Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Asunto C-824/18 (A.B. y otros (Nombramiento de jueces al Tribunal Supremo — Recursos)) de 2 de marzo de 2021
Procedimiento prejudicial — Artículos 2 TUE y 19 TUE, apartado 1, párrafo segundo — Estado de Derecho — Tutela judicial efectiva — Principio de independencia judicial — Procedimiento de nombramiento de los jueces del Sąd Najwyższy (Tribunal Supremo, Polonia) — Nombramiento por el Presidente de la República de Polonia sobre la base de una resolución del Consejo Nacional del Poder Judicial — Falta de independencia de este Consejo — Carencia de efectividad del recurso judicial que puede interponerse contra dicha resolución — Sentencia del Trybunał Konstytucyjny (Tribunal Constitucional, Polonia) por la que se deroga la disposición en que se fundamenta la competencia del órgano jurisdiccional remitente — Adopción de legislación por la que se decreta el sobreseimiento por mandato legal de asuntos pendientes de resolución y se excluye para el futuro cualquier recurso judicial en tales asuntos — Artículo 267 TFUE — Facultad u obligación de los órganos jurisdiccionales nacionales de plantear una remisión prejudicial y de mantenerla — Artículo 4 TUE, apartado 3 — Principio de cooperación leal — Primacía del Derecho de la Unión — Facultad para dejar inaplicadas las disposiciones nacionales que no sean conformes con el Derecho de la Unión
En el asunto C‑824/18, que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada, con arreglo al artículo 267 TFUE, por el Naczelny Sąd Administracyjny (Tribunal Supremo de lo Contencioso-Administrativo, Polonia), mediante resolución de 21 de noviembre de 2018, recibida en el Tribunal de Justicia el 28 de diciembre de 2018 y completada mediante resolución de 26 de junio de 2019, recibida en el Tribunal de Justicia el 5 de julio de 2019, en el procedimiento entre A.B., C.D., E.F., G.H., I.J. y Krajowa Rada Sądownictwa, con intervención de: Prokurator Generalny, Rzecznik Praw Obywatelskich (Curia.europa.eu, 2.3.2021)

Jueves, 03 Diciembre 2020 12:35

Plan de Acción para la Democracia Europea

La Comisión Europea presenta hoy su Plan de Acción para la Democracia Europea destinado a empoderar a los ciudadanos y construir democracias más resilientes en toda la UE. El Plan de Acción establece medidas para promover unas elecciones libres y justas, reforzar la libertad de los medios de comunicación y luchar contra la desinformación, haciendo frente a los desafíos que se plantean a nuestros sistemas democráticos, desde el auge del extremismo hasta la impresión de distanciamiento entre las personas y los políticos. Más concretamente, la Comisión propondrá medidas de carácter jurídico sobre la publicidad política dirigidas a los patrocinadores de contenidos de pago y los canales de producción y distribución, incluidas las plataformas en línea, los anunciantes y las consultorías políticas, aclarando sus respectivas responsabilidades. La Comisión también recomendará medidas para abordar la seguridad de los periodistas y presentará una iniciativa para protegerlos de las demandas estratégicas contra la participación pública (SLAPP por sus siglas en inglés). Por último, la Comisión se dirigirá la labor de revisión del vigente Código de buenas prácticas en materia de desinformación, reforzando los requisitos para las plataformas en línea e introduciendo un seguimiento y una supervisión rigurosos. | RAPID, IP/20/2250, 3.12.2020

María Jesús García García
Democracia participativa y elaboración de normas europeas en el contexto de una legislación inteligente
Granada: Editorial Comares, S.L. 2019
El recurso a la participación ciudadana para legitimar democráticamente las normas europeas ha de situarse en el contexto de una política regulatoria que aboga por racionalizar la elaboración de actos legislativos, considerando que no se trata de legislar más, sino mejor. Precisamente, la participación de los ciudadanos en los procesos de producción normativa es uno de los elementos que caracterizan esta regulación de segunda generación, dirigida a la producción de normas cuya aprobación ha sido planificada de antemano, que pretenden ser efectivas y eficaces al incidir sobre cuestiones que realmente necesitan de una regulación europea, que tratan de anticipar sus efectos sobre el sector sobre el que se proyectan, y que están sometidas a un continuo proceso de evaluación durante su vigencia para detectar aquellos contendidos que pueden ser mejorados o que han devenido obsoletos o excesivamente gravosos. El resultado es la llamada legislación inteligente, que hace uso de los mecanismos de la democracia participativa y los remodela y adapta a sus necesidades y objetivos, integrándolos en los procedimientos de elaboración de normas. En este trabajo se analizan los citados mecanismos, se valora su eficacia práctica y su repercusión en el ordenamiento jurídico, poniendo de manifiesto los problemas y carencias que impiden y dificultan su completa efectividad o los distraen del objetivo principal para el que fueron concebidos, al tiempo que se realizan propuestas dirigidas a reformular su tratamiento jurídico para adecuarlos a su finalidad primigenia.

026 CDE

Una nueva encuesta del Eurobarómetro sobre la democracia y la ciudadanía de la UE, publicada hoy por la Comisión Europea, pone de manifiesto que la inmensa mayoría de los europeos (el 91 %) está familiarizado con la expresión «ciudadano de la Unión Europea». Se trata del mayor grado de conocimiento desde 2007 y representa una subida constante desde el 87 % registrado en 2015. Casi todos los europeos están bien informados de sus derechos electorales, tanto a nivel nacional como europeo. La Comisión Europea también ha iniciado hoy una consulta pública sobre los derechos de la ciudadanía de la UE. | RAPID, IP/20/1293, 9.7.2020

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