Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Asunto C-280/18 (Flausch y otros) de 7 de noviembre de 2019
Procedimiento prejudicial — Medio ambiente — Evaluación de las repercusiones de determinados proyectos sobre el medio ambiente — Participación del público en la toma de decisiones y acceso a la justicia — Inicio de los plazos para recurrir
En el asunto C‑280/18, que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada, con arreglo al artículo 267 TFUE, por el Symvoulio tis Epikrateias (Consejo de Estado, Grecia), mediante resolución de 21 de marzo de 2018, recibida en el Tribunal de Justicia el 24 de abril de 2018, en el procedimiento entre Alain Flausch, Andrea Bosco, Estienne Roger Jean Pierre Albrespy, Somateio «Syndesmos Iiton», Somateio «Elliniko Diktyo — Filoi tis Fysis», Somateio «Syllogos Prostasias kai Perithalpsis Agrias Zois — SPPAZ» e Ypourgos Perivallontos kai Energeias, Ypourgos Oikonomikon, Ypourgos Tourismou, Ypourgos Naftilias kai Nisiotikis Politikis (Curia.europa.eu, 7.11.2019)

La Comisión Europea ha adoptado hoy un documento de orientación sobre el acceso a la justicia en materia de medio ambiente que aclara cómo los particulares y las asociaciones pueden impugnar ante los órganos jurisdiccionales nacionales decisiones, actos y omisiones de las autoridades públicas vinculados a la legislación medioambiental de la UE.

La Comisión Juncker ha dado un paso adelante con la publicación de estas orientaciones, pues ofrece a los ciudadanos las directrices necesarias para que puedan acceder mejor a los sistemas judiciales nacionales. Las orientaciones tienen como finalidad ayudar a los particulares y las organizaciones no gubernamentales a decidir si recurren a los órganos jurisdiccionales nacionales. Por su parte, los órganos jurisdiccionales nacionales pueden valerse de las orientaciones para ayudar a determinar todas las causas del Tribunal de Justicia de la UE que deben tener en cuenta cuando se enfrenten a cuestiones relacionadas con el acceso a la justicia en asuntos medioambientales. Gracias a estas orientaciones, las administraciones nacionales pueden percatarse de las posibles deficiencias de sus sistemas judiciales y las empresas pueden percibir con mayor claridad qué derechos y obligaciones de la UE están en juego en las decisiones, actos y omisiones que les afecten. (RAPID, IP/17/1114, 28.4.2017)

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