Premios y Becas. CDE Universitat de València

La Comisión Europea ha decidido hoy llevar a España ante el Tribunal de Justicia de la UE por no haber notificado las disposiciones para la plena aplicación de la Directiva sobre las cuentas de pago de la UE (Directiva 2014/92/UE). Las normas de la UE en materia de cuentas de pago son esenciales para garantizar que los consumidores se beneficien de cuentas de pago transparentes en un mercado competitivo e integrador. La Directiva concede a todos los residentes legales en la UE el derecho a una cuenta de pago básica a cambio de una comisión razonable, independientemente del lugar de residencia. También aumenta la transparencia de las comisiones de las cuentas de pago y facilita la comparabilidad y el traslado de dichas cuentas. Las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros necesarias para dar cumplimiento a lo dispuesto en la Directiva debían entrar en vigor a más tardar el 18 de septiembre de 2016 y la Comisión debía ser informada de ello inmediatamente. Hasta la fecha, España no ha incorporado esta Directiva a su ordenamiento jurídico nacional, por lo que la Comisión lleva a este país ante el Tribunal de Justicia de la UE. (RAPID, IP/16/3498, 4.10.2017)

La Comisión Europea ha decidido hoy llevar a España ante el Tribunal de Justicia de la UE por no haber notificado las medidas para la plena transposición de las normas sobre los denunciantes de infracciones de la UE. En 2015, la Comisión aprobó una Directiva de Ejecución sobre la comunicación a las autoridades competentes de posibles infracciones o infracciones reales del Reglamento sobre abuso de mercado [Directiva de Ejecución (UE) 2015/2392 de la Comisión, denominada Directiva sobre denuncia de infracciones]. Esta Directiva se inscribe en el código normativo sobre abuso de mercado y exige a los Estados miembros que establezcan mecanismos eficaces de comunicación de las infracciones de dicho Reglamento. Contiene disposiciones para proteger a las personas que notifican este tipo de infracciones y detalla los procedimientos de protección de los denunciantes y de los denunciados, el sistema de seguimiento de las denuncias y el de protección de los datos personales.

Los Estados miembros tenían que transponerla a más tardar el 3 de julio de 2016. Una vez agotado ese plazo inicial, se solicitó a los países que no lo habían hecho, entre ellos España, que adoptasen medidas para garantizar el pleno cumplimiento de las nuevas normas sobre los denunciantes de infracciones en septiembre de 2016. Desde entonces, la Comisión no ha recibido información respecto de la incorporación completa de las citadas normas al ordenamiento jurídico nacional. Por ese motivo, lleva ahora a España ante el Tribunal de Justicia de la UE. (RAPID, IP/17/1950, 13.7.2017)

Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Asunto C-388/16 (Comisión/España) de 13 de julio de 2017
Incumplimiento de Estado — Sentencia del Tribunal de Justicia por la que se declara un incumplimiento — Inejecución — Artículo 260 TFUE, apartado 2 — Sanciones pecuniarias — Cantidad a tanto alzado
En el asunto C‑388/16, que tiene por objeto un recurso por incumplimiento interpuesto, con arreglo al artículo 260 TFUE, apartado 2, el 13 de julio de 2016, Comisión Europea, representada por las Sras. L. Nicolae y S. Pardo Quintillán, en calidad de agentes, que designa domicilio en Luxemburgo, parte demandante, contra Reino de España, representado por los Sres. M.A. Sampol Pucurull y A. Rubio González, en calidad de agentes, parte demandada (Curia.europa.eu, 13.7.2017)

Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Asunto C-74/16 (Congregación de Escuelas Pías Provincia Betania/Ayuntamiento de Getafe) de 27 de junio de 2017
Procedimiento prejudicial — Ayudas estatales — Artículo 107 TFUE, apartado 1 — Concepto de “ayuda estatal” — Conceptos de “empresa” y de “actividad económica” — Otros requisitos de aplicación del artículo 107 TFUE, apartado 1 — Artículo 108 TFUE, apartados 1 y 3 — Conceptos de “ayudas existentes” y de “nuevas ayudas” — Acuerdo de 3 de enero de 1979 entre el Reino de España y la Santa Sede — Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras — Exención en favor de los inmuebles de la Iglesia Católica
En el asunto C‑74/16, que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada, con arreglo al artículo 267 TFUE, por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n.º 4 de Madrid, mediante auto de 26 de enero de 2016, recibido en el Tribunal de Justicia el 10 de febrero de 2016, en el procedimiento entre Congregación de Escuelas Pías Provincia Betania y Ayuntamiento de Getafe (Curia.europa.eu, 27.6.2017) 

