Noticias. CDE Universitat de València

Resolución de 26 de enero de 2018, de la Presidencia del Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial, por la que se regula la concesión directa de ayudas a los proyectos con participación española seleccionados en la octava convocatoria del Programa Eurostars-2 (actuación Interempresas Internacional). El plazo de presentación de las solicitudes de ayuda comenzará el 13 de febrero de 2018 y finalizará el 27 de febrero de 2018 (BOE 38/8544, 12.2.2018)

La Comisión ha adoptado hoy la decisión de transferir la sede auxiliar del Centro de Supervisión de la Seguridad de Galileo del Reino Unido a España. El Centro de Supervisión de la Seguridad de Galileo (CSSG) es una infraestructura técnica que desempeña un cometido esencial para la seguridad del programa de la UE de navegación por satélite Galileo y su servicio público regulado. El CSSG tiene su sede principal y operativa en Francia, y su sede auxiliar en el Reino Unido (Swanwick). Como el Reino Unido va a retirarse de la Unión, la sede auxiliar tiene que mudarse a uno de los veintisiete Estados miembros de la UE. (RAPID, IP/18/389, 24.1.2018)

Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Asunto C-291/16 (Schweppes, S.A. /Red Paralela, S.L., y Red Paralela BCN, S.L.) de 20 de diciembre de 2017
Procedimiento prejudicial — Aproximación de las legislaciones — Marcas — Directiva 2008/95/CE — Artículo 7, apartado 1 — Agotamiento del derecho conferido por la marca — Marcas paralelas — Cesión de marcas para una parte del territorio del Espacio Económico Europeo (EEE) — Estrategia comercial que promueve deliberadamente la imagen de una marca global y única después de la cesión — Titulares independientes pero que tienen relaciones comerciales y económicas intensas
En el asunto C‑291/16, que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada, con arreglo al artículo 267 TFUE, por el Juzgado de lo Mercantil n.º 8 de Barcelona, mediante auto de 17 de mayo de 2016, recibido en el Tribunal de Justicia el 23 de mayo de 2016, en el procedimiento entre Schweppes, S.A., y Red Paralela, S.L., Red Paralela BCN, S.L., anteriormente Carbòniques Montaner, S.L., con intervención de: Orangina Schweppes Holding BV, Schweppes International Ltd, Exclusivas Ramírez, S.L. (Curia.europa.eu, 20.12.2017)

Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Asunto C-434/15 (Asociación Profesional Élite Taxi / Uber Systems Spain, S.L.) de 20 de diciembre de 2017
Procedimiento prejudicial — Artículo 56 TFUE — Artículo 58 TFUE, apartado 1 — Servicios en el ámbito de los transportes — Directiva 2006/123/CE — Servicios en el mercado interior — Directiva 2000/31/CE — Directiva 98/34/CE — Servicios de la sociedad de la información — Servicio de intermediación que permite, mediante una aplicación para teléfonos inteligentes, conectar a cambio de una remuneración a conductores no profesionales que utilizan su propio vehículo con personas que desean realizar desplazamientos urbanos — Exigencia de una autorización
En el asunto C‑434/15, que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada, con arreglo al artículo 267 TFUE, por el Juzgado de lo Mercantil n.º 3 de Barcelona, mediante auto de 16 de julio de 2015, recibido en el Tribunal de Justicia el 7 de agosto de 2015, en el procedimiento entre Asociación Profesional Élite Taxi y Uber Systems Spain, SL (Curia.europa.eu, 20.12.2017)

La Comisión Europea ha abierto una investigación pormenorizada para determinar si el incentivo medioambiental de España a las centrales de carbón se ajusta a las normas sobre ayudas estatales de la UE. La Comisión teme que las ayudas se hayan utilizado para cumplir las obligaciones medioambientales dela UE, que eran imperativas en cualquier caso.
En 2007, las autoridades españolas introdujeron un régimen («incentivo medioambiental») para apoyar la instalación de nuevos filtros de óxido de azufre en las centrales de carbón existentes. Estos filtros debían reducir las emisiones de óxido de azufre de las centrales por debajo de determinados límites. A cambio, las centrales de carbón tenían derecho a recibir ayudas públicas relacionadas con el tamaño de la central durante un período de diez años (es decir, 8 750 euros por megavatio al año). Desde 2007, catorce centrales de carbón se han acogido a este régimen y han recibido en total más de 440 millones de euros en concepto de ayudas públicas, y se seguirán realizando pagos hasta 2020.
España no notificó esta medida a la Comisión para su evaluación con arreglo a las normas sobre ayudas estatales de la UE. En este momento, la Comisión teme que los límites de emisión impuestos a los beneficiarios del régimen simplemente dieran cumplimiento a las normas obligatorias de la UE en materia de medio ambiente aplicables entonces a las centrales de carbón. Los requisitos legales correspondientes se establecieron en la legislación de la UE sobre limitación de emisiones a la atmósfera de determinados agentes contaminantes procedentes de grandes instalaciones de combustión (Directiva 2001/80/CE). (RAPID, IP/17/4965, 27.11.2017)

