Los ministros de Hacienda de la UE han actualizado la lista de países y territorios no cooperadores en materia fiscal de la UE, basada en un intenso proceso de análisis y diálogo dirigido por la Comisión. La lista ha demostrado ser un verdadero éxito, ya que muchos países han modificado sus sistemas jurídicos y fiscales para cumplir las normas internacionales.

En el transcurso del último año, la Comisión evaluó 92 países basándose en tres criterios y en un indicador: transparencia fiscal, buena gobernanza y actividad económica real, así como la existencia de un tipo del impuesto de sociedades igual a cero. La actualización aprobada hoy muestra que este proceso claro, transparente y creíble ha dado lugar a un verdadero cambio: 60 países intervinieron en relación con las preocupaciones de la Comisión y se eliminaron más de 100 regímenes perniciosos. La lista ha tenido también una influencia positiva en normas de buena gobernanza fiscal acordadas a nivel internacional.

Basándose en el examen de la Comisión, los ministros han incluido hoy a quince países en la lista negra. De esos países, cinco no habían asumido ningún compromiso desde la primera lista negra adoptada en 2017: Guam, las Islas Vírgenes de los Estados Unidos, Samoa, Samoa Americana y Trinidad y Tobago. Otros tres estaban en la lista de 2017 y habían pasado a la lista gris a raíz de los compromisos que asumieron, pero ahora han de volver de nuevo a la lista negra por no haberlos cumplido: Barbados, los Emiratos Árabes Unidos y las Islas Marshall. Otros siete países más han pasado hoy de la lista gris a la lista negra por la misma razón: Aruba, Belice, Bermudas, Dominica, Fiyi, Omán y Vanuatu. En 2019 seguirán siendo supervisados 34 países (lista gris), mientras que 25 de los países sometidos al proceso de examen original han sido ahora exonerados. (RAPID, IP/19/1606, 12.3.2019)

Los Reglamentos de la UE que aclaran las disposiciones por las que se rigen los regímenes económicos de los matrimonios o las uniones registradas internacionales son aplicables desde hoy.

Los Reglamentos establecen normas claras para los casos de divorcio o fallecimiento, poniendo con ello fin al desarrollo de procedimientos paralelos y acaso contradictorios en varios Estados miembros, en relación, por ejemplo, con el patrimonio o las cuentas bancarias. En resumen, aportarán a las parejas internacionales una mayor claridad jurídica. La falta de unanimidad entre todos los Estados miembros ha supuesto que solo se apliquen en dieciocho de ellos: Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Chequia, Chipre, Croacia, Eslovenia, España, Finlandia, Francia, Grecia, Italia, Luxemburgo, Malta, Países Bajos, Portugal y Suecia. Los dieciocho Estados miembros que se han adherido a la cooperación reforzada reúnen al 70 % de la población de la UE y a la mayoría de las parejas internacionales que viven en la Unión Europea. Estos Estados miembros adoptaron los Reglamentos en junio de 2016 en el marco de la cooperación reforzada. Los demás Estados miembros pueden adherirse a ambos Reglamentos en cualquier momento. Los Estados miembros no participantes seguirán aplicando su legislación nacional (incluidas las disposiciones de Derecho internacional privado) a las situaciones transfronterizas que afecten a los regímenes económicos matrimoniales y a los efectos patrimoniales de las uniones registradas. (RAPID, IP/19/681, 29.1.2019)

La Comisión ha entablado hoy el debate sobre la reforma de la toma de decisiones en materia de política fiscal de la UE, que en la actualidad requiere la unanimidad de los Estados miembros. Esta unanimidad a menudo no puede lograrse para iniciativas fiscales cruciales y puede traducirse en costosos retrasos y en políticas que distan de ser óptimas. La Comunicación publicada hoy sugiere un plan de transición progresiva y específica hacia el sistema de votación por mayoría cualificada con arreglo al procedimiento legislativo ordinario en determinados ámbitos de la política de fiscalidad común de la UE, como ya es el caso para la mayoría de las demás políticas de la UE. Los Tratados de la UE prevén esta posibilidad.

