Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Asunto C-168/19 (HB v Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS)) Y C-169/19 (IC v INPS) de 30 de abril de 2020
Procedimiento prejudicial — Libre circulación de personas — Artículo 21 TFUE — Principio de no discriminación por razón de la nacionalidad — Artículo 18 TFUE — Convenio para evitar la doble imposición — Trabajadores del sector público — Jubilado que reside en un Estado miembro distinto de aquel que le abona una pensión de jubilación y que no tiene la nacionalidad del Estado miembro de residencia — Impuesto sobre la renta — Supuesta pérdida de beneficios fiscales — Supuesto obstáculo a la libertad de circulación y supuesta discriminación
En los asuntos acumulados C‑168/19 y C‑169/19, que tienen por objeto sendas peticiones de decisión prejudicial planteadas, con arreglo al artículo 267 TFUE, por la Corte dei conti — Sezione Giurisdizionale per la Regione Puglia (Tribunal de Cuentas, actuando como órgano jurisdiccional para la Región de Apulia, Italia), mediante resoluciones de 10 de julio de 2018, recibidas en el Tribunal de Justicia el 25 de febrero de 2019, en los procedimientos entre HB (C‑168/19), IC (C‑169/19) e Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) (Curia.europa.eu, 30.4.2020)

Los negociadores del Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión aprobaron esta noche las primeras normas a nivel de la UE para aumentar la accesibilidad de los sitios web y las aplicaciones móviles de los organismos del sector público, especialmente para las personas ciegas, sordas o con dificultades auditivas.

Internet se ha convertido en un medio esencial para acceder o permitir el acceso a información y servicios. Por ello, es más necesario que nunca garantizar que todo el mundo pueda comprender y manejar sitios web y aplicaciones móviles, así como interactuar adecuadamente con los mismos.

En la UE existen unos ochenta millones de personas con algún tipo de discapacidad. A medida que envejezca su población, la cifra aumentará hasta alcanzar los 120 millones en 2020. Es preciso establecer un enfoque común que garantice la accesibilidad a la red, lo que contribuiría a la consecución de una sociedad digital integradora y al despliegue de los efectos benéficos del Mercado único digital en beneficio de todos los ciudadanos europeos.

La Directiva cubrirá todos los sitios web y aplicaciones móviles del sector público, desde los de las administraciones, tribunales y servicios de policía a los de los hospitales, universidades y bibliotecas públicas, y hará que sean accesibles a todos los ciudadanos, en particular a los ciegos, los sordos o las personas con dificultades auditivas, visuales o funcionales. (RAPID, IP/16/1654, 3.5.2016)

Decisión 2015/2240 de 25 de noviembre de 2015, por la que se establece un programa relativo a las soluciones de interoperabilidad y los marcos comunes para las administraciones públicas, las empresas y los ciudadanos europeos (programa ISA2) como medio de modernización del sector público (DOUE L 318/01,  4.12.2015)

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