La Comisión Europea ha dado un plazo de un mes al Ministerio español de Economía para que clarifique si existen contratos públicos de administraciones valencianas beneficiados con fondos europeos que se encuentren actualmente inmersos en alguna investigación judicial por posible corrupción. Puig, mientras tanto, ha tranquilizado a representantes de la UE sobre el déficit y la corrupción (El Mundo, 9.5.2016)

El día 7 de marzo de 2016 se ha llevado a cabo presentación del Programa Operativo de la Comunitat Valenciana del Fondo Social Europeo (FSE) 2014-2020, en el transcurso de un acto organizado para la mayor difusión del programa entre participantes,  beneficiarios de sus acciones y ciudadanía en general, y  en el marco de las obligaciones de información y publicidad establecidas por el Reglamento de Disposiciones Comunes, Reglamento  1303/2013.

El President de la Generalitat, Ximo Puig, ha pedido que la gestión del Programa Operativo 2014-2020 del Fondo Social Europeo sea 'eficaz y rigurosa' para evitar que 'la presencia de irregularidades congele la transferencia de parte del dinero previsto, como sucedió en el pasado', y para posibilitar el cumplimiento de sus objetivos, que 'encajan directamente' en la prioridad que el Consell otorga a las personas que más han sufrido los efectos de la crisis.

Por su parte, la vicepresidenta y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, Mónica Oltra, ha destacado que "el proyecto europeo aporta una globalización basada en los valores democráticos y un modelo de ciudadanía basado en redes públicas de solidaridad universal". Además, ha señalado que "el proyecto europeo pretende vertebrar una arquitectura social compartida, que es el origen del Fondo Social Europeo, que acompaña a la UE desde su fundación".

En este sentido, "la ciudadanía europea no es una simple aspiración virtual", lo que “lleva aparejado unos derechos que los poderes públicos tenemos que garantizar, y en ese marco es donde el Fondo Social Europeo se constituye como el instrumento clave a través del cual los gobiernos podemos aplicar políticas inclusivas que garanticen igualdad y bienestar a las personas”, ha destacado. [+]

La Unión Europea (UE) ha impuesto este lunes una multa a España de 18,93 millones de euros por "negligencia grave" al manipular de las estadísticas sobre el déficit en la Comunitat Valenciana, según ha informado el Consejo de la UE en un comunicado.

La multa se refiere principalmente a la ocultación sistemática de parte del gasto sanitario. El gobierno de España había recurrido la multa por considerar que "no se habían cumplido los procedimientos sancionadores de la UE".

El falseamiento de las cuentas se produjo entre 1988 y 2011, pero la multa se refiere sólo al periodo 2011-2012, ya que la Comisión Europea -responsable de presentar la propuesta de sanción-- sólo dispone de poderes para investigar las estadísticas de los Estados miembros desde entonces. En 2012 se corrigieron los problemas detectados. (Valencia Plaza, 14.7.2015)

Tras la conclusión de la investigación sobre la manipulación de estadísticas en la Comunidad Valenciana, la Comisión Europea ha adoptado un informe y recomienda al Consejo la imposición de una multa.

Esta es la primera vez que la Comisión hace uso de sus nuevos poderes con arreglo a la legislaciónsobre la gobernanza económica «Six Pack» para investigar la supuesta manipulación de los datos de deuda y de déficit de un Estado miembro.

Las estadísticas de los Estados miembros deben reflejar fielmente la situación económica y elaborarse y transmitirse de conformidad con el Derecho de la UE.Por ello, la Comisión tiene ahora la responsabilidad de garantizar que los datos de la Administración general de los Estados miembros sean creíbles y fiables y se elaboren de forma independiente. Es un elemento importante para reforzar la gobernanza y supervisión económicas.

El informe adoptado hoy por la Comisión concluye que una entidad del sector de la Administración general de España, la Intervención General de la Generalitat Valenciana, incurrió en negligencia grave por la ausencia de registro de gastos sanitarios y el incumplimiento del principio del devengo en las cuentas nacionales (SEC 95), lo que dio lugar a una notificación incorrecta de los datos de déficit público de España a Eurostat en marzo de 2012. La notificación incorrecta finalizó en 2012. El informe se refiere específicamente a las estadísticas elaboradas por la Comunidad Valenciana, pero no pone en duda la exactitud de las estadísticas nacionales de España. Eurostat publicó sin reservas las cifras de deuda y de déficit de España, una vez corregidas en octubre de 2012. (RAPID, 15/4939, 7.5.2015)

La sanción penalizará la ocultación de gasto sanitario y rozará los 19 millones de euros. La Comisión Europea quiere lanzar un mensaje ejemplarizante de que las cuentas públicas no se falsean. El Ejecutivo comunitario propondrá esta semana multar a España por la manipulación de las estadísticas de déficit público y deuda de la Comunidad Valenciana. Según fuentes comunitarias citadas por Europa Press, la sanción rozará los 19 millones de euros.

Bruselas investiga desde el verano pasado a esta administración por haber ocultado sistemáticamente una parte del gasto sanitario entre 1988 y 2011, según fuentes comunitarias. La multa se anunciará el próximo viernes, justo antes de que venza el plazo que tenía la Comisión para proponer penalizaciones. La sanción, que será reducida, según admiten las fuentes consultadas, deberá ser ratificada por el Consejo Europeo (Estados miembros). Posteriormente podrá recurrirse.

Con la sombra del caso griego aún presente —Atenas falseó durante años sus cuentas y la abultada corrección del déficit público acabó desencadenando la crisis que acabó en rescate—, el Ejecutivo comunitario pretende enviar un mensaje político de que este tipo de incumplimientos no son tolerables. (El País, 6.5.2015)

La defensora del pueblo europeo, Emilly O'Reilly, ha comunicado al Síndic de Greuges (defensor del pueblo) de Cataluña, Rafael Ribó, que ha hecho llegar al secretario general de la Comisión Europea su informe sobre el proyecto Castor.

Que la Comisión Europea tomara cartas en el asunto era una de las recomendaciones incluidas en el informe que elaboró Ribó para utilizar todas las herramientas legales, y lograr suspender el Real Decreto Ley que concede una indemnización multimillonaria a la empresa que impulsó el proyecto de almacén de gas en la costa mediterránea.

El defensor del pueblo de Cataluña sugirió a la defensora europea que solicitara a la Comisión que, en el marco de sus competencias, investigara de oficio si la actuación de España, concretada en el Real Decreto Ley 13/2014, "constituye una ayuda de Estado prohibida por el Tratado fundacional de la Unión Europea". (Valencia Plaza, 10.12.2014)

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