Cursos y Seminarios de la UE. CDE Universitat de València

La Comisión Europea denuncia  a Polonia ante el Tribunal de Justicia de la UE en relación con el nuevo régimen disciplinario de los jueces polacos, solicitando un procedimiento acelerado. El 3 de abril de 2019, la Comisión incoó este procedimiento de infracción alegando que el nuevo régimen disciplinario menoscaba la independencia judicial de los jueces polacos y que no ofrecía garantías suficientes para protegerlos del control político, tal y como exige el Tribunal de Justicia de la UE.

En concreto, la legislación polaca permite que los jueces ordinarios sean objeto de investigaciones, procedimientos y sanciones disciplinarias sobre la base del contenido de sus resoluciones judiciales, incluso en el ejercicio de su derecho a solicitar, en virtud del artículo 267 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea se pronuncie con carácter prejudicial. Además, el nuevo régimen disciplinario no garantiza la independencia ni la imparcialidad de la Sala Disciplinaria del Tribunal Supremo, que está formada únicamente por jueces seleccionados por la Sala del Gobierno, que es elegida políticamente por el Parlamento polaco (Sejm). Asimismo, el nuevo régimen disciplinario no asegura que un tribunal «establecido por ley» decida en primera instancia en los procedimientos disciplinarios contra los jueces de los tribunales ordinarios. En su lugar, faculta al presidente de la Sala Disciplinaria para determinar, ad hoc y casi de forma totalmente discrecional, si el tribunal disciplinario de primera instancia conocerá de un asunto incoado contra un juez de un tribunal ordinario. El nuevo régimen ya no garantiza que los asuntos se tramiten en un plazo razonable, de manera que el ministro de Justicia puede mantener los cargos contra los jueces de los tribunales ordinarios a través de los funcionarios disciplinarios designados por el ministro. El nuevo régimen también afecta al derecho de defensa de los jueces de los tribunales ordinarios. En resumen, los jueces no están al abrigo del control político y, por lo tanto, se vulnera la independencia del poder judicial. (RAPID, IP/19/6033, 10.10.2019)

La Comisión Europea ha decidido hoy llevar a España ante el Tribunal de Justicia de la UE por no garantizar el cumplimiento de los requisitos establecidos en la Directiva relativa a la eficiencia energética (Directiva 2012/27/UE) en relación con los contadores individuales de consumo en los edificios de apartamentos y edificios polivalentes.

La Directiva exige la instalación de contadores individuales de calefacción, refrigeración y agua caliente sanitaria en todos los edificios de apartamentos y edificios polivalentes cuyos ocupantes reciban estos servicios de una instalación colectiva (como una caldera común). Este requisito es aplicable, siempre que sea técnicamente viable y rentable, a todos los edificios existentes. Sin embargo, las medidas nacionales de transposición españolas solo imponen este requisito a los edificios nuevos (construidos después de 2007). En los edificios donde los contadores de consumo no sean una solución técnicamente viable o rentable para medir la calefacción de las viviendas, deben utilizarse calorímetros instalados en cada radiador. Este requisito tampoco ha sido correctamente transpuesto por España. Las respectivas normas de la UE debían incorporarse al Derecho nacional a más tardar el 5 de junio de 2014. (RAPID, IP/19/1473, 7.3.2019)

La Comisión Europea ha decidido llevar a España ante el Tribunal de Justicia de la UE por no haber tomado las medidas adecuadas para proteger las masas de agua subterránea que alimentan el humedal de Doñana, conforme requiere la legislación de la UE sobre el agua (Directiva 2000/60/CE). Además, España tampoco está adoptando las medidas necesarias para evitar el deterioro de los hábitats protegidos en este humedal, lo que supone una infracción de la legislación de la UE en materia de protección de la naturaleza.

