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La Comisión ha iniciado hoy un procedimiento de infracción con el envío de una carta de emplazamiento a Polonia en relación con la Ley del Tribunal Supremo de ese país. El 3 de julio, 27 de los 72 magistrados del Tribunal Supremo —más de uno de cada tres magistrados— correrán el riesgo de verse obligados a jubilarse, debido a que la nueva Ley del Tribunal Supremo polaca baja la edad jubilación de los magistrados del Tribunal Supremo de 70 a 65 años. Esta medida se aplica también al primer presidente del Tribunal Supremo, cuyo mandato de seis años se vería prematuramente interrumpido. De acuerdo con la Ley, se ofrece a los actuales magistrados la posibilidad de declarar su voluntad de obtener del presidente de la República una prolongación de su mandato, que este puede conceder por un periodo de tres años y renovar una vez. No hay criterios establecidos a los que deba atenerse la decisión del presidente ni posibilidad de recurrir judicialmente esta decisión. La Comisión opina que estas medidas socavan el principio de la independencia del poder judicial, incluida la inamovilidad de jueces y magistrados, y en consecuencia Polonia incumple sus obligaciones en virtud del artículo 19, apartado 1, del Tratado de la Unión Europea, leído en relación con el artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. (RAPID, IP/18/4341, 2.7.2018)

La Comisión Europea ha adoptado hoy un nuevo marco para afrontar las amenazas sistémicas para el Estado de Derecho en cualquiera de los 28 Estados miembros de la UE. La iniciativa se propone después de que el Colegio de Comisarios hubiera entablado dos debates orientativos sobre el Estado de Derecho el 28 de agosto de 2013 y el 25 de febrero de 2014, en los que se concluyó que era necesario crear un instrumento para hacer frente, a nivel de la UE, a las amenazas sistémicas contra el Estado de Derecho. El nuevo marco del Estado de Derecho complementará los procedimientos de infracción (en caso de vulneración del Derecho de la UE) y el llamado «procedimiento del artículo 7» del Tratado de Lisboa, que, en su aplicación más severa, permite la suspensión del derecho de voto en caso de una «violación grave y persistente» de los valores de la UE por parte de un Estado miembro. El nuevo marco establece un instrumento de alerta rápida que permite a la Comisión entablar un diálogo con el Estado miembro interesado para prevenir la escalada de amenazas sistémicas contra el Estado de Derecho. Si no se encuentra una solución dentro del nuevo marco del Estado de Derecho, el artículo 7 siempre seguirá siendo el último recurso para resolver una crisis y garantizar la observancia de los valores de la Unión Europea. El nuevo marco no concede ni reclama nuevas competencias para la Comisión, sino que hace transparente la manera en que la misma ejerce su función en virtud de los Tratados. (RAPID, IP/14/237, 11.3.2014)

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