Tribunal de Cuentas. Informe Especial 06/2020. Movilidad urbana sostenible en la UE: No es posible una mejora sustancial sin el compromiso de los Estados miembros (DOUE C 81/03, 11.3.2020)

La movilidad urbana sostenible es uno de los principales retos que afrontan las ciudades de la UE y un motivo de preocupación para muchos de sus ciudadanos. El transporte por carretera es una de las principales causas de la contaminación atmosférica y de las emisiones de gases con efecto invernadero en zonas urbanas, y los costes de la congestión para la sociedad ascienden a aproximadamente 270 000 millones de euros al año.

En 2013, la Comisión emitió un paquete de movilidad urbana y proporcionó más financiación para un transporte urbano limpio de alrededor de 13 000 millones para el período 2014-2020 con el fin de hacerlo más sostenible. Basándonos en el trabajo de auditoría en la Comisión y en ocho ciudades de Alemania, Italia, Polonia y España, no hallamos indicios de que las ciudades de la UE estén cambiando fundamentalmente sus enfoques ni observamos ninguna tendencia clara hacia unos modos de transporte más sostenibles. Recomendamos que la Comisión recopile y publique más datos de los Estados miembros sobre movilidad urbana y que vincule el acceso a la financiación a la existencia de planes de movilidad urbana sólidos.

La Comisión Europea ha tomado hoy un conjunto de medidas para modernizar la movilidad y el transporte europeos. El objetivo consiste en ayudar al sector a mantener su competitividad en una transición socialmente justa hacia la energía limpia y la digitalización. «Europa en movimiento» es un conjunto de iniciativas de amplio alcance que harán más seguro el tráfico, fomentarán una tarificación más justa del uso de las carreteras, reducirán las emisiones de CO2 , la contaminación del aire y la congestión, aliviarán la carga burocrática de las empresas, combatirán el empleo ilícito y garantizarán unas condiciones y unos tiempos de descanso adecuados a los trabajadores. Los beneficios de esas medidas a largo plazo se extenderán mucho más allá del sector del transporte, ya que promoverán el empleo, el crecimiento y la inversión, reforzarán la justicia social, ampliarán la capacidad de elección de los consumidores y situarán con firmeza a Europa en la senda hacia el objetivo de cero emisiones.  (RAPID, IP/17/1460, 31.5.2017) 

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