Premios y Becas. CDE Universitat de València

Resolución de 4 abril de 2019, de la Presidencia de la Agencia Estatal de Investigación, por la que se aprueba la convocatoria para el año 2019 del procedimiento de concesión de ayudas correspondientes a las acciones de dinamización «Europa Investigación», contempladas en el Programa Estatal de I+D+I Orientada a los Retos de la Sociedad, en el marco del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2017-2020. Habrá un único plazo de presentación de solicitudes, desde el 9 hasta el 25 de abril de 2019 (BOE 85/15725, 9.4.2019)

Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Asuntos C-377/16 (España / Parlamento), y C-621/16 P (Comisión / Italia) de 26 de marzo de 2019
Recurso de anulación — Régimen lingüístico — Procedimiento de selección de agentes contractuales — Convocatoria de manifestaciones de interés — Conductores — Grupo de funciones I — Conocimientos lingüísticos — Limitación de la elección de la lengua 2 del procedimiento de selección al inglés, el francés y el alemán — Lengua de comunicación — Reglamento n.º 1 — Estatuto de los Funcionarios — Régimen aplicable a los otros agentes — Discriminación por razón de la lengua — Justificación — Interés del servicio
En el asunto C‑377/16, que tiene por objeto un recurso de anulación interpuesto, con arreglo al artículo 263 TFUE, el 7 de julio de 2016, Reino de España, representado por la Sra. M.J. García-Valdecasas Dorrego y el Sr. M.A. Sampol Pucurull, en calidad de agentes, parte demandante, contra Parlamento Europeo, representado por las Sras. D. Nessaf, C. Burgos y M. Rantala, en calidad de agentes, parte demandada (Curia.europa.eu, 26.3.2019)

La Comisión Europea ha decidido hoy llevar a España ante el Tribunal de Justicia de la UE por no garantizar el cumplimiento de los requisitos establecidos en la Directiva relativa a la eficiencia energética (Directiva 2012/27/UE) en relación con los contadores individuales de consumo en los edificios de apartamentos y edificios polivalentes.

La Directiva exige la instalación de contadores individuales de calefacción, refrigeración y agua caliente sanitaria en todos los edificios de apartamentos y edificios polivalentes cuyos ocupantes reciban estos servicios de una instalación colectiva (como una caldera común). Este requisito es aplicable, siempre que sea técnicamente viable y rentable, a todos los edificios existentes. Sin embargo, las medidas nacionales de transposición españolas solo imponen este requisito a los edificios nuevos (construidos después de 2007). En los edificios donde los contadores de consumo no sean una solución técnicamente viable o rentable para medir la calefacción de las viviendas, deben utilizarse calorímetros instalados en cada radiador. Este requisito tampoco ha sido correctamente transpuesto por España. Las respectivas normas de la UE debían incorporarse al Derecho nacional a más tardar el 5 de junio de 2014. (RAPID, IP/19/1473, 7.3.2019)

Sentencia del Tribunal General de la Unión Europea.  Asuntos T-679/16 (Athletic Club/Comisión) y T-865/16 (Fútbol Club Barcelona/Comisión) de 26 de febrero de 2019
Ayudas de Estado — Ayuda concedida por las autoridades españolas a determinados clubes de fútbol profesional — Tipo de gravamen preferente sobre los rendimientos de los clubes autorizados a recurrir al estatuto de entidad sin ánimo de lucro — Decisión por la que se declara la ayuda incompatible con el mercado interior — Recurso de anulación — Interés en ejercitar la acción — Admisibilidad — Medida infraestatal — Carácter selectivo — Distorsión de la competencia — Perjuicio para el comercio entre Estados miembros — Modificación de una ayuda existente — Obligación de motivación
En el asunto T‑679/16, Athletic Club, con domicilio en Bilbao (Bizkaia), representado por los Sres. E. Lucas Murillo de la Cueva y J.M. Luís Carrasco, abogados, parte demandante, contra Comisión Europea, representada por los Sres. G. Luengo y B. Stromsky y la Sra. P. Němečková, en calidad de agentes, parte demandada (Curia.europa.eu, 26.2.2019)

La Comisión Europea ha decidido llevar a España ante el Tribunal de Justicia de la UE por no haber tomado las medidas adecuadas para proteger las masas de agua subterránea que alimentan el humedal de Doñana, conforme requiere la legislación de la UE sobre el agua (Directiva 2000/60/CE). Además, España tampoco está adoptando las medidas necesarias para evitar el deterioro de los hábitats protegidos en este humedal, lo que supone una infracción de la legislación de la UE en materia de protección de la naturaleza.