 Aquest curs d’estiu està dedicat a l’estudi de la greu crisi migratòria que afecta actualment Europa, i, més concretament, les seues repercussions per a Espanya. De manera més detallada, s’hi analitzaran els temes següents: l’evolució dels conflictes internacionals que en gran mesura han originat la crisi migratòria (Síria…); la controvertida gestió de la crisi migratòria per part de la Unió Europea (acord amb Turquia…); i la pràctica legislativa, administrativa i judicial d’Espanya. Coordinació: Jaume Ferrer Lloret. Lloc de celebració: Sant Vicent del Raspeig. [+]

La Comisión Europea ha decidido llevar a Croacia, Chipre, Portugal y España ante el Tribunal de Justicia de la UE por no incorporar la Directiva sobre créditos hipotecarios en su ordenamiento jurídico nacional. Los Estados miembros debían incorporar la Directiva sobre créditos hipotecarios el 21 de marzo de 2016 a más tardar. Croacia, Chipre, Portugal y España aún no han cumplido esta obligación.

La Directiva sobre créditos hipotecarios (Directiva 2014/17/UE) aspira a crear un mercado de crédito hipotecario en la UE con un nivel elevado de protección de los consumidores. Entre sus principales disposiciones cabe destacar las normas de conducta para los proveedores, incluida la obligación de evaluar la solvencia de los consumidores y divulgar información, requisitos en materia de conocimientos y competencia del personal, disposiciones relativas a determinados aspectos del crédito hipotecario, como el reembolso anticipado, los préstamos suscritos en moneda extranjera, las prácticas de venta vinculada, la educación financiera, la tasación de la propiedad, las demoras y la ejecución hipotecaria, así como un pasaporte de la UE para los intermediarios de crédito que cumplen los requisitos de admisión en su Estado miembro de origen.

La no aplicación de la Directiva por los Estados miembros significa que los consumidores de esos Estados no pueden disfrutar de la protección que la misma garantiza cuando suscriben sus préstamos hipotecarios o cuando experimentan dificultades para reembolsarlos. Por otra parte, los intermediarios de crédito no pueden disfrutar de un pasaporte para sus actividades comerciales, lo que priva a los consumidores de Croacia, Chipre, Portugal y España de ofertas de crédito potencialmente más ventajosas procedentes de prestamistas de otros Estados miembros. Ello dificulta la competencia, limita las posibilidades de elección y lleva a unos precios más altos. (RAPID, IP/17/1049, 27.4.2017)

Decisión (UE) 2017/365 de la Comisión, de 4 de julio de 2016, relativa a la ayuda estatal SA.36387 (2013/C) (ex 2013/NN) (ex 2013/CP) concedida por España al Valencia Club de Fútbol Sociedad Anónima Deportiva, al Hércules Club de Fútbol Sociedad Anónima Deportiva y al Elche Club de Fútbol Sociedad Anónima Deportiva [notificada con el número C(2016) 4060] (DOUE L 55/12, 2.3.2017)

La Comisión Europea envía una última advertencia a Alemania, Francia, España, Italia y Reino Unido por no haber resuelto el problema de incumplimiento constante de los límites de contaminación atmosférica correspondientes al dióxido de nitrógeno (NO 2). La contaminación por NO2 supone un riesgo sanitario grave. La mayor parte de las emisiones proceden del tráfico rodado. La Comisión Europea insta a cinco Estados miembros a que adopten medidas para garantizar una buena calidad del aire y proteger la salud pública.

Cada año, más de 400 000 ciudadanos mueren prematuramente en la UE como consecuencia de una mala calidad del aire. Millones de personas padecen enfermedades respiratorias y cardiovasculares provocadas por la contaminación del aire. En 2013, debido a unos niveles persistentemente altos de dióxido de nitrógeno (NO2), se produjeron aproximadamente 70 000 muertes prematuras en Europa, un número casi tres veces superior al de muertes por accidentes de tráfico en ese mismo año.

La legislación de la UE sobre la calidad del aire ambiente (Directiva 2008/50/CE) establece valores límite para los contaminantes atmosféricos, en particular el dióxido de nitrógeno.Si se superan esos valores límite, los Estados miembros están obligados a adoptar y ejecutar planes de calidad del aire que establezcan medidas adecuadas para poner fin a esa situación lo antes posible. (RAPID, IP/17/238, 15.2.2017)

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