Gracias a la votación por mayoría cualificada, los Estados miembros podrían alcanzar compromisos más rápidos, eficaces y democráticos en materia fiscal, aprovechando todo el potencial de este ámbito. Asimismo, con arreglo al procedimiento legislativo ordinario, las decisiones en materia de fiscalidad se beneficiarían de aportaciones concretas del Parlamento Europeo, con una mejor representación de las opiniones de los ciudadanos y una mayor rendición de cuentas. La Comisión no propone ninguna modificación de las competencias de la UE en el ámbito de la fiscalidad ni de los derechos de los Estados miembros a fijar los tipos del impuesto sobre la renta o sobre sociedades como consideren oportuno. En cambio, el objetivo es permitirles ejercer su soberanía, ya mancomunada, de forma más eficiente para poder hacer frente a los retos comunes con mayor rapidez. (RAPID, IP/19/225, 15.1.2019)

La Comisión Europea ha propuesto, en dos decisiones separadas, que Italia y España ajusten la tributación de sus puertos a las normas sobre ayudas estatales. La Comisión mantiene su compromiso con la garantía de unas condiciones de competencia equitativas en toda la UE para este sector económico clave.

La comisaria Margrethe Vestager, encargada de la política de competencia, ha declarado: «Los puertos son infraestructuras clave para el crecimiento económico y el desarrollo regional. Por ello, las normas de la UE sobre ayudas estatales permiten un amplio margen para que los Estados miembros apoyen a los puertos e inviertan en ellos. Al mismo tiempo, con el fin de garantizar una competencia leal en toda la UE, los puertos que generan beneficios a partir de sus actividades económicas deben tributar de la misma forma que otros operadores económicos, ni más ni menos.» La competencia transfronteriza desempeña un importante papel en el sector portuario y la Comisión está comprometida con la garantía de unas condiciones de competencia equitativas en este sector económico clave. (RAPID, IP/19/241, 8.1.2019)

Los países de la UE perdieron en 2016 casi 150 000 millones de euros en ingresos del impuesto sobre el valor añadido (IVA), según un nuevo estudio que publica hoy la Comisión Europea. La llamada «brecha del IVA» muestra la diferencia entre los ingresos previstos y realmente recaudados por este concepto. Aunque los Estados miembros han trabajado mucho por mejorar la recaudación del impuesto, las cifras publicadas indican que debe reformarse el sistema actual del IVA en la UE, lo que debe combinarse con una mayor cooperación en toda la UE para que los Estados miembros puedan aprovechar plenamente los ingresos del IVA en sus presupuestos.

En términos nominales, en 2016 la brecha del IVA se redujo en 10 500 millones de euros, hasta bajar a 147 100 millones de euros, lo que supone un descenso al 12,3 % del total de ingresos por IVA, frente a un 13,2 % el año anterior. Aún así, la situación varía significativamente según el Estado miembro. En 22 Estados miembros se redujo la brecha del IVA. Bulgaria, Letonia, Chipre y los Países Bajos registraron excelentes resultados, con reducciones de las pérdidas de IVA de más de cinco puntos porcentuales en cada caso. Por el contrario, en seis Estados miembros la brecha aumentó: Rumanía, Finlandia, Reino Unido, Irlanda, Estonia y Francia.

Aunque en el conjunto de la UE la recaudación y administración del IVA hayan mejorado mucho, ahora los Estados miembros deben seguir avanzando y acordar cuanto antes una reforma mucho más amplia, que reduzca el fraude en materia de IVA en el sistema de la UE, tal como ya propuso el año pasado la Comisión. Esta reforma integral mejoraría y modernizaría el sistema en beneficio tanto de los gobiernos como de las empresas, lo que haría el sistema más sólido y fácil de aplicar para estas últimas. (RAPID, IP/18/5787, 21.9.2018)

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