Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Asuntos acumulados C-558/18 y C-563/18 (Miasto Łowicz y Prokurator Generalny) de 26 de marzo de 2020
Procedimiento prejudicial — Artículo 19 TUE, apartado 1, párrafo segundo — Estado de Derecho — Tutela judicial efectiva en los ámbitos cubiertos por el Derecho de la Unión — Principio de independencia judicial — Régimen disciplinario aplicable a los jueces nacionales — Competencia del Tribunal de Justicia — Artículo 267 TFUE — Admisibilidad — Interpretación necesaria para que el órgano jurisdiccional remitente pueda emitir su fallo — Concepto
En los asuntos acumulados C‑558/18 y C‑563/18, que tienen por objeto sendas peticiones de decisión prejudicial planteadas, con arreglo al artículo 267 TFUE, por el Sąd Okręgowy w Łodzi (Tribunal Regional de Łódź, Polonia) (C‑558/18) y por el Sąd Okręgowy w Warszawie (Tribunal Regional de Varsovia, Polonia) (C‑563/18), mediante resoluciones de 31 de agosto de 2018 y de 4 de septiembre de 2018, recibidas en el Tribunal de Justicia, respectivamente, el 3 de septiembre de 2018 y el 5 de septiembre de 2018, en el procedimiento entre Miasto Łowicz y Skarb Państwa — Wojewoda Łódzki, con intervención de: Prokurator Generalny, representado por la Prokuratura Krajowa, anteriormente Prokuratura Regionalna w Łodzi, Rzecznik Praw Obywatelskich (C‑558/18) (Curia.europa.eu, 26.3.2020)

Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Asunto C-192/18 (Comisión/Polonia) de 24 de octubre de 2019
Incumplimiento de Estado — Artículo 19 TUE, apartado 1, párrafo segundo — Estado de Derecho — Tutela judicial efectiva en los ámbitos cubiertos por el Derecho de la Unión — Principios de inamovilidad y de independencia judicial — Reducción de la edad de jubilación de los jueces de los tribunales ordinarios polacos — Posibilidad de continuar ejerciendo la función jurisdiccional una vez alcanzada la nueva edad de jubilación supeditada a la autorización del ministro de Justicia — Artículo 157 TFUE — Directiva 2006/54/CE — Artículos 5, letra a), y 9, apartado 1, letra f) — Prohibición de las discriminaciones por razón de sexo en materia de retribución, empleo y ocupación — Establecimiento de edades de jubilación diferentes para las mujeres y los hombres que desempeñan el cargo de juez en los tribunales ordinarios polacos y en el Sąd Najwyższy (Tribunal Supremo, Polonia) o el cargo de fiscal
En el asunto C‑192/18, que tiene por objeto un recurso por incumplimiento interpuesto, con arreglo al artículo 258 TFUE, el 15 de marzo de 2018, Comisión Europea, representada por las Sras. A. Szmytkowska, K. Banks y C. Valero y el Sr. H. Krämer, en calidad de agentes, parte demandante, contra República de Polonia, representada por el Sr. B. Majczyna y las Sras. K. Majcher y S. Żyrek, en calidad de agentes, asistidos por el Sr. W. Gontarski, avocat. parte demandada (Curia.europa.eu, 5.11.2019)

Miércoles, 17 Julio 2019 10:41

Refuerzo del el Estado de Derecho en Europa

Basándose en la experiencia adquirida desde 2014 y en las consultas detalladas efectuadas desde abril de este año, la Comisión ha decidido hoy una serie de medidas de refuerzo del Estado de Derecho en la UE. En los últimos cinco años, la Comisión Europea ha tenido que hacer frente a una serie de desafíos relacionados con el Estado de Derecho en la Unión Europea. El proyecto europeo depende del respeto constante del Estado de Derecho. Se trata de un requisito previo para que los ciudadanos disfruten de sus derechos en virtud de la legislación de la UE y para que haya una confianza mutua entre los Estados miembros. Según una encuesta de opinión pública del Eurobarómetro publicada hoy, más del 80 % de los ciudadanos conceden gran importancia al respeto del Estado de Derecho y consideran que debe mejorarse. El 89 % de los ciudadanos consideran necesario que se respete el Estado de Derecho en todos los demás Estados miembros de la UE. (RAPID, IP/19/4169, 17.7.2019)

Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Asunto C-619/18 (Comisión/Polonia) de 24 de junio de 2019
Incumplimiento de Estado — Artículo 19 TUE, apartado 1, párrafo segundo — Estado de Derecho — Tutela judicial efectiva en los ámbitos cubiertos por el Derecho de la Unión — Principios de inamovilidad y de independencia judicial — Reducción de la edad de jubilación de los jueces del Tribunal Supremo — Aplicación a los jueces en activo — Posibilidad de continuar ejerciendo la función jurisdiccional una vez alcanzada esa edad supeditada a la obtención de una autorización mediante decisión discrecional del Presidente de la República
En el asunto C‑619/18, que tiene por objeto un recurso por incumplimiento interpuesto, con arreglo al artículo 258 TFUE, el 2 de octubre de 2018, Comisión Europea, representada por la Sra. K. Banks y los Sres. H. Krämer y S. L. Kalėda, en calidad de agentes, parte demandante, contra República de Polonia, representada por el Sr. B. Majczyna y las Sras. K. Majcher y S. Żyrek, en calidad de agentes, parte demandada, apoyada por: Hungría, representada por el Sr. M.Z. Fehér, en calidad de agente, parte coadyuvante (Curia.europa.eu, 24.6.2019)

La Comisión Europea va a abrir un proceso de reflexión sobre el Estado de Derecho en la Unión Europea y posibles vías para futuras acciones. La Comunicación presentada hoy hace balance de las herramientas disponibles para supervisar, evaluar y proteger el Estado de Derecho en la Unión. También estudia la experiencia de los últimos años para poder entablar un debate europeo más amplio sobre la manera en que se podría seguir consolidando el Estado de Derecho. Concretamente, la experiencia adquirida sugiere la necesidad de una mejor promoción del Estado de Derecho, una prevención temprana de los riesgos del Estado de Derecho o de sus vulneraciones, y una respuesta eficaz cuando se planteen estos problemas en la Unión. (RAPID, IP/19/1937, 3.4.2019)

La Comisión Europea ha adoptado hoy la decisión de registrar una Iniciativa Ciudadana Europea denominada «Respeto del Estado de derecho en la Unión Europea». Con ella se pretende crear un «mecanismo objetivo e imparcial de evaluación que permita comprobar la aplicación de los valores de la Unión Europea por todos los Estados miembros». En concreto, los organizadores instan a la Comisión a que «promulgue legislación de carácter general […] destinada a comprobar la aplicación práctica de las disposiciones nacionales relativas al Estado de derecho». Además, los organizadores aspiran a «facilitar la efectiva aplicación de la legislación europea sobre cooperación judicial en materia penal (en particular, la orden europea de detención y entrega) y a consolidar el papel de la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea.

La decisión de registrar la iniciativa «Respeto del Estado de derecho» coincide con la apertura, hoy, de un proceso de reflexión por parte de la Comisión Europea sobre el refuerzo de la primacía de la ley en la Unión Europea (cuyo material de prensa puede consultarse aquí) conforme a lo anunciado en el Programa de trabajo de la Comisión para 2019. La Comunicación consultiva hecha pública hoy irá seguida en el mes de junio de una iniciativa más enfocada al futuro. De conformidad con los Tratados, la Comisión puede proponer actos jurídicos dirigidos a evaluar la aplicación por los Estados miembros de las políticas de la Unión relativas al espacio de libertad, seguridad y justicia y a reforzar el papel de la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. La Comisión ha considerado, por consiguiente, que la iniciativa es jurídicamente admisible, de forma que ha decidido inscribirla en el registro. En esta fase del proceso, la Comisión aún no ha analizado el fondo de la iniciativa, sino solamente su admisibilidad jurídica.

El registro de esta iniciativa se producirá el 8 de abril de 2019, momento que dará comienzo a un proceso de recogida de firmas de apoyo por parte de sus organizadores que durará un año. En caso de que, en ese plazo de un año, la iniciativa recabe un millón de declaraciones de apoyo procedentes de al menos siete Estados miembros diferentes, la Comisión deberá analizarla y pronunciarse al respecto en un plazo de tres meses. La Comisión podrá decidir dar curso o no a la solicitud, pero en ambos casos deberá motivar su decisión. (RAPID, IP/19/1937, 3.4.2019)

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