El humedal de Doñana se encuentra entre los mayores de Europa y presenta una gran diversidad de ecosistemas. Alberga un importante muestrario de flora y fauna que incluye especies en grave peligro de extinción como el águila imperial, el lince ibérico y la tortuga mora. Por su estratégica situación, Doñana forma también parte de la ruta migratoria que emprenden cada año millones de aves. Tan singular biodiversidad está protegida por la Directiva sobre hábitats (Directiva 92/43/CEE del Consejo) y la Directiva sobre aves (Directiva 2009/147/CE), puesto que el Parque Nacional de Doñana y la zona circundante contienen varios parajes con zonas designadas de la red Natura 2000. (RAPID, IP/19/466, 24.1.2019)

España estancada. Por qué somos poco eficientes
Carlos Sebastián
Galaxia Gutemberg, 2016
ISBN: 978-84-16495-52-8
España está estancada desde principios de la década de los noventa. Es cierto que hay unas pocas empresas españolas punteras y también algunos emprendedores exitosos, pero el conjunto de la economía diverge de la de los países europeos más avanzados. El estancamiento se debe a que desde finales de los ochenta el marco institucional no ha mejorado. Lo ha hecho en algunos aspectos, pero al tiempo ha sufrido un notable deterioro en otros. Nos encontramos continuamente con disfunciones que entorpecen la eficiencia y el emprendimiento. Normas confusas y cambiantes, incumplimientos de leyes por parte de la Administración, ineficacia de la justicia, violación de leyes por ciudadanos y empresas... Un cóctel de atentados a la seguridad jurídica que puede resultar paralizante. La escasa calidad de muchas regulaciones, que con frecuencia favorecen a unos pocos, los sesgos que tienen las administraciones públicas en sus decisiones y las pesadas cargas que éstas imponen a pequeños empresarios y autónomos redundan en lo mismo. Y también lo hacen algunas actitudes que se han enquistado en la ciudadanía. Hay fallos en la educación, pero la baja eficiencia española se debe sobre todo a las restricciones que impone el marco institucional, consecuencia de cómo se ejerce el poder: ocupación por parte de los partidos políticos mayoritarios de las instituciones, tinte marcadamente clientelar de la acción política y devaluación de las leyes. La intensidad de este Estado clientelar condiciona muchas decisiones de las administraciones públicas, incluidas buena parte de las violaciones de leyes que éstas cometen. Un Estado clientelar genera una sociedad alejada de la meritocracia, lo que contribuye a que se desarrollen valores adversos a la eficiencia. Reformar esto es posible, aunque el camino esté lleno de dificultades. [+]
16.13-3 SEB esp

Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.  Asunto C-207/16 (Ministerio Fiscal) de 2 de octubre de 2018
Procedimiento prejudicial — Comunicaciones electrónicas — Tratamiento de datos personales — Directiva 2002/58/CE — Artículos 1 y 3 — Ámbito de aplicación — Confidencialidad de las comunicaciones electrónicas — Protección — Artículos 5 y 15, apartado 1 — Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea — Artículos 7 y 8 — Datos tratados en el marco de la prestación de servicios de comunicaciones electrónicas — Acceso de las autoridades nacionales a los datos para la investigación de un delito — Umbral de gravedad del delito que puede justificar el acceso a los datos 
En el asunto C‑207/16, que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada, con arreglo al artículo 267 TFUE, por la Audiencia Provincial de Tarragona, mediante auto de 6 de abril de 2016, recibido en el Tribunal de Justicia el 14 de abril de 2016, en el procedimiento incoado por Ministerio Fiscal (Curia.europa.eu, 2.10.2018)

Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.  Asunto C-41/17 (Isabel González Castro/Mutua Umivale, Prosegur España, S.L., e Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS)) de 19 de septiembre de 2018
Procedimiento prejudicial — Directiva 92/85/CEE — Artículos 4, 5 y 7 — Protección de la seguridad y de la salud de los trabajadores — Trabajadora en período de lactancia — Trabajo nocturno — Trabajo a turnos realizado parcialmente en horario nocturno — Evaluación de los riesgos que presenta el puesto de trabajo — Medidas de prevención — Impugnación por parte de la trabajadora afectada — Directiva 2006/54/CE — Artículo 19 — Igualdad de trato — Discriminación por razón de sexo — Carga de la prueba
En el asunto C‑41/17, que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada, con arreglo al artículo 267 TFUE, por el Tribunal Superior de Justicia de Galicia, mediante auto de 30 de diciembre de 2016, recibido en el Tribunal de Justicia el 25 de enero de 2017, en el procedimiento entre Isabel González Castro y Mutua Umivale, Prosegur España, S.L., Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) (Curia.europa.eu, 19.9.2018)

