Documentos de la UE. CDE Universitat de València

Los Reglamentos de la UE que aclaran las disposiciones por las que se rigen los regímenes económicos de los matrimonios o las uniones registradas internacionales son aplicables desde hoy.

Los Reglamentos establecen normas claras para los casos de divorcio o fallecimiento, poniendo con ello fin al desarrollo de procedimientos paralelos y acaso contradictorios en varios Estados miembros, en relación, por ejemplo, con el patrimonio o las cuentas bancarias. En resumen, aportarán a las parejas internacionales una mayor claridad jurídica. La falta de unanimidad entre todos los Estados miembros ha supuesto que solo se apliquen en dieciocho de ellos: Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Chequia, Chipre, Croacia, Eslovenia, España, Finlandia, Francia, Grecia, Italia, Luxemburgo, Malta, Países Bajos, Portugal y Suecia. Los dieciocho Estados miembros que se han adherido a la cooperación reforzada reúnen al 70 % de la población de la UE y a la mayoría de las parejas internacionales que viven en la Unión Europea. Estos Estados miembros adoptaron los Reglamentos en junio de 2016 en el marco de la cooperación reforzada. Los demás Estados miembros pueden adherirse a ambos Reglamentos en cualquier momento. Los Estados miembros no participantes seguirán aplicando su legislación nacional (incluidas las disposiciones de Derecho internacional privado) a las situaciones transfronterizas que afecten a los regímenes económicos matrimoniales y a los efectos patrimoniales de las uniones registradas. (RAPID, IP/19/681, 29.1.2019)

La Comisión ha entablado hoy el debate sobre la reforma de la toma de decisiones en materia de política fiscal de la UE, que en la actualidad requiere la unanimidad de los Estados miembros. Esta unanimidad a menudo no puede lograrse para iniciativas fiscales cruciales y puede traducirse en costosos retrasos y en políticas que distan de ser óptimas. La Comunicación publicada hoy sugiere un plan de transición progresiva y específica hacia el sistema de votación por mayoría cualificada con arreglo al procedimiento legislativo ordinario en determinados ámbitos de la política de fiscalidad común de la UE, como ya es el caso para la mayoría de las demás políticas de la UE. Los Tratados de la UE prevén esta posibilidad.

Gracias a la votación por mayoría cualificada, los Estados miembros podrían alcanzar compromisos más rápidos, eficaces y democráticos en materia fiscal, aprovechando todo el potencial de este ámbito. Asimismo, con arreglo al procedimiento legislativo ordinario, las decisiones en materia de fiscalidad se beneficiarían de aportaciones concretas del Parlamento Europeo, con una mejor representación de las opiniones de los ciudadanos y una mayor rendición de cuentas. La Comisión no propone ninguna modificación de las competencias de la UE en el ámbito de la fiscalidad ni de los derechos de los Estados miembros a fijar los tipos del impuesto sobre la renta o sobre sociedades como consideren oportuno. En cambio, el objetivo es permitirles ejercer su soberanía, ya mancomunada, de forma más eficiente para poder hacer frente a los retos comunes con mayor rapidez. (RAPID, IP/19/225, 15.1.2019)

La Comisión Europea ha propuesto, en dos decisiones separadas, que Italia y España ajusten la tributación de sus puertos a las normas sobre ayudas estatales. La Comisión mantiene su compromiso con la garantía de unas condiciones de competencia equitativas en toda la UE para este sector económico clave.

La comisaria Margrethe Vestager, encargada de la política de competencia, ha declarado: «Los puertos son infraestructuras clave para el crecimiento económico y el desarrollo regional. Por ello, las normas de la UE sobre ayudas estatales permiten un amplio margen para que los Estados miembros apoyen a los puertos e inviertan en ellos. Al mismo tiempo, con el fin de garantizar una competencia leal en toda la UE, los puertos que generan beneficios a partir de sus actividades económicas deben tributar de la misma forma que otros operadores económicos, ni más ni menos.» La competencia transfronteriza desempeña un importante papel en el sector portuario y la Comisión está comprometida con la garantía de unas condiciones de competencia equitativas en este sector económico clave. (RAPID, IP/19/241, 8.1.2019)

Los países de la UE perdieron en 2016 casi 150 000 millones de euros en ingresos del impuesto sobre el valor añadido (IVA), según un nuevo estudio que publica hoy la Comisión Europea. La llamada «brecha del IVA» muestra la diferencia entre los ingresos previstos y realmente recaudados por este concepto. Aunque los Estados miembros han trabajado mucho por mejorar la recaudación del impuesto, las cifras publicadas indican que debe reformarse el sistema actual del IVA en la UE, lo que debe combinarse con una mayor cooperación en toda la UE para que los Estados miembros puedan aprovechar plenamente los ingresos del IVA en sus presupuestos.

En términos nominales, en 2016 la brecha del IVA se redujo en 10 500 millones de euros, hasta bajar a 147 100 millones de euros, lo que supone un descenso al 12,3 % del total de ingresos por IVA, frente a un 13,2 % el año anterior. Aún así, la situación varía significativamente según el Estado miembro. En 22 Estados miembros se redujo la brecha del IVA. Bulgaria, Letonia, Chipre y los Países Bajos registraron excelentes resultados, con reducciones de las pérdidas de IVA de más de cinco puntos porcentuales en cada caso. Por el contrario, en seis Estados miembros la brecha aumentó: Rumanía, Finlandia, Reino Unido, Irlanda, Estonia y Francia.

