Actualidad. CDE Universitat de València

Antimonopolio: La Comisión impone a Google una multa de cerca de 4,34 millones EUR por prácticas ilegales en relación con los dispositivos móviles Android para reforzar la posición dominante del motor de búsqueda de Google La Comisión Europea ha impuesto a Google una multa de cerca de 4,34 millones EUR por vulnerar las normas antimonopolio de la UE. Desde 2011, Google ha impuesto restricciones ilegales a los fabricantes de dispositivos Android y a los operadores de redes móviles para consolidar su posición dominante en los servicios de búsqueda general en internet.

Google debe ahora poner fin de manera efectiva a esta conducta en un plazo de 90 días o hacer frente a multas coercitivas de hasta el 5 % del volumen de negocios mundial medio diario de Alphabet, la sociedad matriz de Google. (RAPID, IP/18/4581, 18.7.2018)

El Colegio de Comisarios ha decidido hoy registrar una iniciativa ciudadana europea titulada «Permanent European Union Citizenship» (Ciudadanía Permanente de la Unión Europea). El objetivo principal de la iniciativa propuesta es garantizar que la ciudadanía europea y sus derechos conexos no puedan perderse una vez que se han conseguido.Los organizadores citan en particular el contexto del Brexit y la futura pérdida de la ciudadanía y los derechos de la UE de los ciudadanos del Reino Unido. La decisión de la Comisión de registrar la iniciativa solo afecta a la admisibilidad jurídica de la propuesta. La Comisión no ha analizado el fondo en esta fase. El registro de esta iniciativa tendrá lugar el 23 de julio de 2018, dando comienzo a un proceso de un año de recogida de firmas de apoyo por parte de sus organizadores. En caso de que la iniciativa reciba un millón de declaraciones de apoyo en el plazo de un año, procedentes de al menos siete Estados miembros diferentes, la Comisión deberá reaccionar en un plazo de tres meses. La Comisión podrá decidir dar curso o no a la solicitud, pero en ambos casos deberá justificar su decisión. (RAPID, IP/18/4566, 18.7.2018)

Hoy, la Comisión Europea y las autoridades nacionales de protección de los consumidores de la UE han publicado sus conclusiones sobre los 8,5 millones de vehículos llamados a revisión en la Unión por el grupo Volkswagen tras el escándalo «dieselgate». Se acogen favorablemente los esfuerzos del Grupo VW para generar confianza en las llamadas a revisión, y la mejora significativa de la información facilitada a los consumidores. La tasa de reparación está alcanzando el 80 % y el Grupo se ha comprometido a continuar la actualización gratuita y la correspondiente garantía de hecho para resolver los problemas que surjan tras la actualización hasta el final de 2020. No obstante, la Comisión y las autoridades de consumo lamentan que la empresa no haya podido dar una garantía completa y clara en caso de problemas después de la reparación.

En sus conclusiones, la Comisión Europea y las autoridades de consumo están de acuerdo en que las medidas adoptadas por Volkswagen han tenido hasta ahora como resultado una evolución positiva en lo que respecta a la información disponible en línea, con una gran cantidad de preguntas y respuestas y videoclips, sobre el motivo de la actualización y cómo obtenerla, y sobre la medida de generación de confianza. Por otra parte, Volkswagen no ha proporcionado una garantía completa y clara de que la actualización no afecta al rendimiento de los vehículos y se ha negado a simplificar las condiciones de acceso a la medida de generación de confianza. El Grupo VW se ha comprometido a responder a todas las reclamaciones que los consumidores puedan realizar después de la reparación. Se anima a los consumidores afectados a que se pongan en contacto con sus concesionarios locales si tienen problemas relacionados con la actualización. En caso de que se deniegue la asistencia, deberán presentar una denuncia formal en los puntos de contacto nacionales de Volkswagen para la llamada a revisión y pueden informar a su organización nacional de consumidores. (RAPID, IP/18/4549, 17.7.2018)

La Comisión Europea y las autoridades de protección de los consumidores de la UE instan a Airbnb a que adapte sus cláusulas y condiciones a la normativa de protección de los consumidores de la UE y sea transparente en su presentación de los precios. La presentación actual de los precios de Airbnb y algunas de sus condiciones no cumplen la Directiva sobre las prácticas comerciales desleales, la Directiva sobre las cláusulas abusivas en los contratos, así como el Reglamento relativo a la competencia judicial en materia civil y mercantil. Por lo tanto, las autoridades europeas de protección de los consumidores y la Comisión han exigido a Airbnb una serie de cambios. La empresa tiene de plazo hasta el final de agosto para presentar sus propuestas. Una vez que Airbnb haya propuesto soluciones para rectificar la situación, la Comisión y las autoridades de protección de los consumidores de la UE examinarán los cambios propuestos. Si no se consideran satisfactorios, Airbnb podría ser sometida a medidas ejecutivas. (RAPID, IP/18/4453, 16.7.2018)

La edición de este año confirma las actuales tendencias positivas del mercado de trabajo, así como la mejora de la situación social. El número de personas con empleo alcanzó nuevos niveles sin precedentes. Con cerca de 238 millones de personas que tienen un puesto de trabajo, las cifras del empleo nunca han sido tan elevadas en la UE. En 2017, el número de personas con empleo superaba en más de tres millones y medio al de 2016. Sin embargo, mientras que el número de horas trabajadas por persona empleada ha aumentado en los últimos años, aún está por debajo de los niveles de 2008. Al mismo tiempo, somos testigos de un aumento de la renta disponible y de la reducción de los niveles de pobreza. La privación material grave ha disminuido hasta un mínimo histórico, con 16,1 millones de personas afectadas menos que en 2012. No obstante, teniendo en cuenta el impacto del progreso tecnológico, persiste la incertidumbre sobre los futuros efectos de la automatización y de la digitalización. Por ello, el estudio ESDE de 2018 se centra en el mundo del trabajo, que está transformándose. (RAPID, IP/18/4395, 13.7.2018)