En presencia de la Comisión Europea, el primer ministro de Portugal, António Costa, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, y el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, se reunirán en Lisboa hoy para reforzar su cooperación regional en el contexto de la Unión de la Energía. (RAPID, IP/18/4621, 27.7.2018)

Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.  Asunto C-128/16 P (Comisión/España y otros) de 25 de julio de 2018
Recurso de casación — Ayudas de Estado — Artículo 107 TFUE, apartado 1 — Régimen fiscal aplicable a determinados acuerdos de arrendamiento financiero para la adquisición de buques (sistema español de arrendamiento fiscal) — Identificación de los beneficiarios de la ayuda — Requisito de selectividad — Distorsión de la competencia y afectación de los intercambios comerciales entre Estados miembros — Obligación de motivación
En el asunto C‑128/16 P, que tiene por objeto un recurso de casación interpuesto, con arreglo al artículo 56 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el 29 de febrero de 2016, Comisión Europea, representada por los Sres. V. Di Bucci y E. Gippini Fournier y la Sra. P. Němečková, en calidad de agentes, parte recurrente, y en el que las otras partes en el procedimiento son: Reino de España, representado por el Sr. M.A. Sampol Pucurull, en calidad de agente, Lico Leasing, S.A., con domicilio social en Madrid, Pequeños y Medianos Astilleros Sociedad de Reconversión, S.A., con domicilio social en Madrid, representadas por el Sr. M. Merola, avvocato, y el Sr. M. Sánchez, abogado, partes demandantes en primera instancia, Bankia, S.A., con domicilio social en Valencia, Asociación Española de Banca, con domicilio social en Madrid, Unicaja Banco, S.A., con domicilio social en Málaga, Liberbank, S.A., con domicilio social en Madrid, Banco de Sabadell, S.A., con domicilio social en Sabadell (Barcelona), Banco Gallego, S.A., con domicilio social en Santiago de Compostela (A Coruña), Catalunya Banc, S.A., con domicilio social en Barcelona, Caixabank, S.A., con domicilio social en Barcelona, Banco Santander, S.A., con domicilio social en Santander (Cantabria), Santander Investment, S.A., con domicilio social en Boadilla del Monte (Madrid), Naviera Séneca, A.I.E., con domicilio social en Las Palmas de Gran Canaria (Las Palmas), Industria de Diseño Textil, S.A., con domicilio social en Arteixo (A Coruña), Naviera Nebulosa de Omega, A.I.E., con domicilio social en Las Palmas de Gran Canaria (Las Palmas), Banco Mare Nostrum, S.A., con domicilio social en Madrid, Abanca Corporación Bancaria, S.A., con domicilio social en Betanzos (A Coruña), Ibercaja Banco, S.A., con domicilio social en Zaragoza, Banco Grupo Cajatres, S.A.U., con domicilio social en Zaragoza, Naviera Bósforo, A.I.E., con domicilio social en Las Palmas de Gran Canaria (Las Palmas), Joyería Tous, S.A., con domicilio social en Lleida, Corporación Alimentaria Guissona, S.A., con domicilio social en Guissona (Lleida), Naviera Muriola, A.I.E., con domicilio social en Madrid, Poal Investments XXI, S.L., con domicilio social en San Sebastián de los Reyes (Madrid), Poal Investments XXII, S.L., con domicilio social en San Sebastián de los Reyes (Madrid), Naviera Cabo Vilaboa C‑1658, A.I.E., con domicilio social en Madrid, Naviera Cabo Domaio C‑1659, A.I.E., con domicilio social en Madrid, Caamaño Sistemas Metálicos, S.L., con domicilio social en Culleredo (A Coruña), Blumaq, S.A., con domicilio social en La Vall d’Uixó (Castellón), Grupo Ibérica de Congelados, S.A., con domicilio social en Vigo (Pontevedra), RNB, S.L., con domicilio social en La Pobla de Vallbona (Valencia), Inversiones Antaviana, S.L., con domicilio social en Paterna (Valencia), Banco de Caja España de Inversiones, Salamanca y Soria, S.A.U., con domicilio social en Madrid, Banco de Albacete, S.A., con domicilio social en Boadilla del Monte (Madrid), Bodegas Muga, S.L., con domicilio social en Haro (La Rioja), representadas por los Sres. J.L. Buendía Sierra, E. Abad Valdenebro, R. Calvo Salinero y A. Lamadrid de Pablo, abogados, Aluminios Cortizo S.A.U., con domicilio social en Padrón (A Coruña), representada por el Sr. A. Beiras Cal, abogado, partes coadyuvantes en casación (Curia.europa.eu, 25.7.2018)

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