Documentos. CDE Universitat de València

La Comisión Europea va a abrir un proceso de reflexión sobre el Estado de Derecho en la Unión Europea y posibles vías para futuras acciones. La Comunicación presentada hoy hace balance de las herramientas disponibles para supervisar, evaluar y proteger el Estado de Derecho en la Unión. También estudia la experiencia de los últimos años para poder entablar un debate europeo más amplio sobre la manera en que se podría seguir consolidando el Estado de Derecho. Concretamente, la experiencia adquirida sugiere la necesidad de una mejor promoción del Estado de Derecho, una prevención temprana de los riesgos del Estado de Derecho o de sus vulneraciones, y una respuesta eficaz cuando se planteen estos problemas en la Unión. (RAPID, IP/19/1937, 3.4.2019)

La Comisión Europea ha adoptado hoy la decisión de registrar una Iniciativa Ciudadana Europea denominada «Respeto del Estado de derecho en la Unión Europea». Con ella se pretende crear un «mecanismo objetivo e imparcial de evaluación que permita comprobar la aplicación de los valores de la Unión Europea por todos los Estados miembros». En concreto, los organizadores instan a la Comisión a que «promulgue legislación de carácter general […] destinada a comprobar la aplicación práctica de las disposiciones nacionales relativas al Estado de derecho». Además, los organizadores aspiran a «facilitar la efectiva aplicación de la legislación europea sobre cooperación judicial en materia penal (en particular, la orden europea de detención y entrega) y a consolidar el papel de la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea.

La decisión de registrar la iniciativa «Respeto del Estado de derecho» coincide con la apertura, hoy, de un proceso de reflexión por parte de la Comisión Europea sobre el refuerzo de la primacía de la ley en la Unión Europea (cuyo material de prensa puede consultarse aquí) conforme a lo anunciado en el Programa de trabajo de la Comisión para 2019. La Comunicación consultiva hecha pública hoy irá seguida en el mes de junio de una iniciativa más enfocada al futuro. De conformidad con los Tratados, la Comisión puede proponer actos jurídicos dirigidos a evaluar la aplicación por los Estados miembros de las políticas de la Unión relativas al espacio de libertad, seguridad y justicia y a reforzar el papel de la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. La Comisión ha considerado, por consiguiente, que la iniciativa es jurídicamente admisible, de forma que ha decidido inscribirla en el registro. En esta fase del proceso, la Comisión aún no ha analizado el fondo de la iniciativa, sino solamente su admisibilidad jurídica.

El registro de esta iniciativa se producirá el 8 de abril de 2019, momento que dará comienzo a un proceso de recogida de firmas de apoyo por parte de sus organizadores que durará un año. En caso de que, en ese plazo de un año, la iniciativa recabe un millón de declaraciones de apoyo procedentes de al menos siete Estados miembros diferentes, la Comisión deberá analizarla y pronunciarse al respecto en un plazo de tres meses. La Comisión podrá decidir dar curso o no a la solicitud, pero en ambos casos deberá motivar su decisión. (RAPID, IP/19/1937, 3.4.2019)

«Cada año en esta fecha conmemoramos a las víctimas de todos los regímenes totalitarios y recordamos con pesar las terribles consecuencias del Pacto Molotov-Ribbentrop, firmado el 23 de agosto de 1939 entre la Alemania nazi y la Unión Soviética. El pacto hundió aún más a Europa en uno de sus períodos más sombríos. Millones de personas fueron asesinadas y generaciones de europeos quedaron marcadas. Tenemos el deber de conservar los nombres de los millones de perseguidos y de mantener viva su memoria. Especialmente porque hoy, 79 años después, nuestros valores comunes de dignidad humana, derechos fundamentales, Estado de derecho y democracia tienen que vérselas de nuevo con la retórica extremista, nacionalista y divisoria. Conservando y trasmitiendo la memoria de las atrocidades cometidas en el pasado a la siguiente generación de europeos, contribuimos a vacunarnos para que no se repitan y recordamos la importancia de defender los derechos humanos de todo europeo. Tenemos que seguir contando la historia de lo que ocurrió en Europa en el pasado, para que no cometamos los mismos errores en el futuro». (RAPID, IP/18/4621, 23.8.2018)

La Comisión ha iniciado hoy un procedimiento de infracción con el envío de una carta de emplazamiento a Polonia en relación con la Ley del Tribunal Supremo de ese país. El 3 de julio, 27 de los 72 magistrados del Tribunal Supremo —más de uno de cada tres magistrados— correrán el riesgo de verse obligados a jubilarse, debido a que la nueva Ley del Tribunal Supremo polaca baja la edad jubilación de los magistrados del Tribunal Supremo de 70 a 65 años. Esta medida se aplica también al primer presidente del Tribunal Supremo, cuyo mandato de seis años se vería prematuramente interrumpido. De acuerdo con la Ley, se ofrece a los actuales magistrados la posibilidad de declarar su voluntad de obtener del presidente de la República una prolongación de su mandato, que este puede conceder por un periodo de tres años y renovar una vez. No hay criterios establecidos a los que deba atenerse la decisión del presidente ni posibilidad de recurrir judicialmente esta decisión. La Comisión opina que estas medidas socavan el principio de la independencia del poder judicial, incluida la inamovilidad de jueces y magistrados, y en consecuencia Polonia incumple sus obligaciones en virtud del artículo 19, apartado 1, del Tratado de la Unión Europea, leído en relación con el artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. (RAPID, IP/18/4341, 2.7.2018)

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