El humedal de Doñana se encuentra entre los mayores de Europa y presenta una gran diversidad de ecosistemas. Alberga un importante muestrario de flora y fauna que incluye especies en grave peligro de extinción como el águila imperial, el lince ibérico y la tortuga mora. Por su estratégica situación, Doñana forma también parte de la ruta migratoria que emprenden cada año millones de aves. Tan singular biodiversidad está protegida por la Directiva sobre hábitats (Directiva 92/43/CEE del Consejo) y la Directiva sobre aves (Directiva 2009/147/CE), puesto que el Parque Nacional de Doñana y la zona circundante contienen varios parajes con zonas designadas de la red Natura 2000. (RAPID, IP/19/466, 24.1.2019)

La Comisión Europea ha decidido hoy llevar a Polonia ante el Tribunal de Justicia de la UE debido a las vulneraciones del principio de independencia judicial a que da lugar la nueva Ley polaca del Tribunal Supremo y solicitar al Tribunal de Justicia que ordene medidas cautelares hasta que se haya dictado una sentencia en el asunto

La nueva Ley polaca del Tribunal Supremo reduce la edad de jubilación de los jueces de dicho Tribunal de 70 a 65 años, lo que hará que unos 27 de los 72 jueces en ejercicio del Tribunal se vean obligados a jubilarse. Esta medida se aplica también al presidente primero del Tribunal Supremo, cuyo mandato de seis años, fijado en la Constitución polaca, se vería prematuramente interrumpido.

De acuerdo con la Ley, que entró en vigor el 3 de abril de 2018, se ofrece a los jueces afectados por la reducción de la edad de jubilación la posibilidad de solicitar una prórroga de su mandato al presidente de la República, que este puede conceder por un periodo de tres años y renovar una vez. No existen criterios establecidos para la decisión del presidente y no cabe recurso judicial en caso de que la solicitud sea denegada. Además, la única salvaguardia propuesta por las autoridades polacas es una consulta no vinculante del Consejo Nacional del Poder Judicial, organismo que ahora está compuesto en infracción de las normas europeas sobre la independencia judicial. (RAPID, IP/18/5830, 24.9.2018)

El Tribunal de Justicia de Luxemburgo como garante de los derechos fundamentales
Joaquín Sarrión Esteve
Madrid: Editorial Dykinson, 2013
ISBN: 978-84-9031-402-9
Inmersos en el proceso de integración europea, estamos llamados a vivir en un sistema multinivel de protección de los derechos fundamentales en el que el Tribunal de Justicia (TJ) juega un papel esencial como garante de los mismos. En este trabajo estudiamos precisamente una evolución jurisprudencial que ha llevado al TJ desde la constitucionalización del Derecho comunitario, pasando por el “diálogo” con los Tribunales constitucionales, hasta la asunción de la tutela de los derechos fundamentales como principios generales del Derecho comunitario, hoy ya Derecho de la Unión Europea. Esta función de garante de los derechos fundamentales tiene rasgos constitucionales que se manifiestan de forma muy particular en la tutela de los derechos frente a las obligaciones internacionales y el Derecho internacional (Kadi, 2008); así como también y especialmente, a la hora de resolver los conflictos entre derechos fundamentales y libertades económicas (Schmidberger, 2003; Omega, 2004; Viking, 2007; Laval, 2007; Sayn Wittgestein, 2010); que nos permiten atrevernos a concluir que el TJ esta asumiendo progresivamente un rol de tribunal constitucional cada vez más significativo. Estamos en plena construcción de un sistema de protección de derechos fundamentales en la Unión Europea en el que el TJ deberá basarse en el principio de no regresión, y en la búsqueda del criterio del mayor nivel o estándar de protección de los derechos fundamentales, teniendo en consideración la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, las tradiciones constitucionales de los Estados miembros, y el Convenio Europeo de Derechos Humanos, con el horizonte de la adhesión al mismo cada vez más cerca. [+]
2.5 SAR tri

Página 1 de 14

Esta web utiliza cookies con una finalidad estadistica y para mejorar su navegación