Convocatorias de programas. CDE Universitat de València

Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Asunto C-431/16 (Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) / José Blanco Marqués) de 15 de marzo de 2018
Procedimiento prejudicial — Seguridad social de los trabajadores migrantes — Reglamento (CEE) n.º 1408/71 — Artículos 12 y 46 bis a 46 quater — Prestaciones de la misma naturaleza — Concepto — Norma que prohíbe la acumulación — Concepto — Requisitos — Norma nacional que establece un complemento de la pensión de incapacidad permanente total para los trabajadores mayores de 55 años — Suspensión del complemento en caso de empleo o de percepción de una pensión de jubilación
En el asunto C‑431/16, que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada, con arreglo al artículo 267 TFUE, por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, mediante auto de 11 de mayo de 2016, recibido en el Tribunal de Justicia el 2 de agosto de 2016, en el procedimiento entre Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS), y José Blanco Marqués (Curia.europa.eu, 15.3.2018)

Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Asunto C‑103/16 (Jessica Porras Guisado y Bankia, S.A., Sección Sindical de Bankia de CCOO, Sección Sindical de Bankia de UGT, Sección Sindical de Bankia de ACCAM, Sección Sindical de Bankia de SATE, Sección Sindical de Bankia de CSICA, Fondo de Garantía Salarial (Fogasa) de 22 de febrero de 2018.
Procedimiento prejudicial — Política social — Directiva 92/85/CEE — Medidas para promover la mejora de la seguridad y de la salud en el trabajo de la trabajadora embarazada, que haya dado a luz o en período de lactancia — Artículo 2, letra a) — Artículo 10, puntos 1 a 3 — Prohibición de despido de una trabajadora durante el período comprendido entre el comienzo de su embarazo y el final del permiso de maternidad — Ámbito de aplicación — Casos excepcionales no inherentes al estado de la trabajadora afectada — Directiva 98/59/CE — Despidos colectivos — Artículo 1, apartado 1, letra a) — Motivos no inherentes a la persona de los trabajadores — Trabajadora embarazada despedida en el marco de un despido colectivo — Motivación del despido — Prioridad de permanencia de la trabajadora en la empresa — Prioridad de recolocación en otro puesto de trabajo. 
En el asunto C‑103/16, que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada, con arreglo al artículo 267 TFUE, por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña mediante auto de 20 de enero de 2016, recibido en el Tribunal de Justicia el 19 de febrero de 2016, en el procedimiento entre Jessica Porras Guisado y Bankia, S.A., Sección Sindical de Bankia de CCOO, Sección Sindical de Bankia de UGT, Sección Sindical de Bankia de ACCAM, Sección Sindical de Bankia de SATE, Sección Sindical de Bankia de CSICA, Fondo de Garantía Salarial (Fogasa)
(Curia.europa.eu, 22.2.2018)

La Comisión ha propuesto hoy conceder 104 millones de euros del Fondo de Solidaridad a cuatro Estados miembros de la UE azotados por catástrofes naturales en 2017.

Así se materializa la promesa de la Comisión Juncker de ofrecer algo más que sus condolencias cuando un Estado miembro es golpeado por una catástrofe. Los recursos del Fondo de Solidaridad de la UE pueden utilizarse para apoyar los esfuerzos de reconstrucción y cubrir en parte los costes relacionados con los servicios de urgencia, el alojamiento provisional, las operaciones de limpieza y la protección del patrimonio cultural, con el fin de aliviar la carga financiera que soportan las autoridades nacionales. (RAPID, IP/18/722, 15.2.2018)

La Comisión ha adoptado hoy la decisión de transferir la sede auxiliar del Centro de Supervisión de la Seguridad de Galileo del Reino Unido a España. El Centro de Supervisión de la Seguridad de Galileo (CSSG) es una infraestructura técnica que desempeña un cometido esencial para la seguridad del programa de la UE de navegación por satélite Galileo y su servicio público regulado. El CSSG tiene su sede principal y operativa en Francia, y su sede auxiliar en el Reino Unido (Swanwick). Como el Reino Unido va a retirarse de la Unión, la sede auxiliar tiene que mudarse a uno de los veintisiete Estados miembros de la UE. (RAPID, IP/18/389, 24.1.2018)

Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Asunto C-291/16 (Schweppes, S.A. /Red Paralela, S.L., y Red Paralela BCN, S.L.) de 20 de diciembre de 2017
Procedimiento prejudicial — Aproximación de las legislaciones — Marcas — Directiva 2008/95/CE — Artículo 7, apartado 1 — Agotamiento del derecho conferido por la marca — Marcas paralelas — Cesión de marcas para una parte del territorio del Espacio Económico Europeo (EEE) — Estrategia comercial que promueve deliberadamente la imagen de una marca global y única después de la cesión — Titulares independientes pero que tienen relaciones comerciales y económicas intensas
En el asunto C‑291/16, que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada, con arreglo al artículo 267 TFUE, por el Juzgado de lo Mercantil n.º 8 de Barcelona, mediante auto de 17 de mayo de 2016, recibido en el Tribunal de Justicia el 23 de mayo de 2016, en el procedimiento entre Schweppes, S.A., y Red Paralela, S.L., Red Paralela BCN, S.L., anteriormente Carbòniques Montaner, S.L., con intervención de: Orangina Schweppes Holding BV, Schweppes International Ltd, Exclusivas Ramírez, S.L. (Curia.europa.eu, 20.12.2017)

Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Asunto C-434/15 (Asociación Profesional Élite Taxi / Uber Systems Spain, S.L.) de 20 de diciembre de 2017
Procedimiento prejudicial — Artículo 56 TFUE — Artículo 58 TFUE, apartado 1 — Servicios en el ámbito de los transportes — Directiva 2006/123/CE — Servicios en el mercado interior — Directiva 2000/31/CE — Directiva 98/34/CE — Servicios de la sociedad de la información — Servicio de intermediación que permite, mediante una aplicación para teléfonos inteligentes, conectar a cambio de una remuneración a conductores no profesionales que utilizan su propio vehículo con personas que desean realizar desplazamientos urbanos — Exigencia de una autorización
En el asunto C‑434/15, que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada, con arreglo al artículo 267 TFUE, por el Juzgado de lo Mercantil n.º 3 de Barcelona, mediante auto de 16 de julio de 2015, recibido en el Tribunal de Justicia el 7 de agosto de 2015, en el procedimiento entre Asociación Profesional Élite Taxi y Uber Systems Spain, SL (Curia.europa.eu, 20.12.2017)

La Comisión Europea ha abierto una investigación pormenorizada para determinar si el incentivo medioambiental de España a las centrales de carbón se ajusta a las normas sobre ayudas estatales de la UE. La Comisión teme que las ayudas se hayan utilizado para cumplir las obligaciones medioambientales dela UE, que eran imperativas en cualquier caso.
En 2007, las autoridades españolas introdujeron un régimen («incentivo medioambiental») para apoyar la instalación de nuevos filtros de óxido de azufre en las centrales de carbón existentes. Estos filtros debían reducir las emisiones de óxido de azufre de las centrales por debajo de determinados límites. A cambio, las centrales de carbón tenían derecho a recibir ayudas públicas relacionadas con el tamaño de la central durante un período de diez años (es decir, 8 750 euros por megavatio al año). Desde 2007, catorce centrales de carbón se han acogido a este régimen y han recibido en total más de 440 millones de euros en concepto de ayudas públicas, y se seguirán realizando pagos hasta 2020.
España no notificó esta medida a la Comisión para su evaluación con arreglo a las normas sobre ayudas estatales de la UE. En este momento, la Comisión teme que los límites de emisión impuestos a los beneficiarios del régimen simplemente dieran cumplimiento a las normas obligatorias de la UE en materia de medio ambiente aplicables entonces a las centrales de carbón. Los requisitos legales correspondientes se establecieron en la legislación de la UE sobre limitación de emisiones a la atmósfera de determinados agentes contaminantes procedentes de grandes instalaciones de combustión (Directiva 2001/80/CE). (RAPID, IP/17/4965, 27.11.2017)

La Comisión Europea ha decidido hoy llevar a España ante el Tribunal de Justicia de la UE por no haber notificado las disposiciones para la plena aplicación de la Directiva sobre las cuentas de pago de la UE (Directiva 2014/92/UE). Las normas de la UE en materia de cuentas de pago son esenciales para garantizar que los consumidores se beneficien de cuentas de pago transparentes en un mercado competitivo e integrador. La Directiva concede a todos los residentes legales en la UE el derecho a una cuenta de pago básica a cambio de una comisión razonable, independientemente del lugar de residencia. También aumenta la transparencia de las comisiones de las cuentas de pago y facilita la comparabilidad y el traslado de dichas cuentas. Las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros necesarias para dar cumplimiento a lo dispuesto en la Directiva debían entrar en vigor a más tardar el 18 de septiembre de 2016 y la Comisión debía ser informada de ello inmediatamente. Hasta la fecha, España no ha incorporado esta Directiva a su ordenamiento jurídico nacional, por lo que la Comisión lleva a este país ante el Tribunal de Justicia de la UE. (RAPID, IP/16/3498, 4.10.2017)

La Comisión Europea ha decidido hoy llevar a España ante el Tribunal de Justicia de la UE por no haber notificado las medidas para la plena transposición de las normas sobre los denunciantes de infracciones de la UE. En 2015, la Comisión aprobó una Directiva de Ejecución sobre la comunicación a las autoridades competentes de posibles infracciones o infracciones reales del Reglamento sobre abuso de mercado [Directiva de Ejecución (UE) 2015/2392 de la Comisión, denominada Directiva sobre denuncia de infracciones]. Esta Directiva se inscribe en el código normativo sobre abuso de mercado y exige a los Estados miembros que establezcan mecanismos eficaces de comunicación de las infracciones de dicho Reglamento. Contiene disposiciones para proteger a las personas que notifican este tipo de infracciones y detalla los procedimientos de protección de los denunciantes y de los denunciados, el sistema de seguimiento de las denuncias y el de protección de los datos personales.

Los Estados miembros tenían que transponerla a más tardar el 3 de julio de 2016. Una vez agotado ese plazo inicial, se solicitó a los países que no lo habían hecho, entre ellos España, que adoptasen medidas para garantizar el pleno cumplimiento de las nuevas normas sobre los denunciantes de infracciones en septiembre de 2016. Desde entonces, la Comisión no ha recibido información respecto de la incorporación completa de las citadas normas al ordenamiento jurídico nacional. Por ese motivo, lleva ahora a España ante el Tribunal de Justicia de la UE. (RAPID, IP/17/1950, 13.7.2017)

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