Documentos de la UE. CDE Universitat de València

Las instituciones de la UE han alcanzado un acuerdo político parcial en relación con el Fondo Europeo de Defensa, que debe ser aprobado formalmente por el Parlamento Europeo y el Consejo, que fomentará una base industrial innovadora y competitiva en el sector de la defensa y contribuirá a la autonomía estratégica de la UE.
En un mundo cada vez más inestable y en el que las amenazas transfronterizas para nuestra seguridad van en aumento, ningún país puede arreglárselas solo. De ahí que la Comisión Juncker esté realizando un esfuerzo sin precedentes por proteger y defender a los europeos. El Fondo Europeo de Defensa, que la Comisión propuso en junio de 2018 en el marco del presupuesto a largo plazo de la UE correspondiente a los años 2021-2027, forma parte de estas iniciativas destinadas a reforzar la capacidad de la UE para proteger a sus ciudadanos. (RAPID, IP/19/1269, 20.2.2019)

Tribunal de Cuentas Europeo. Informe Especial 01/2019. Lucha contra el fraude en el gasto de la UE: es necesario adoptar medidas (DOUE C 18//02, 15.1.2019)

Proteger los intereses financieros de la UE contra el fraude es una responsabilidad clave de la Comisión Europea. Las propias direcciones generales, las agencias ejecutivas de la Comisión y la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) trabajan con muchas otras organizaciones, entre las que se encuentran las autoridades de los Estados miembros y la futura Fiscalía Europea.

En esta auditoría del Tribunal se evaluó si la Comisión gestiona adecuadamente el riesgo de actividades fraudulentas en detrimento del presupuesto de la UE. El Tribunal constató que la Comisión no dispone de información completa y comparable sobre el nivel de fraude detectado en el gasto de la UE y hasta ahora no ha evaluado el fraude no detectado, ni ha realizado un análisis detallado de las causas por las que los actores económicos se dedican a actividades fraudulentas. Esto reduce el valor práctico y la eficiencia de los planes estratégicos de la Comisión para proteger los intereses financieros de la UE contra el fraude.

El enfoque actual, en el que la investigación administrativa de la OLAF sobre presunto fraude va seguida de una investigación criminal de carácter nacional, se prolonga demasiado en muchos casos, con la consiguiente reducción de las posibilidades de lograr el enjuiciamiento. Además, los informes finales de la OLAF a menudo no aportan suficiente información para iniciar el proceso de recuperación de fondos desembolsados indebidamente. Menos de la mitad de las investigaciones de la OLAF dieron lugar al enjuiciamiento de los presuntos defraudadores y se recuperó menos de una tercera parte de los fondos de la UE pagados indebidamente.

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