Se ha cumplido un año desde que la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE se hizo jurídicamente vinculante – en primer lugar para las instituciones de la UE (Parlamento Europeo, Consejo y Comisión Europea) cuando elaboran nuevas leyes europeas, pero también para las autoridades nacionales cuando aplican el Derecho de la UE. Como parte de su labor para hacer que los derechos fundamentales sean una realidad para los ciudadanos en la UE, la Comisión Europea ha elaborado un primer informe sobre cómo se está aplicando la Carta. El Informe anual sobre la aplicación de la Carta pone de manifiesto que los derechos fundamentales revisten importancia para toda una amplia gama de políticas – de la protección de datos a la inmigración y el asilo – y que la Carta suscita un elevado interés entre la opinión pública. No obstante, el informe también pone de relieve el hecho de que con frecuencia la Carta se malinterpreta. En 2010, la Comisión recibió más de 4 000 cartas de ciudadanos relacionadas con los derechos fundamentales. Aproximadamente tres cuartas partes de ellas se referían a asuntos que no entraban en el ámbito de aplicación del Derecho de la UE. Por añadidura, según un estudio reciente del Defensor del Pueblo Europeo, el 72 % de los europeos consideran que no están bien informados sobre la Carta (EO/11/6). El presente informe supone un primer paso para hacer frente a estos retos, aclarando en qué casos se aplica la Carta y en qué casos no se aplica. Esto facilitará el acceso de los ciudadanos a la justicia. El informe debe ayudarles a decidir a quién tienen que dirigirse cuando consideren que una institución de la UE o una autoridad nacional ha vulnerado sus derechos fundamentales. Así pues, el informe anual se inscribe en la estrategia de la Comisión para garantizar la aplicación efectiva de los derechos fundamentales de modo que los ciudadanos puedan hacerlos valer en la práctica (véase IP/10/1348). (RAPID, IP/11/386, 31.3.2011)

Silvio Gambino
Jurisdicción y justicia entre Tratado de Lisboa, Convenio Europeo de Derechos Humanos y ordenamientos nacionales
Revista de Derecho Constitucional Europeo. # Número 13. Enero/Junio 2010

El presente estudio pretende analizar el proceso de institucionalización y desarrollo de un Derecho constitucional comunitario del poder/orden judicial. Con tal fin, el autor desarrolla un análisis sistemático desde una perspectiva multinivel y comparativa de protección de los derechos fundamentales. Objeto de tal estudio son las siguientes fuentes: el Derecho constitucional comunitario tras las modificaciones aportadas por el Tratado de Lisboa, que incorpora la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (CDFUE) y establece la adhesión de la UE al Convenio Europeo para la protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales (CEDH), el Derecho convencional-internacional, con una atención especial al CEDH, las derivaciones nacionales de tal constitucionalismo y las tradiciones constitucionales comunes a los Estados miembros, que en virtud de la reformulación jurisprudencial realizada por el TJUE, han adquirido el valor de principios generales del Derecho. El objetivo es contribuir a la creación de un Derecho constitucional comunitario propio del poder/orden judicial con respecto tanto a los principios generales de tal orden como al derecho a la tutela judicial efectiva y a un proceso debido y, con ello, a un sistema de protección de los derechos fundamentales verdaderamente europeo.
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Sentencia del Tribunal de Justicia. Asuntos acumulados C‑92/09 y C‑93/09, de 9 de noviembre de 2010 (Volker und Markus Schecke GbR (C‑92/09), Hartmut Eifert (C‑93/09) y Land Hessen, en los que participa: Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung).
Protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales – Publicación de información sobre los beneficiarios de ayudas agrícolas – Validez de las disposiciones del Derecho de la Unión que establecen dicha publicación y determinan sus modalidades – Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea – Artículos 7 y 8 – Directiva 95/46/CE – Interpretación de los artículos 18 y 20.
En los asuntos acumulados C‑92/09 y C‑93/09, que tienen por objeto sendas peticiones de decisión prejudicial planteadas, con arreglo al artículo 234 CE, por el Verwaltungsgericht Wiesbaden (Alemania), mediante resoluciones de 27 de febrero de 2009, recibidas en el Tribunal de Justicia el 6 de marzo de 2009, en los litigios entre Volker und Markus Schecke GbR (C‑92/09), Hartmut Eifert (C‑93/09) y Land Hessen, en los que participa: Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung, (Curia.europa.eu, 9.11.2010)

La Comisión Europea ha adoptado hoy una estrategia para garantizar que la Carta de Derechos Fundamentales (jurídicamente vinculante desde la entrada en vigor del Tratado de Lisboa) se aplique definitivamente. La Comisión verificará que toda la legislación de la UE respete los principios de la Carta en cada etapa del proceso legislativo, desde los primeros trabajos preparatorios de la Comisión hasta la adopción por el Parlamento Europeo y el Consejo y su posterior aplicación por los Estados miembros. La Comisión informará a los ciudadanos sobre cuándo puede intervenir en cuestiones relativas a los derechos fundamentales y publicará un informe anual sobre la aplicación de la Carta con el fin de controlar los avances realizados. La Comisión responde así a la petición del Parlamento Europeo. (RAPID, IP/10/1348, 19.10.2010)

Desde el caso del turista italiano implicado en un accidente de tráfico en Suecia al que no se le permitió hablar con un abogado de lengua italiana durante el juicio, pasando por el del ciudadano polaco que no pudo disponer de traducciones escritas de los cargos que se le imputaban en un tribunal francés, los obstáculos imprevistos pueden estar en el origen de condenas injustas en procedimientos judiciales en otros Estados miembros de la UE. La Comisión Europea ha presentado hoy una propuesta legislativa para que los ciudadanos puedan ver garantizado su derecho a un juicio justo en cualquier punto de la UE aunque no comprendan la lengua del procedimiento. Los países de la UE estarían obligados a suministrar servicios completos de interpretación y traducción a los encausados. Se trata de la primera de una serie de medidas con el fin de establecer un conjunto de normas comunes de la UE en materia penal. El nuevo Tratado de Lisboa otorga a la UE la capacidad de adoptar medidas para reforzar los derechos de los ciudadanos de la UE, de acuerdo con la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE. (RAPID, IP/10/249, 9.3.2010)

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