Los ciudadanos y las empresas de Europa se beneficiarán de una mayor integración financiera y de un sistema financiero más estable gracias a los planes de la Comisión para acelerar la realización de los elementos que faltan de la unión bancaria.

La unión bancaria debe completarse para aprovechar todo su potencial a la hora de hacer la Unión Económica y Monetaria (UEM) más estable y resistente a los choques, limitando al mismo tiempo la necesidad de que el sector público comparta los riesgos. Esto es beneficioso para todo el mercado único. Basándose en los importantes progresos ya registrados, la Comisión ha publicado una Comunicación que establece una senda ambiciosa, aunque realista, para garantizar un acuerdo sobre todos los elementos pendientes de la unión bancaria, sobre la base de los compromisos ya asumidos por el Consejo. Esto precede la cumbre de diciembre sobre el euro con una composición integradora, cumbre en la que la finalización de la unión bancaria centrará una parte de los debates sobre la profundización de la UEM. Junto con la unión de los mercados de capitales (UMC), la culminación de la unión bancaria fomentará un sistema financiero estable e integrado en la UE. (RAPID, IP/17/3721, 11.10.2017)

La Comisión Europea ha decidido hoy llevar a España ante el Tribunal de Justicia de la UE por no haber notificado las disposiciones para la plena aplicación de la Directiva sobre las cuentas de pago de la UE (Directiva 2014/92/UE). Las normas de la UE en materia de cuentas de pago son esenciales para garantizar que los consumidores se beneficien de cuentas de pago transparentes en un mercado competitivo e integrador. La Directiva concede a todos los residentes legales en la UE el derecho a una cuenta de pago básica a cambio de una comisión razonable, independientemente del lugar de residencia. También aumenta la transparencia de las comisiones de las cuentas de pago y facilita la comparabilidad y el traslado de dichas cuentas. Las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros necesarias para dar cumplimiento a lo dispuesto en la Directiva debían entrar en vigor a más tardar el 18 de septiembre de 2016 y la Comisión debía ser informada de ello inmediatamente. Hasta la fecha, España no ha incorporado esta Directiva a su ordenamiento jurídico nacional, por lo que la Comisión lleva a este país ante el Tribunal de Justicia de la UE. (RAPID, IP/16/3498, 4.10.2017)

Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Asunto C-186/16 (Ruxandra Paula Andriciuc y otros/Banca Românească SA)  de 20 de septiembre de 2017
Procedimiento prejudicial — Protección de los consumidores — Directiva 93/13/CEE — Cláusulas abusivas en los contratos celebrados con los consumidores — Artículo 3, apartado 1, y artículo 4, apartado 2 — Apreciación del carácter abusivo de las cláusulas contractuales — Contrato de crédito denominado en divisa extranjera — Riesgo de tipo de cambio que recae enteramente sobre el consumidor — Desequilibrio importante entre los derechos y obligaciones de las partes que se derivan del contrato — Momento en el que debe apreciarse el desequilibrio — Alcance del concepto de cláusulas “redactadas de manera clara y comprensible” — Nivel de información que debe facilitar el banco
En el asunto C‑186/16, que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada, con arreglo al artículo 267 TFUE, por el Curtea de Apel Oradea (Tribunal Superior de Oradea, Rumanía), mediante resolución de 3 de marzo de 2016, recibida en el Tribunal de Justicia el 1 de abril de 2016, en el procedimiento entre Ruxandra Paula Andriciuc y otros y Banca Românească SA (Curia.europa.eu, 20.9.2017)

Los consumidores europeos pronto se beneficiarán de más posibilidades de elección al ahorrar para la jubilación, gracias a los planes de la Comisión de crear un nuevo tipo de productos de ahorro para la jubilación. La propuesta que hoy se presenta brinda a los proveedores de pensiones el medio para ofrecer un producto paneuropeo de pensiones individuales (PEPP) sencillo a la par que innovador. Este nuevo tipo de pensión individual voluntaria está concebido para ofrecer a los ahorradores más opciones cuando guardan dinero para la jubilación, así como productos más competitivos.