Etiquetado como:

En el Informe anual sobre el control de la aplicación del Derecho de la UE de hoy se indica cómo la Comisión controló e hizo aplicar el Derecho de la UE en 2017. El Cuadro de indicadores del mercado único, también publicado hoy en línea, muestra que, aunque están eliminándose la mayoría de obstáculos a la libre circulación de personas, servicios, mercancías y capitales, en algunos ámbitos la situación no mejora, o incluso está empeorando. La aplicación efectiva del Derecho es esencial para garantizar que los ciudadanos y las empresas disfruten de los beneficios que aporta el Derecho de la UE. Cualquier norma, independientemente del cuidado con el que se haya redactado y preparado, es tan eficaz como su aplicación. Al impulsar sus prioridades políticas, la Comisión presta, pues, atención no solo a proponer nueva legislación, sino también a garantizar que se aplique y se haga cumplir debidamente. Por ejemplo, en 2017, la Comisión actuó con firmeza para hacer cumplir las normas en los ámbitos de la protección de datos, la migración, la protección de los consumidores, la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo o la calidad del aire.

Al mismo tiempo, la cooperación entre la Comisión y los Estados miembros, trabajando en estrecha colaboración, sigue siendo clave en la aplicación del Derecho de la UE y para hacer frente a los problemas que puedan surgir. A lo largo del año, la Comisión ha asistido a los Estados miembros en la preparación de la entrada en vigor del Reglamento general de protección de datos (Reglamento 2016/679).  (RAPID, IP/18/4295, 12.7.2018)

Etiquetado como:

El Sr. Fonseca Morillo, de nacionalidad española, asumirá sus funciones como nuevo jefe de la Representación de la Comisión en Madrid el 1 de septiembre de 2018. En la actualidad es director general adjunto de la Dirección General de Justicia y Consumidores. En sus más de 30 años de experiencia en la Comisión Europea, el Sr. Fonseca Morillo ha ocupado los cargos de director general en funciones y jefe de Representación de la Comisión, entre otros; además, gracias a su dilatada carrera de funcionario, aporta un excelente conocimiento de las instituciones de la UE y una capacidad de gestión y de comunicación idóneas para desempeñar su nuevo cargo. El Sr. Fonseca Morillo entró en 1986 al servicio de la Comisión, donde ha ocupado diversos puestos. Tras comenzar como administrador en la Dirección General de Presupuestos, pasó a trabajar como asistente del director general de la Célula de Prospectiva y se convirtió en asesor del grupo de trabajo de la Conferencia Intergubernamental de 1996 y en consejero del secretario general, encargado de la unidad de seguimiento del Tratado de Ámsterdam. (RAPID, IP/18/4422, 11.7.2018)

La Comisión Europea ha llegado a la conclusión de que Correos, el operador público español de servicios postales, recibió una compensación excesiva por la prestación del servicio postal universal obligatorio entre 2004 y 2010, y también de que se benefició de exenciones fiscales incompatibles. España tiene que recuperar ahora 167 millones de euros de Correos. España encomendó a Correos la prestación del servicio postal universal obligatorio, consistente en la prestación de servicios postales básicos en todo el país a precios asequibles y con sujeción a determinados requisitos mínimos, por ejemplo, en cuanto al número de entregas semanales. El 11 de febrero de 2016, la Comisión Europea abrió una investigación en profundidad para examinar si varias ayudas estatales concedidas a Correos como compensación por el desempeño de sus obligaciones de servicio público se ajustaban a las normas sobre ayudas estatales de la UE. (RAPID, IP/18/4444, 10.7.2018)

Hoy, el Grupo Operativo sobre Subsidiariedad, Proporcionalidad y «Hacer menos pero de forma más eficiente», presidido por el vicepresidente primero Frans Timmermans, ha entregado su informe final al presidente de la Comisión, Jean-Claude Juncker. El informe responde a tres cuestiones formuladas por el presidente al crear el Grupo Operativo en noviembre de 2017: cómo aplicar mejor los principios de subsidiariedad y proporcionalidad en las instituciones de la UE; cómo asociar mejor a las autoridades locales y regionales y a los parlamentos nacionales a la elaboración de políticas de la UE y su ejecución; y si existen ámbitos de actuación política en los que las competencias puedan ser devueltas tras cierto tiempo a los Estados miembros. (RAPID, IP/18/4393, 10.7.2018)

La Comisión Europea ha autorizado, en virtud del Reglamento de la UE sobre concentraciones, la adquisición propuesta de Abertis por parte de ACS (junto con su filial Hochtief) y Atlantia. La Comisión ha llegado a la conclusión de que la operación anunciada no plantearía problemas de competencia en el Espacio Económico Europeo. Atlantia y Abertis gestionan y explotan autopistas de peaje. ACS concentra sobre todo su actividad en la construcción de infraestructuras, aunque también explota concesiones en el ámbito de las infraestructuras. Las tres empresas también intervienen en el sector de los servicios auxiliares para la explotación de autopistas de peaje, servicios que incluyen, por ejemplo, la prestación de servicios de telepeaje, así como la distribución de dispositivos a bordo y la prestación de sistemas de transporte inteligentes. (RAPID, IP/18/4392, 6.7.2018)

Página 3 de 206

Esta web utiliza cookies con una finalidad estadistica y para mejorar su navegación