Jurisprudencia de la UE. CDE Universitat de València

Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.  Asunto C-128/16 P (Comisión/España y otros) de 25 de julio de 2018
Recurso de casación — Ayudas de Estado — Artículo 107 TFUE, apartado 1 — Régimen fiscal aplicable a determinados acuerdos de arrendamiento financiero para la adquisición de buques (sistema español de arrendamiento fiscal) — Identificación de los beneficiarios de la ayuda — Requisito de selectividad — Distorsión de la competencia y afectación de los intercambios comerciales entre Estados miembros — Obligación de motivación
En el asunto C‑128/16 P, que tiene por objeto un recurso de casación interpuesto, con arreglo al artículo 56 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el 29 de febrero de 2016, Comisión Europea, representada por los Sres. V. Di Bucci y E. Gippini Fournier y la Sra. P. Němečková, en calidad de agentes, parte recurrente, y en el que las otras partes en el procedimiento son: Reino de España, representado por el Sr. M.A. Sampol Pucurull, en calidad de agente, Lico Leasing, S.A., con domicilio social en Madrid, Pequeños y Medianos Astilleros Sociedad de Reconversión, S.A., con domicilio social en Madrid, representadas por el Sr. M. Merola, avvocato, y el Sr. M. Sánchez, abogado, partes demandantes en primera instancia, Bankia, S.A., con domicilio social en Valencia, Asociación Española de Banca, con domicilio social en Madrid, Unicaja Banco, S.A., con domicilio social en Málaga, Liberbank, S.A., con domicilio social en Madrid, Banco de Sabadell, S.A., con domicilio social en Sabadell (Barcelona), Banco Gallego, S.A., con domicilio social en Santiago de Compostela (A Coruña), Catalunya Banc, S.A., con domicilio social en Barcelona, Caixabank, S.A., con domicilio social en Barcelona, Banco Santander, S.A., con domicilio social en Santander (Cantabria), Santander Investment, S.A., con domicilio social en Boadilla del Monte (Madrid), Naviera Séneca, A.I.E., con domicilio social en Las Palmas de Gran Canaria (Las Palmas), Industria de Diseño Textil, S.A., con domicilio social en Arteixo (A Coruña), Naviera Nebulosa de Omega, A.I.E., con domicilio social en Las Palmas de Gran Canaria (Las Palmas), Banco Mare Nostrum, S.A., con domicilio social en Madrid, Abanca Corporación Bancaria, S.A., con domicilio social en Betanzos (A Coruña), Ibercaja Banco, S.A., con domicilio social en Zaragoza, Banco Grupo Cajatres, S.A.U., con domicilio social en Zaragoza, Naviera Bósforo, A.I.E., con domicilio social en Las Palmas de Gran Canaria (Las Palmas), Joyería Tous, S.A., con domicilio social en Lleida, Corporación Alimentaria Guissona, S.A., con domicilio social en Guissona (Lleida), Naviera Muriola, A.I.E., con domicilio social en Madrid, Poal Investments XXI, S.L., con domicilio social en San Sebastián de los Reyes (Madrid), Poal Investments XXII, S.L., con domicilio social en San Sebastián de los Reyes (Madrid), Naviera Cabo Vilaboa C‑1658, A.I.E., con domicilio social en Madrid, Naviera Cabo Domaio C‑1659, A.I.E., con domicilio social en Madrid, Caamaño Sistemas Metálicos, S.L., con domicilio social en Culleredo (A Coruña), Blumaq, S.A., con domicilio social en La Vall d’Uixó (Castellón), Grupo Ibérica de Congelados, S.A., con domicilio social en Vigo (Pontevedra), RNB, S.L., con domicilio social en La Pobla de Vallbona (Valencia), Inversiones Antaviana, S.L., con domicilio social en Paterna (Valencia), Banco de Caja España de Inversiones, Salamanca y Soria, S.A.U., con domicilio social en Madrid, Banco de Albacete, S.A., con domicilio social en Boadilla del Monte (Madrid), Bodegas Muga, S.L., con domicilio social en Haro (La Rioja), representadas por los Sres. J.L. Buendía Sierra, E. Abad Valdenebro, R. Calvo Salinero y A. Lamadrid de Pablo, abogados, Aluminios Cortizo S.A.U., con domicilio social en Padrón (A Coruña), representada por el Sr. A. Beiras Cal, abogado, partes coadyuvantes en casación (Curia.europa.eu, 25.7.2018)