Los PEPP compartirán las mismas características básicas en toda la UE y podrán ser ofertados por una amplia gama de proveedores, tales como compañías de seguros, bancos, fondos de pensiones de empleo, empresas de inversión y gestores de activos. Complementarán las actuales pensiones de jubilación, que son individuales y proceden del Estado, pero no sustituirán los sistemas nacionales de pensiones, ni los armonizarán. La Comisión también desea recomendar hoy a los Estados miembros que otorguen el mismo trato fiscal a este producto que a los productos nacionales similares ya existentes, para así garantizar que se da a los PEPP un buen impulso inicial. Por otra parte, estos nuevos productos vienen a reforzar, en última instancia, el plan de la Comisión para la creación de una Unión de Mercados de Capitales, ayudando a canalizar el ahorro hacia las inversiones a largo plazo en la UE. (RAPID, IP/17/1800, 29.6.2017)

The European Commission has approved, under EU bank recovery and resolution rules, the resolution scheme of Banco Popular Español, S.A. based on a proposed resolution scheme by the Single Resolution Board (SRB). The resolution of Banco Popular Español, S.A. was approved under EU's bank recovery and resolution rules, as agreed in the post-crisis Banking Union framework. It involves the sale of Banco Popular Español, S.A. (BPE) to Banco Santander, a sound financial institution. The customers of Banco Popular will continue to be served with no disruption to the economy. All depositors continue to have uninterrupted access to the full amount of their deposits. Following the resolution decision, the bank can continue its business activities. No State aid nor aid from the Single Resolution Fund has been provided and the sale is subject to normal merger and regulatory review.

The Commission has endorsed the resolution scheme because the conditions for resolution were met: the bank was failing, there were no private sector solutions outside of resolution and there were no supervisory actions that would have prevented its failure. Resolution by sale of business is foreseen in the Bank Recovery and Resolution Directive (BRRD) under the EU bank resolution framework. It was the best course of action to ensure the continuity of the important functions performed by the bank and to avoid significant adverse effects on financial stability. In this specific case, losses were fully absorbed by shares and subordinated debt. (RAPID, IP/17/1556, 7.6.2017) 

La Comisión Europea ha decidido llevar a Croacia, Chipre, Portugal y España ante el Tribunal de Justicia de la UE por no incorporar la Directiva sobre créditos hipotecarios en su ordenamiento jurídico nacional. Los Estados miembros debían incorporar la Directiva sobre créditos hipotecarios el 21 de marzo de 2016 a más tardar. Croacia, Chipre, Portugal y España aún no han cumplido esta obligación.

La Directiva sobre créditos hipotecarios (Directiva 2014/17/UE) aspira a crear un mercado de crédito hipotecario en la UE con un nivel elevado de protección de los consumidores. Entre sus principales disposiciones cabe destacar las normas de conducta para los proveedores, incluida la obligación de evaluar la solvencia de los consumidores y divulgar información, requisitos en materia de conocimientos y competencia del personal, disposiciones relativas a determinados aspectos del crédito hipotecario, como el reembolso anticipado, los préstamos suscritos en moneda extranjera, las prácticas de venta vinculada, la educación financiera, la tasación de la propiedad, las demoras y la ejecución hipotecaria, así como un pasaporte de la UE para los intermediarios de crédito que cumplen los requisitos de admisión en su Estado miembro de origen.

La no aplicación de la Directiva por los Estados miembros significa que los consumidores de esos Estados no pueden disfrutar de la protección que la misma garantiza cuando suscriben sus préstamos hipotecarios o cuando experimentan dificultades para reembolsarlos. Por otra parte, los intermediarios de crédito no pueden disfrutar de un pasaporte para sus actividades comerciales, lo que priva a los consumidores de Croacia, Chipre, Portugal y España de ofertas de crédito potencialmente más ventajosas procedentes de prestamistas de otros Estados miembros. Ello dificulta la competencia, limita las posibilidades de elección y lleva a unos precios más altos. (RAPID, IP/17/1049, 27.4.2017)

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