Multimedia. CDE Universitat de València

El Tribunal de Justicia de Luxemburgo como garante de los derechos fundamentales
Joaquín Sarrión Esteve
Madrid: Editorial Dykinson, 2013
ISBN: 978-84-9031-402-9
Inmersos en el proceso de integración europea, estamos llamados a vivir en un sistema multinivel de protección de los derechos fundamentales en el que el Tribunal de Justicia (TJ) juega un papel esencial como garante de los mismos. En este trabajo estudiamos precisamente una evolución jurisprudencial que ha llevado al TJ desde la constitucionalización del Derecho comunitario, pasando por el “diálogo” con los Tribunales constitucionales, hasta la asunción de la tutela de los derechos fundamentales como principios generales del Derecho comunitario, hoy ya Derecho de la Unión Europea. Esta función de garante de los derechos fundamentales tiene rasgos constitucionales que se manifiestan de forma muy particular en la tutela de los derechos frente a las obligaciones internacionales y el Derecho internacional (Kadi, 2008); así como también y especialmente, a la hora de resolver los conflictos entre derechos fundamentales y libertades económicas (Schmidberger, 2003; Omega, 2004; Viking, 2007; Laval, 2007; Sayn Wittgestein, 2010); que nos permiten atrevernos a concluir que el TJ esta asumiendo progresivamente un rol de tribunal constitucional cada vez más significativo. Estamos en plena construcción de un sistema de protección de derechos fundamentales en la Unión Europea en el que el TJ deberá basarse en el principio de no regresión, y en la búsqueda del criterio del mayor nivel o estándar de protección de los derechos fundamentales, teniendo en consideración la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, las tradiciones constitucionales de los Estados miembros, y el Convenio Europeo de Derechos Humanos, con el horizonte de la adhesión al mismo cada vez más cerca. [+]
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El identificador europeo de jurisprudencia (ECLI) ha sido creado para facilitar la citación correcta e inequívoca de las resoluciones judiciales de los órganos jurisdiccionales nacionales y europeos. Un conjunto de metadatos uniforme contribuirá a mejorar el uso de los dispositivos de búsqueda de la jurisprudencia.

Antes del ECLI, la búsqueda de la jurisprudencia pertinente era difícil y larga. Tomemos, por ejemplo, el caso de una sentencia del Tribunal Supremo del Estado miembro A de interés para un debate jurídico específico. El asunto se registró en diversas bases de datos de jurisprudencia nacional y transfronteriza, pero en cada base de datos la sentencia tenía un identificador diferente. Todos estos identificadores – si se conocían – debían indicarse para que los lectores de la citación pudieran encontrar el asunto en la base de datos de su preferencia. Diferentes normas y estilos de citación complicaban la búsqueda. Además, los usuarios debían consultar todas las bases de datos para averiguar si ese asunto del Tribunal Supremo estaba disponible – resumido, traducido o anotado. Con el sistema ECLI bastará una búsqueda a través de una interfaz de búsqueda con un único identificador para encontrar todos los resultados en todas las bases de datos nacionales y transfronterizas consultadas.

El fácil acceso a las resoluciones judiciales de otros Estados miembros es cada vez más importante para reforzar el papel de los jueces nacionales en la aplicación y defensa del Derecho de la UE. La búsqueda y citación de las resoluciones judiciales de otros Estados miembros se ve seriamente obstaculizada por las diferencias entre los sistemas nacionales de identificación de la jurisprudencia, las normas de citación y los campos técnicos que describen las características de una resolución judicial.

Para superar estas diferencias y facilitar el acceso y la citación de la jurisprudencia nacional, extranjera y europea, el Consejo de la Unión Europea invitó a los Estados miembros y a las instituciones de la UE a introducir el identificador europeo de jurisprudencia (ECLI) y un conjunto mínimo de metadatos uniformes de la jurisprudencia. [+]

La Comisión Europea ha decidido hoy llevar a España ante el Tribunal de Justicia de la UE por no haber notificado las disposiciones para la plena aplicación de la Directiva sobre las cuentas de pago de la UE (Directiva 2014/92/UE). Las normas de la UE en materia de cuentas de pago son esenciales para garantizar que los consumidores se beneficien de cuentas de pago transparentes en un mercado competitivo e integrador. La Directiva concede a todos los residentes legales en la UE el derecho a una cuenta de pago básica a cambio de una comisión razonable, independientemente del lugar de residencia. También aumenta la transparencia de las comisiones de las cuentas de pago y facilita la comparabilidad y el traslado de dichas cuentas. Las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros necesarias para dar cumplimiento a lo dispuesto en la Directiva debían entrar en vigor a más tardar el 18 de septiembre de 2016 y la Comisión debía ser informada de ello inmediatamente. Hasta la fecha, España no ha incorporado esta Directiva a su ordenamiento jurídico nacional, por lo que la Comisión lleva a este país ante el Tribunal de Justicia de la UE. (RAPID, IP/16/3498, 4.10.2017)

