)

Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Asunto C-72/18 (Daniel Ustariz Aróstegui/Departamento de Educación del Gobierno de Navarra) de 20 de junio de 2019
Procedimiento prejudicial — Política social — Directiva 1999/70/CE — Acuerdo Marco de la CES, la UNICE y el CEEP sobre el Trabajo de Duración Determinada — Cláusula 4, apartado 1 — Principio de no discriminación — Sector de la enseñanza pública — Normativa nacional que concede un complemento retributivo únicamente a los profesores funcionarios de carrera — Exclusión de los profesores contratados administrativos — Concepto de “razones objetivas” — Características inherentes a la condición de funcionario de carrera
En el asunto C‑72/18, que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada, con arreglo al artículo 267 TFUE, por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n.º 1 de Pamplona, mediante auto de 26 de enero de 2018, recibido en el Tribunal de Justicia el 5 de febrero de 2018, en el procedimiento entre Daniel Ustariz Aróstegui y Departamento de Educación del Gobierno de Navarra (Curia.europa.eu, 20.6.2019)

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