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre El sector europeo del mantenimiento, la reparación y la transformación naval: un sector resistente, competitivo en el mercado mundial y comprometido con las políticas de la UE en materia de desarrollo sostenible (Dictamen de iniciativa) (DOUE C 170/06, 5.6.2014)

Comisario traidor de José Ignacio Torreblanca
El 3 de mayo de 2010, Joaquín Almunia, conjuntamente con el resto de los Comisarios que forman el Colegio de Comisarios de la Comisión Europea se desplazó a Luxemburgo para, en una ceremonia solemne, prometer su cargo. El Comisario Almunia no sólo se comprometió a ser independiente sino que, préstese atención, “tomó nota del compromiso de cada Estado miembro de respetar este principio y no buscar influir en los miembros de la Comisión en lo relativo al desempeño de sus funciones” (ver texto completo de la promesa o juramento).
Estamos pues ante un doble compromiso de independencia, del mandatado (Almunia), que se compromete a ser independiente y del mandatario (el Gobierno español) que se compromete a no intentar socavar esa independencia. Viendo el chaparrón de críticas a Almunia por su proceder en el asunto de las ayudas al sector naval, parece legítimo preguntarse ¿qué parte de este doble mandato no han entendido? (El País. Blog Café Steigner, 18 de julio de 2013)

Tras una investigación pormenorizada, la Comisión Europea ha concluido que el régimen español de arrendamiento fiscal para la adquisición de buques es parcialmente incompatible con las normas de la UE sobre ayudas estatales. El régimen, implantado en 2002, nunca ha sido notificado a la Comisión Europea para su autorización previa, como hubiese sido preceptivo. Dicho régimen ha permitido a agrupaciones de interés económico (AIE) y a sus inversores beneficiarse de una ventaja selectiva con respecto a sus competidores. Según las normas europeas, estos beneficiarios deben devolver esa ventaja al Estado español. En aplicación del principio de seguridad jurídica, la Comisión no pide la recuperación de las ayudas concedidas entre el comienzo del régimen en 2002 y el 30 de abril de 2007, fecha en la que la Comisión públicamente declaró incompatible una medida francesa similar.
A raíz de diversas denuncias, procedentes principalmente del sector de la construcción naval de otros Estado miembros, en junio de 2011 la Comisión inició una investigación pormenorizada sobre el régimen español de arrendamiento fiscal (véase IP/11/825). En dicho régimen, una empresa naviera no adquiere un buque directamente a un astillero sino por mediación de una estructura contractual y financiera compleja en la que interviene concretamente una agrupación de interés económico (AIE), instrumento de inversión en régimen de transparencia fiscal constituido por inversores deseosos de reducir su base imponible. (RAPID, IP/13/706, 17.7.2013)

La Comisión ha presentado hoy una propuesta para mejorar la planificación de las actividades en el mar y la gestión de las zonas costeras. La propuesta —que presenta la forma de un proyecto de Directiva— tiene por objeto sujetar a un marco europeo común la ordenación del espacio marítimo y la gestión costera integrada de los Estados miembros a fin de garantizar que el crecimiento de las actividades marítimas y costeras y el uso de los recursos del mar y de las costas siga siendo sostenible.
Actualmente son numerosas las actividades humanas y económicas (energía eólica marina, rutas de cables y de oleoductos submarinos, navegación, pesca y acuicultura, etc.) que están proliferando en las aguas del mar y en las zonas costeras sin apenas coordinación alguna. Esto puede conducir a intensificar la lucha por el espacio y la presión sobre aquellos recursos que revisten valor. La medida propuesta exigirá que los Estados miembros reglamenten esas actividades en el marco de unos planes de ordenación marítima que favorezcan un uso más eficiente de los mares. La medida requerirá también que los Estados miembros elaboren estrategias de gestión costera que permitan coordinar las diferentes disposiciones sectoriales aplicables a las actividades emprendidas en las zonas costeras. Deberán igualmente respetar las exigencias mínimas propuestas por la nueva Directiva y tendrán que garantizar que todas las medidas que adopten para la planificación de su espacio marítimo y la gestión de sus costas impulsen un crecimiento sostenible y la participación de los interesados, favoreciendo al mismo tiempo la cooperación con los Estados vecinos. (RAPID, IP/13/222, 13.3.2013)

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