Informe Especial 14/2017. Examen del rendimiento de la gestión de asuntos en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (DOUE C 320/06, 27.9.2017)

En este examen del rendimiento el Tribunal evaluó los procesos de gestión de asuntos en el TJUE, en particular si los procedimientos en vigor fomentaban la tramitación eficiente de los asuntos incoados y si podría mejorarse su pronta resolución. 
En los últimos años el TJUE ha ido dando mayor prioridad a asegurar la puntualidad en la gestión de los asuntos y se han logrado avances para evitar el significativo retraso de causas pendientes que se había acumulado en el Tribunal General al final de 2016.
El examen del Tribunal ha permitido concluir que el TJUE podría reforzar aún más estos resultados positivos si se planteara una evolución hacia una gestión más activa de los asuntos individuales, con calendarios adaptados y una atención a los recursos humanos empleados, y si adoptara otras medidas de mejora de los sistemas de gestión.

La Comisión Europea ha decidido llevar a Croacia, Chipre, Portugal y España ante el Tribunal de Justicia de la UE por no incorporar la Directiva sobre créditos hipotecarios en su ordenamiento jurídico nacional. Los Estados miembros debían incorporar la Directiva sobre créditos hipotecarios el 21 de marzo de 2016 a más tardar. Croacia, Chipre, Portugal y España aún no han cumplido esta obligación.

La Directiva sobre créditos hipotecarios (Directiva 2014/17/UE) aspira a crear un mercado de crédito hipotecario en la UE con un nivel elevado de protección de los consumidores. Entre sus principales disposiciones cabe destacar las normas de conducta para los proveedores, incluida la obligación de evaluar la solvencia de los consumidores y divulgar información, requisitos en materia de conocimientos y competencia del personal, disposiciones relativas a determinados aspectos del crédito hipotecario, como el reembolso anticipado, los préstamos suscritos en moneda extranjera, las prácticas de venta vinculada, la educación financiera, la tasación de la propiedad, las demoras y la ejecución hipotecaria, así como un pasaporte de la UE para los intermediarios de crédito que cumplen los requisitos de admisión en su Estado miembro de origen.

La no aplicación de la Directiva por los Estados miembros significa que los consumidores de esos Estados no pueden disfrutar de la protección que la misma garantiza cuando suscriben sus préstamos hipotecarios o cuando experimentan dificultades para reembolsarlos. Por otra parte, los intermediarios de crédito no pueden disfrutar de un pasaporte para sus actividades comerciales, lo que priva a los consumidores de Croacia, Chipre, Portugal y España de ofertas de crédito potencialmente más ventajosas procedentes de prestamistas de otros Estados miembros. Ello dificulta la competencia, limita las posibilidades de elección y lleva a unos precios más altos. (RAPID, IP/17/1049, 27.4.2017)

La Comisión Europea ha llevado a España ante el Tribunal de Justicia de la UE por no recuperar ayudas estatales incompatibles dedicadas a subvencionar la digitalización de su red de televisión y no suspender todos los pagos en curso para su explotación y mantenimiento.

En octubre de 2014 y junio de 2013, la Comisión adoptó dos decisiones en las que concluía que las ayudas estatales concedidas por España para subvencionar la transición de la televisión analógica a la televisión digital terrestre (TDT) en lugares remotos de Castilla-La Mancha y del resto de España, respectivamente, eran incompatibles con las normas de la Unión sobre ayudas estatales.

De conformidad con el principio de neutralidad tecnológica, la financiación pública deberá concederse a todas las plataformas de transmisión (terrestre, por satélite, por cable o a través de Internet) sin discriminación alguna. Las medidas tomadas por las autoridades españolas únicamente beneficiaban a la tecnología digital terrestre, infringiendo este principio. También implicaban una discriminación entre distintos operadores terrestres. Como consecuencia de ello, algunos operadores terrestres recibieron una ventaja selectiva sobre sus competidores. Las restricciones pueden haber privado a los consumidores de algunos posibles beneficios, por ejemplo unas mayores posibilidades de elección y unos precios más bajos. Las decisiones de la Comisión, por lo tanto, señalaban que las subvenciones debían ser devueltas a las autoridades españolas correspondientes.

Más de tres años y medio después de la primera decisión y más de dos años después de la segunda, las autoridades españolas solamente han recuperado una pequeña parte de las ayudas (aproximadamente el 2 % de la cantidad estimada en la primera decisión y nada con respecto a la segunda). Además, España sigue pagando por el funcionamiento y mantenimiento de partes de la red de TDT, en incumplimiento de las decisiones.

Como consecuencia del retraso en la aplicación de las decisiones, el falseamiento de la competencia en el mercado correspondiente no se ha detenido. La Comisión está especialmente preocupada por la continuación del pago de subvenciones ilegales en detrimento de otros operadores. Por tanto, la Comisión ha decidido llevar a España ante el Tribunal de Justicia, en aplicación del artículo 108, apartado 2, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE). (RAPID, IP/17/37, 10.1.2017)

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