La Comisión Europea ha publicado hoy su informe anual sobre la aplicación de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. El informe resume las iniciativas tomadas por la UE en 2016 para fortalecer los derechos fundamentales. También analiza la forma en que estos derechos se aplicaron en toda una serie de políticas de la UE y de los Estados miembros en 2016.

El informe de este año llega a la conclusión de que los recientes acontecimientos suponen un grave peligro para los derechos fundamentales. La Comisión velará por que todas las propuestas legislativas de la UE y todos los organismos vinculados por la Carta seguirán respetándola. Prestaremos especial atención al importante sistema de controles y contrapoderes, en particular el papel fundamental de los tribunales supremos y constitucionales en la defensa de los valores comunes de la Unión.

En cuanto a las novedades legislativas concretas, el informe señala que, en 2016, la UE registró avances importantes a la hora de garantizar la protección de los menores en litigios transfronterizos de responsabilidad parental (Reglamento Bruselas II bis) y de ayudar a las parejas internacionales a aclarar las normas aplicables a los regímenes de la propiedad; puso en marcha una plataforma europea de resolución de litigios en línea para contribuir a reforzar la protección de los consumidores; llegó a un acuerdo con Facebook, Twitter, YouTube y Microsoft sobre un código de conducta para combatir la incitación ilegal al odio en línea, y mantuvo un importante diálogo con los Estados miembros sobre el Estado de Derecho. (RAPID, IP/17/1336, 18.5.2017)

La Comisión Europea ha presentado hoy su tercer Informe sobre la Ciudadanía de la UE, en el que evalúa los progresos en ese ámbito desde 2014 y expone una serie de nuevas medidas dirigidas a garantizar que los ciudadanos puedan disfrutar plenamente de sus derechos en el trabajo, durante sus viajes, en sus estudios o cuando participen en elecciones.

Los europeos son más conscientes que nunca de su condición de ciudadanos de la Unión y sigue aumentando la proporción de ellos que desea obtener más información sobre sus derechos. Cuatro de cada cinco europeos valoran especialmente la libertad de circulación que les permite residir, trabajar, estudiar y emprender un negocio en cualquier lugar de la UE (Eurobarómetro de diciembre de 2016). Sin embargo, la falta de información impide a veces que los ciudadanos de la UE ejerzan su derecho a votar en las elecciones locales y europeas o que tengan presente su derecho a recibir protección consular en las embajadas de otros Estados miembros. El Informe de 2017 sobre la Ciudadanía de la UE expone las prioridades de la Comisión para seguir divulgando estos derechos y facilitar su ejercicio en la práctica.  (RAPID IP/17/118, 24.1.2017)

Asilo y refugio por motivos de orientación sexual e identidad de género
José Díaz Lafuente
Editorial Congreso de los Diputados, 2016
ISBN: 978-84-7943-505-9
La temática del asilo y refugio por motivos de orientación sexual e identidad de género nos apremia como pocas otras a usar, con el máximo vigor, dotes al tiempo constitucionalistas e internacionalistas ante situaciones de flagrante vulnerabilidad y múltiple discriminación. Y el autor ha satisfecho de modo brillante semejante expediente, poniendo de relive que el Derecho constitucional no puede permanecer ajeno a los problemas suscitados por la globalización, que no sólo es expresión de corrientes mercantilistas exacerbadas y germen de crisis económica y financiera mundial, sino que lamentablemente se manifiesta asimismo, y sobre todo, en devaluaciones acentuadas de la dignidad de la persona y crisis humanitarias a escala universal. [+]

La Comisión Europea ha publicado hoy su informe sobre la aplicación de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea en 2015. Este informe ofrece una visión general del respeto de los derechos fundamentales en una serie de políticas de la UE y en los Estados miembros.

El informe señala que, en 2015, se presentó una serie de proyectos que promueven los derechos fundamentales, en particular el paquete de reformas de la protección de los datos, la Directiva sobre las garantías especiales de los menores en los procesos penales o la Directiva sobre los derechos de las víctimas. En él se explica cómo la Comisión Europea tuvo en cuenta la Carta en su trabajo legislativo y político en 2015, por ejemplo en las medidas propuestas para mejorar la gestión de la migración en la UE (Agenda Europea de Migración) o para reforzar la seguridad (Agenda Europea de Seguridad). Por último, el informe contiene ejemplos de cómo ha aplicado la Carta el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y presenta las principales evoluciones de la jurisprudencia.

En el informe de este año se hace especial hincapié en el primer Coloquio Anual sobre los Derechos Fundamentales celebrado en octubre de 2015, dedicado al tema «Tolerancia y respeto: prevenir y combatir el odio antisemita y antimusulmán en Europa», y hace balance de las acciones clave que ha adoptado la Comisión. (RAPID, IP/16/1799, 19.5.2016) 

Hoy la Comisión Europea ha registrado una Iniciativa Ciudadana Europea (ICE) que la invita a proponer la activación del artículo 7 del Tratado por supuestas violaciones de los valores fundamentales de la UE por parte de Hungría. Este registro inicia un proceso de un año de recogida de firmas de apoyo a la ICE propuesta por sus organizadores.

La decisión de la Comisión de registrar solo se refiere a la admisibilidad legal de la propuesta. Los requisitos de admisibilidad, según lo previsto en el Reglamento ECI, son que la iniciativa ciudadana propuesta no esté manifiestamente fuera del ámbito de competencias de la Comisión para presentar una propuesta relativa a un acto jurídico, que no sea manifiestamente abusiva, frívola o temeraria, y que no sea manifiestamente contraria a los valores de la Unión.

El Colegio de Comisarios debatió la admisibilidad jurídica de la ICE propuesta el 24 de noviembre y concluyó que se cumplían las condiciones jurídicas para el registro de la ICE. El Colegio no ha analizado el fondo de la iniciativa en esta fase.

En caso de que la ICE recibiera un millón de declaraciones de apoyo en el plazo de un año, de al menos siete Estados miembros diferentes, la Comisión tendría que reaccionar en un plazo de tres meses. La Comisión podrá decidir acceder a la petición o no hacerlo, y en ambos casos deberá explicar sus motivos. (RAPID, IP/15/6189, 30.11.2015)

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