La Comisión Europea ha decidido hoy llevar a España ante el Tribunal de Justicia de la UE por no haber notificado las disposiciones para la plena aplicación de la Directiva sobre las cuentas de pago de la UE (Directiva 2014/92/UE). Las normas de la UE en materia de cuentas de pago son esenciales para garantizar que los consumidores se beneficien de cuentas de pago transparentes en un mercado competitivo e integrador. La Directiva concede a todos los residentes legales en la UE el derecho a una cuenta de pago básica a cambio de una comisión razonable, independientemente del lugar de residencia. También aumenta la transparencia de las comisiones de las cuentas de pago y facilita la comparabilidad y el traslado de dichas cuentas. Las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros necesarias para dar cumplimiento a lo dispuesto en la Directiva debían entrar en vigor a más tardar el 18 de septiembre de 2016 y la Comisión debía ser informada de ello inmediatamente. Hasta la fecha, España no ha incorporado esta Directiva a su ordenamiento jurídico nacional, por lo que la Comisión lleva a este país ante el Tribunal de Justicia de la UE. (RAPID, IP/16/3498, 4.10.2017)

La Comisión Europea ha decidido hoy llevar a España ante el Tribunal de Justicia de la UE por no haber notificado las medidas para la plena transposición de las normas sobre los denunciantes de infracciones de la UE. En 2015, la Comisión aprobó una Directiva de Ejecución sobre la comunicación a las autoridades competentes de posibles infracciones o infracciones reales del Reglamento sobre abuso de mercado [Directiva de Ejecución (UE) 2015/2392 de la Comisión, denominada Directiva sobre denuncia de infracciones]. Esta Directiva se inscribe en el código normativo sobre abuso de mercado y exige a los Estados miembros que establezcan mecanismos eficaces de comunicación de las infracciones de dicho Reglamento. Contiene disposiciones para proteger a las personas que notifican este tipo de infracciones y detalla los procedimientos de protección de los denunciantes y de los denunciados, el sistema de seguimiento de las denuncias y el de protección de los datos personales.

Los Estados miembros tenían que transponerla a más tardar el 3 de julio de 2016. Una vez agotado ese plazo inicial, se solicitó a los países que no lo habían hecho, entre ellos España, que adoptasen medidas para garantizar el pleno cumplimiento de las nuevas normas sobre los denunciantes de infracciones en septiembre de 2016. Desde entonces, la Comisión no ha recibido información respecto de la incorporación completa de las citadas normas al ordenamiento jurídico nacional. Por ese motivo, lleva ahora a España ante el Tribunal de Justicia de la UE. (RAPID, IP/17/1950, 13.7.2017)

Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Asunto C-388/16 (Comisión/España) de 13 de julio de 2017
Incumplimiento de Estado — Sentencia del Tribunal de Justicia por la que se declara un incumplimiento — Inejecución — Artículo 260 TFUE, apartado 2 — Sanciones pecuniarias — Cantidad a tanto alzado
En el asunto C‑388/16, que tiene por objeto un recurso por incumplimiento interpuesto, con arreglo al artículo 260 TFUE, apartado 2, el 13 de julio de 2016, Comisión Europea, representada por las Sras. L. Nicolae y S. Pardo Quintillán, en calidad de agentes, que designa domicilio en Luxemburgo, parte demandante, contra Reino de España, representado por los Sres. M.A. Sampol Pucurull y A. Rubio González, en calidad de agentes, parte demandada (Curia.europa.eu, 13.7.2017)

Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Asunto C-74/16 (Congregación de Escuelas Pías Provincia Betania/Ayuntamiento de Getafe) de 27 de junio de 2017
Procedimiento prejudicial — Ayudas estatales — Artículo 107 TFUE, apartado 1 — Concepto de “ayuda estatal” — Conceptos de “empresa” y de “actividad económica” — Otros requisitos de aplicación del artículo 107 TFUE, apartado 1 — Artículo 108 TFUE, apartados 1 y 3 — Conceptos de “ayudas existentes” y de “nuevas ayudas” — Acuerdo de 3 de enero de 1979 entre el Reino de España y la Santa Sede — Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras — Exención en favor de los inmuebles de la Iglesia Católica
En el asunto C‑74/16, que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada, con arreglo al artículo 267 TFUE, por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n.º 4 de Madrid, mediante auto de 26 de enero de 2016, recibido en el Tribunal de Justicia el 10 de febrero de 2016, en el procedimiento entre Congregación de Escuelas Pías Provincia Betania y Ayuntamiento de Getafe (Curia.europa.eu, 27.6.2017) 

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