Noticias. CDE Universitat de València
La Comisión Europea ha presentado hoy una estrategia destinada a contrarrestar los diferentes desafíos marítimos a los que se enfrenta la cuenca del Mediterráneo. La mejora de la gobernanza de los asuntos marítimos es un elemento importante para favorecer un crecimiento más sostenible en la región, permitiendo al tiempo abordar algunas cuestiones de interés común. La competencia para la utilización del espacio marino, las amenazas a la seguridad marítima, la degradación del medio ambiente y los efectos perjudiciales del cambio climático muestran la necesidad de una respuesta más coordinada en materia de gobernanza marítima en la región, gracias también a la cooperación con países terceros no pertenecientes a la UE.  [RAPID, IP/09/ 1305, 11.9.2009]
La Comisión Europea ha presentado hoy un plan para aumentar la financiación internacional dirigida a ayudar a los países en desarrollo a luchar contra el cambio climático. Con esta iniciativa, se pretende potenciar al máximo las posibilidades de lograr un ambicioso acuerdo mundial sobre el cambio climático en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el clima que tendrá lugar en Copenhague en diciembre. En 2020 los países en desarrollo deberán hacer frente a gastos anuales de en torno a 100 000 millones de euros para reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero y adaptarse a las repercusiones del cambio climático. Aunque, en gran medida, estos fondos habrán de proceder de fuentes nacionales y de un mercado internacional del carbono ampliado, previsiblemente será también necesario disponer de financiación pública internacional, por un importe anual de entre 22 000 y 50 000 millones de euros. La Comisión propone que los países industrializados y los países en desarrollo económicamente más avanzados aporten esa financiación pública, en proporción a su grado de responsabilidad en las emisiones y su capacidad de pago. Esto podría suponer para la Unión Europea una aportación de entre 2 000 y 15 000 millones de euros anuales en 2020, si se llegara a un acuerdo ambicioso en Copenhague.  [RAPID, IP/09/1297, 10.9.2009]
Martes, 11 Noviembre 2008 10:11

Dossier Tratado de Lisboa

en Noticias

Versión aligerada del Tratado constitucional rechazado por franceses y holandeses en 2005, el Tratado de Lisboa tiene como objetivo facilitar el funcionamiento de una Unión de sus 27 miembros. Igualmente rechazado por los irlandeses en 2008, criticado en Polonia, en la República Checha e incluso en Alemania, su entrada en vigor se retrasa. Pero con su aprobación el futuro de Europa está en juego, como muestran los artículos de este especial. (PressEurope, 11.11.2008)

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La Comisión Europea ha decidido denunciar a España ante el Tribunal de Justicia Europeo por sus leyes urbanísticas aplicables en la Comunidad Valenciana (conocidas como LRAU y LUV).

La Comisión ya había enviado una carta de emplazamiento y un dictamen motivado (IP/05/1598, 14 de diciembre de 2005) a España en relación con la Ley 6/1994, de la Comunidad Valenciana, Reguladora de la Actividad Urbanística («LRAU»). En estos documentos, la Comisión mantiene que se ha de considerar que los programas de actuación integrada (PAI) constituyen contratos públicos de obras y/o contratos públicos de servicios, por lo que se han de adjudicar de conformidad con las disposiciones de las Directivas 93/37/CEE y 92/50/CEE (actualmente consolidadas y modificadas por la Directiva 2004/18/CE). Los PAI son contratos adjudicados por las autoridades locales que incluyen la prestación de servicios y la realización de obras públicas de infraestructura por parte de agentes urbanizadores seleccionados por ellas. La LRAU fue derogada por la Ley 16/2005 (LUV), que entró en vigor el 1 de febrero de 2006. (RAPID, IP/07/921, 27.6.2007)

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