Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Asunto C-619/18 (Comisión/Polonia) de 24 de junio de 2019
Incumplimiento de Estado — Artículo 19 TUE, apartado 1, párrafo segundo — Estado de Derecho — Tutela judicial efectiva en los ámbitos cubiertos por el Derecho de la Unión — Principios de inamovilidad y de independencia judicial — Reducción de la edad de jubilación de los jueces del Tribunal Supremo — Aplicación a los jueces en activo — Posibilidad de continuar ejerciendo la función jurisdiccional una vez alcanzada esa edad supeditada a la obtención de una autorización mediante decisión discrecional del Presidente de la República
En el asunto C‑619/18, que tiene por objeto un recurso por incumplimiento interpuesto, con arreglo al artículo 258 TFUE, el 2 de octubre de 2018, Comisión Europea, representada por la Sra. K. Banks y los Sres. H. Krämer y S. L. Kalėda, en calidad de agentes, parte demandante, contra República de Polonia, representada por el Sr. B. Majczyna y las Sras. K. Majcher y S. Żyrek, en calidad de agentes, parte demandada, apoyada por: Hungría, representada por el Sr. M.Z. Fehér, en calidad de agente, parte coadyuvante (Curia.europa.eu, 24.6.2019)

Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Asunto C-658/17 (WB) de 23 de mayo de 2019
Procedimiento prejudicial — Cooperación judicial en materia civil — Reglamento (UE) n.º 650/2012 — Artículo 3, apartado 1, letras g) e i) — Concepto de “resolución” en materia de sucesiones — Concepto de “documento público” en materia de sucesiones — Calificación jurídica del certificado de título sucesorio nacional — Artículo 3, apartado 2 — Concepto de “tribunal” — Circunstancia de que el Estado miembro no haya realizado la notificación de los notarios como autoridades no judiciales que ejercen funciones jurisdiccionales en condiciones iguales a las de los tribunales
En el asunto C‑658/17, que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada, con arreglo al artículo 267 TFUE, por el Sąd Okręgowy w Gorzowie Wielkopolskim (Tribunal Regional de Gorzów Wielkopolski, Polonia), mediante resolución de 10 de octubre de 2017, recibida en el Tribunal de Justicia el 24 de noviembre de 2017, en el procedimiento iniciado por WB en el que participa: Przemysława Bac, como notaria (Curia.europa.eu, 23.5.2019)

Sentencia del Tribunal General de la Unión Europea. Asuntos acumulados T-836/16 y T-642/17 (Polonia/Comisión) de 16 de mayo de 2019
Ayudas de Estado — Impuesto polaco en el sector del comercio minorista — Impuesto progresivo sobre el volumen de negocios — Decisión de incoar el procedimiento de investigación formal — Decisión final que califica la medida como ayuda de Estado incompatible con el mercado interior — Concepto de ayuda de Estado — Requisito de selectividad
En los asuntos acumulados T‑836/16 y T‑624/17, República de Polonia, representada por los Sres. B. Majczyna y M. Rzotkiewicz y la Sra. A. Kramarczyk-Szaładzińska, en calidad de agentes, parte demandante, apoyada por Hungría, representada, en el asunto T‑836/16, por los Sres. M. Fehér y G. Koós y la Sra. E. Tóth, y, en el asunto T‑624/17, por los Sres. Fehér y Koós, en calidad de agentes, parte coadyuvante, contra Comisión Europea, representada por la Sra. K. Herrmann y el Sr. P.‑J. Loewenthal, en calidad de agentes, parte demandada (Curia.europa.eu, 16.5.2019)

La Comisión Europea va a abrir un proceso de reflexión sobre el Estado de Derecho en la Unión Europea y posibles vías para futuras acciones. La Comunicación presentada hoy hace balance de las herramientas disponibles para supervisar, evaluar y proteger el Estado de Derecho en la Unión. También estudia la experiencia de los últimos años para poder entablar un debate europeo más amplio sobre la manera en que se podría seguir consolidando el Estado de Derecho. Concretamente, la experiencia adquirida sugiere la necesidad de una mejor promoción del Estado de Derecho, una prevención temprana de los riesgos del Estado de Derecho o de sus vulneraciones, y una respuesta eficaz cuando se planteen estos problemas en la Unión. (RAPID, IP/19/1937, 3.4.2019)

La Comisión Europea ha adoptado hoy la decisión de registrar una Iniciativa Ciudadana Europea denominada «Respeto del Estado de derecho en la Unión Europea». Con ella se pretende crear un «mecanismo objetivo e imparcial de evaluación que permita comprobar la aplicación de los valores de la Unión Europea por todos los Estados miembros». En concreto, los organizadores instan a la Comisión a que «promulgue legislación de carácter general […] destinada a comprobar la aplicación práctica de las disposiciones nacionales relativas al Estado de derecho». Además, los organizadores aspiran a «facilitar la efectiva aplicación de la legislación europea sobre cooperación judicial en materia penal (en particular, la orden europea de detención y entrega) y a consolidar el papel de la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea.

La decisión de registrar la iniciativa «Respeto del Estado de derecho» coincide con la apertura, hoy, de un proceso de reflexión por parte de la Comisión Europea sobre el refuerzo de la primacía de la ley en la Unión Europea (cuyo material de prensa puede consultarse aquí) conforme a lo anunciado en el Programa de trabajo de la Comisión para 2019. La Comunicación consultiva hecha pública hoy irá seguida en el mes de junio de una iniciativa más enfocada al futuro. De conformidad con los Tratados, la Comisión puede proponer actos jurídicos dirigidos a evaluar la aplicación por los Estados miembros de las políticas de la Unión relativas al espacio de libertad, seguridad y justicia y a reforzar el papel de la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. La Comisión ha considerado, por consiguiente, que la iniciativa es jurídicamente admisible, de forma que ha decidido inscribirla en el registro. En esta fase del proceso, la Comisión aún no ha analizado el fondo de la iniciativa, sino solamente su admisibilidad jurídica.