Aunque en el conjunto de la UE la recaudación y administración del IVA hayan mejorado mucho, ahora los Estados miembros deben seguir avanzando y acordar cuanto antes una reforma mucho más amplia, que reduzca el fraude en materia de IVA en el sistema de la UE, tal como ya propuso el año pasado la Comisión. Esta reforma integral mejoraría y modernizaría el sistema en beneficio tanto de los gobiernos como de las empresas, lo que haría el sistema más sólido y fácil de aplicar para estas últimas. (RAPID, IP/18/5787, 21.9.2018)

Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.  Asunto C-128/16 P (Comisión/España y otros) de 25 de julio de 2018
Recurso de casación — Ayudas de Estado — Artículo 107 TFUE, apartado 1 — Régimen fiscal aplicable a determinados acuerdos de arrendamiento financiero para la adquisición de buques (sistema español de arrendamiento fiscal) — Identificación de los beneficiarios de la ayuda — Requisito de selectividad — Distorsión de la competencia y afectación de los intercambios comerciales entre Estados miembros — Obligación de motivación
En el asunto C‑128/16 P, que tiene por objeto un recurso de casación interpuesto, con arreglo al artículo 56 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el 29 de febrero de 2016, Comisión Europea, representada por los Sres. V. Di Bucci y E. Gippini Fournier y la Sra. P. Němečková, en calidad de agentes, parte recurrente, y en el que las otras partes en el procedimiento son: Reino de España, representado por el Sr. M.A. Sampol Pucurull, en calidad de agente, Lico Leasing, S.A., con domicilio social en Madrid, Pequeños y Medianos Astilleros Sociedad de Reconversión, S.A., con domicilio social en Madrid, representadas por el Sr. M. Merola, avvocato, y el Sr. M. Sánchez, abogado, partes demandantes en primera instancia, Bankia, S.A., con domicilio social en Valencia, Asociación Española de Banca, con domicilio social en Madrid, Unicaja Banco, S.A., con domicilio social en Málaga, Liberbank, S.A., con domicilio social en Madrid, Banco de Sabadell, S.A., con domicilio social en Sabadell (Barcelona), Banco Gallego, S.A., con domicilio social en Santiago de Compostela (A Coruña), Catalunya Banc, S.A., con domicilio social en Barcelona, Caixabank, S.A., con domicilio social en Barcelona, Banco Santander, S.A., con domicilio social en Santander (Cantabria), Santander Investment, S.A., con domicilio social en Boadilla del Monte (Madrid), Naviera Séneca, A.I.E., con domicilio social en Las Palmas de Gran Canaria (Las Palmas), Industria de Diseño Textil, S.A., con domicilio social en Arteixo (A Coruña), Naviera Nebulosa de Omega, A.I.E., con domicilio social en Las Palmas de Gran Canaria (Las Palmas), Banco Mare Nostrum, S.A., con domicilio social en Madrid, Abanca Corporación Bancaria, S.A., con domicilio social en Betanzos (A Coruña), Ibercaja Banco, S.A., con domicilio social en Zaragoza, Banco Grupo Cajatres, S.A.U., con domicilio social en Zaragoza, Naviera Bósforo, A.I.E., con domicilio social en Las Palmas de Gran Canaria (Las Palmas), Joyería Tous, S.A., con domicilio social en Lleida, Corporación Alimentaria Guissona, S.A., con domicilio social en Guissona (Lleida), Naviera Muriola, A.I.E., con domicilio social en Madrid, Poal Investments XXI, S.L., con domicilio social en San Sebastián de los Reyes (Madrid), Poal Investments XXII, S.L., con domicilio social en San Sebastián de los Reyes (Madrid), Naviera Cabo Vilaboa C‑1658, A.I.E., con domicilio social en Madrid, Naviera Cabo Domaio C‑1659, A.I.E., con domicilio social en Madrid, Caamaño Sistemas Metálicos, S.L., con domicilio social en Culleredo (A Coruña), Blumaq, S.A., con domicilio social en La Vall d’Uixó (Castellón), Grupo Ibérica de Congelados, S.A., con domicilio social en Vigo (Pontevedra), RNB, S.L., con domicilio social en La Pobla de Vallbona (Valencia), Inversiones Antaviana, S.L., con domicilio social en Paterna (Valencia), Banco de Caja España de Inversiones, Salamanca y Soria, S.A.U., con domicilio social en Madrid, Banco de Albacete, S.A., con domicilio social en Boadilla del Monte (Madrid), Bodegas Muga, S.L., con domicilio social en Haro (La Rioja), representadas por los Sres. J.L. Buendía Sierra, E. Abad Valdenebro, R. Calvo Salinero y A. Lamadrid de Pablo, abogados, Aluminios Cortizo S.A.U., con domicilio social en Padrón (A Coruña), representada por el Sr. A. Beiras Cal, abogado, partes coadyuvantes en casación (Curia.europa.eu, 25.7.2018)

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