Recomendación de la Junta Europea de Riesgo Sistémico de 27 de mayo de 2020 sobre la vigilancia de las implicaciones para la estabilidad financiera de las moratorias de las deudas, de los planes públicos de garantía y de otras medidas de carácter fiscal adoptadas para proteger a la economía real frente a la pandemia de la COVID-19 (JERS/2020/8) (DOUE C 249/01, 29.7.2020)

La Comisión Europea está adoptando nuevas medidas contra Grecia, España, Italia y Eslovaquia para garantizar la correcta aplicación de la Directiva sobre morosidad (Directiva 2011/7/UE) y evitar que las empresas, especialmente las pequeñas y medianas (pymes), sufran pérdidas en estos países.

La comisaria Elżbieta Bieńkowska, responsable de Mercado Interior, Industria, Emprendimiento y Pymes, ha declarado: «La morosidad supone una carga importante para las empresas europeas, y especialmente par las pequeñas. Poder contar con el pago puntual de sus contratantes permite a las empresas realizar su trabajo y cumplir sus compromisos con sus clientes y empleados. Cuando pedimos a los Estados miembros que cumplan las reglas sobre morosidad, protegemos a las empresas y contribuimos a la competitividad de la UE».

La morosidad tiene efectos perniciosos para las empresas, puesto que afecta a su liquidez y flujo de caja, lo que complica su gestión financiera y merma su crecimiento. La Directiva sobre morosidad refuerza los derechos de los acreedores mediante el establecimiento de plazos de pago para las empresas y los poderes públicos que adquieren bienes o servicios. En caso de incumplimiento de esos plazos, otorga a las empresas el derecho a una compensación equitativa. Las administraciones públicas deben desempeñar un papel preponderante para desalentar la cultura de la morosidad, dando ejemplo y pagando a sus proveedores con puntualidad y transparencia. (RAPID, IP/17/239, 15.2.2017)

Europa avala el plan de pago a proveedores del Gobierno español. La abogada general del Tribunal de Justicia de la UE (TJUE), Eleanor Sharpston, defendió ayer que la directiva europea contra la morosidad en las operaciones comerciales 'no se El criterio favorable de la abogada general permite respirar al Gobierno español, que se enfrentaba al pago de unos 3.000 millones de euros 'equivalentes a casi tres décimas de PIB' a más de 230.000 proveedores por los intereses de demora devengados desde 2012 cuando se puso en marcha el plan de pago a proveedores. La decisión se produce en un momento en que la Comisión estudia si multa a España por el incumplimiento reiterado de los objetivos de déficit público. (El País, 13.5.2016)

Los casos de insolvencia suponen la pérdida de cuatrocientos cincuenta mil puestos de trabajo en la UE y unas deudas pendientes anuales de 23 600 millones de euros. El 57 % de las empresas de Europa, lo que supone un aumento del 10 % desde el año pasado, afirman tener problemas de liquidez a causa de la morosidad. Cada día, decenas de pequeñas y medianas empresas (PYME) se ven abocadas a la quiebra en toda Europa ante el impago de sus facturas. Para acabar con esta perniciosa cultura de la morosidad en Europa, Antonio Tajani, Vicepresidente de la Comisión Europea, ha iniciado hoy en Roma una campaña informativa, destinada a los veintisiete Estados miembros de la UE y Croacia, en la que se aboga por la rápida incorporación de la Directiva sobre morosidad a las legislaciones nacionales, incluso antes de la fecha límite del 16 de marzo de 2013. La Directiva 2011/7/UE, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, es el instrumento de la UE para combatir la morosidad en los pagos. Un objetivo particularmente importante de la campaña es asegurarse de que las PYME sepan qué nuevos derechos les concede la Directiva y cómo ejercerlos. (RAPID, IP/12/1071, 5.10.2012)

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