El registro de esta iniciativa se producirá el 8 de abril de 2019, momento que dará comienzo a un proceso de recogida de firmas de apoyo por parte de sus organizadores que durará un año. En caso de que, en ese plazo de un año, la iniciativa recabe un millón de declaraciones de apoyo procedentes de al menos siete Estados miembros diferentes, la Comisión deberá analizarla y pronunciarse al respecto en un plazo de tres meses. La Comisión podrá decidir dar curso o no a la solicitud, pero en ambos casos deberá motivar su decisión. (RAPID, IP/19/1937, 3.4.2019)

Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.  Asunto C-399/17 (Comisión / República Checa) de 14 de marzo de 2019
Incumplimiento de Estado — Reglamento (CE) n.º 1013/2006 — Traslado de residuos — Negativa de la República Checa a garantizar el retorno de la mezcla TPS-NOLO (Geobal) trasladada desde ese Estado miembro hasta Polonia — Existencia de un residuo — Carga de la prueba — Prueba
En el asunto C‑399/17, que tiene por objeto un recurso por incumplimiento interpuesto, con arreglo al artículo 258 TFUE, el 3 de julio de 2017, Comisión Europea, representada por las Sras. P. Němečková, E. Sanfrutos Cano y L. Haasbeek, en calidad de agentes, parte demandante, contra República Checa, representada por los Sres. M. Smolek, J. Vláčil y T. Müller y la Sra. L. Dvořáková, en calidad de agentes, parte demandada (Curia.europa.eu, 14.3.2019)

Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.  Asunto C-337/17 (Feniks sp. z o.o. v Azteca Products & Services SL) de 4 de octubre de 2018
Procedimiento prejudicial — Espacio de libertad, seguridad y justicia — Reglamento (UE) n.º 1215/2012 — Competencia judicial, reconocimiento y ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil — Competencias especiales — Artículo 7, punto 1, letra a) — Concepto de “materia contractual” — Acción pauliana
En el asunto C‑337/17, que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada, con arreglo al artículo 267 TFUE, por el Sąd Okręgowy w Szczecinie (Tribunal Regional de Szczecin, Polonia), mediante resolución de 29 de mayo de 2017, recibida en el Tribunal de Justicia el 7 de junio de 2017, en el procedimiento entre Feniks sp. z o.o. y Azteca Products & Services, S.L. (Curia.europa.eu, 4.10.2018)

La Comisión Europea ha decidido hoy llevar a Polonia ante el Tribunal de Justicia de la UE debido a las vulneraciones del principio de independencia judicial a que da lugar la nueva Ley polaca del Tribunal Supremo y solicitar al Tribunal de Justicia que ordene medidas cautelares hasta que se haya dictado una sentencia en el asunto

La nueva Ley polaca del Tribunal Supremo reduce la edad de jubilación de los jueces de dicho Tribunal de 70 a 65 años, lo que hará que unos 27 de los 72 jueces en ejercicio del Tribunal se vean obligados a jubilarse. Esta medida se aplica también al presidente primero del Tribunal Supremo, cuyo mandato de seis años, fijado en la Constitución polaca, se vería prematuramente interrumpido.

De acuerdo con la Ley, que entró en vigor el 3 de abril de 2018, se ofrece a los jueces afectados por la reducción de la edad de jubilación la posibilidad de solicitar una prórroga de su mandato al presidente de la República, que este puede conceder por un periodo de tres años y renovar una vez. No existen criterios establecidos para la decisión del presidente y no cabe recurso judicial en caso de que la solicitud sea denegada. Además, la única salvaguardia propuesta por las autoridades polacas es una consulta no vinculante del Consejo Nacional del Poder Judicial, organismo que ahora está compuesto en infracción de las normas europeas sobre la independencia judicial. (RAPID, IP/18/5830, 24.9.2018)

La Comisión ha iniciado hoy un procedimiento de infracción con el envío de una carta de emplazamiento a Polonia en relación con la Ley del Tribunal Supremo de ese país. El 3 de julio, 27 de los 72 magistrados del Tribunal Supremo —más de uno de cada tres magistrados— correrán el riesgo de verse obligados a jubilarse, debido a que la nueva Ley del Tribunal Supremo polaca baja la edad jubilación de los magistrados del Tribunal Supremo de 70 a 65 años. Esta medida se aplica también al primer presidente del Tribunal Supremo, cuyo mandato de seis años se vería prematuramente interrumpido. De acuerdo con la Ley, se ofrece a los actuales magistrados la posibilidad de declarar su voluntad de obtener del presidente de la República una prolongación de su mandato, que este puede conceder por un periodo de tres años y renovar una vez. No hay criterios establecidos a los que deba atenerse la decisión del presidente ni posibilidad de recurrir judicialmente esta decisión. La Comisión opina que estas medidas socavan el principio de la independencia del poder judicial, incluida la inamovilidad de jueces y magistrados, y en consecuencia Polonia incumple sus obligaciones en virtud del artículo 19, apartado 1, del Tratado de la Unión Europea, leído en relación con el artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. (RAPID, IP/18/4341, 2.7.2018)

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