Publicado en El aire de la ciudad

Ni diputaciones ni ayuntamientos

Jueves, 08 Septiembre 2011 09:59 Escrito por  Josep Sorribes

Discusiones teóricas y políticas sobre el déficit a un lado (inanidad política frente a la jugada perversa de los cobradores de frac, los mercados), suprimir o no las diputaciones debería ser la consecuencia de un discurso coherente sobre la eficiencia de la administración sub-central y los beneficios de esa eficiencia para el crecimiento económico y el bienestar social. No conviene olvidar que un incremento en la eficiencia es también un ahorro (con posibilidades de crecimiento), ya que se producen más bienes y servicios públicos con el mismo coste. Además, puestos a ahorrar sueldos, las posibilidades -en todas las escalas de la administración, políticos incluidos- son legión.

El federalismo fiscal se ha encargado de demostrar que, salvo algunas excepciones, es más eficiente la provisión descentralizada de bienes y servicios públicos, que es la primera función que se le asigna al Estado en materia económica. Además, coincidiendo con la notable pérdida de autonomía de las políticas macroeconómicas del Gobierno central debido al proceso de integración europea (ni moneda, ni tipo de interés, ni política fiscal independiente), se ha empezado a discutir seriamente si los gobiernos subcentrales (regionales o locales) deberían o no asumir más protagonismo en las otras dos funciones clásicas del Estado en el ámbito económico: el crecimiento con estabilidad de precios y la redistribución de la renta.

Aunque haya otros factores sociológicos y políticos, parece fuera de toda duda que el federalismo fiscal le ha dado alas en toda Europa al proceso de descentralización. Una descentralización que es más eficiente si existe una coordinación sensata entre administraciones que evite el enquistamiento de reinos de taifas en forma de gobiernos regionales que no hablan con los gobiernos locales ni con el gobierno central o de gobiernos locales que confunden la autonomía constitucional con el cortijo.

Una vez establecidas las ventajas de la descentralización y establecidas las competencias (mejor compartidas que exclusivas) de cada nivel podríamos especificar las reformas a introducir: clama al cielo una reforma general y sensata. Si las autonomías no pueden rechazar su corresponsabilidad y actuar en función de colores políticos enrocándose en su taifa, los ayuntamientos han de dejar de ser la administración marginal del Estado pero a través de una reforma en profundidad de conceptos y contenidos.

Los sagrados límites municipales cada vez sirven para menos y son, cada vez más, un obstáculo para la correcta y eficaz resolución de los problemas. Y esto pasa en: a) regiones urbanas, áreas metropolitanas o cuasi-áreas metropolitanas, donde la ciudad real es el conjunto de la aglomeración y donde se impone un gobierno supramunicipal; b) regiones intermedias donde una ciudad de cierta dimensión y capacidad de gestión se combina con una miríada de pequeños municipios sin que exista la obligación de la ayuda mutua y c) municipios de áreas deprimidas donde la mancomunidad forzosa es quizá la única salida.

Sea como sea, los ayuntamientos deberían ceder competencias hacia arriba (y las autonomías hacia abajo) y mantener las funciones de representación política, servicios de primer nivel o instancia, seguridad, cultura e identidad. ¿A quién deberían ceder competencias los ayuntamientos y las autonomías? ¿A unas diputaciones provinciales que han dado, en general, sobradas muestras de anquilosamiento, ineficacia y clientelismo? No, por favor. Negarse a una modificación constitucional que elimine las diputaciones es aferrarse desesperadamente al pasado para defender privilegios y prebendas indefendibles.

Si hemos hablado de la obsolescencia de los términos municipales no podemos caer en la trampa de que todo cambie (Consejos de Alcaldes en lugar de diputaciones) para que todo siga igual. Ni la correcta asignación de usos del suelo, ni la movilidad, el ciclo del agua, el medio ambiente, los residuos, la vivienda, la promoción económica y el turismo y la gestión educativa y sanitaria deben plantearse a escala municipal. Y tampoco puede resolverse el problema minimizando el papel local y maximizando el regional, más distante y menos eficaz y que debería centrarse en la coordinación y la planificación, delegando competencias. ¿Pero, de nuevo, en quién? Pues en gobiernos locales intermedios (llámense governacions, vegueries o como se quiera) que asumirían estas funciones y que contarían con el personal y los recursos financieros de las actuales diputaciones y, en menor medida, de los gobiernos autónomos y de los ayuntamientos con exceso de recursos para las competencias que subsistan. Ya me referí a estos gobiernos locales intermedios hace 12 años (Josep Sorribes. La gestió eficient del territori: una alternativa per al País Valencia. Reunió de l'Associació Valenciana d'Estudis Regionals. 1999). Y..., hasta hoy.

¡¡¡Más burocracia!!!, clamarán los de siempre. En absoluto. No hay porque imitar la estructura del gobierno regional ni caer en ningún gigantismo. Los alcaldes del área eligen al presidente y éste a un gerente y a un reducido y competente grupo de técnicos capaces de dirigir al personal transferido. Muy barato. Las decisiones políticas, a la Asamblea o Consejo de Alcaldes y a otra cosa. Eliminamos las diputaciones pero tenemos un recambio eficiente, compatible además con toda la flexibilidad del mundo, con los acuerdos inter, con las áreas metropolitanas, con las redes formales o informales de ciudades, con la famosa geometría asimétrica. Un referente sólido y flexible de gobierno territorial.

La propuesta no gustará a los gobiernos autónomos y a los ayuntamientos (¿ceder competencias dice usted?) ni a los partidos políticos, que tienen siempre el escaño en mente. Exige estudiar, hacer números y modificar leyes. Además, será tachada de utópica y políticamente incorrecta. Ya estoy acostumbrado, pero..., ¿discutimos o improvisamos?.

(artículo publicado inicialmente en El País. Comunidad Valenciana, 2 de septiembre de 2011)

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